Artículo publicado originalmente en Alternativas Económicas en abril de 2017
La propuesta de Renta Básica Universal (RBU) más conocida –una renta de aproximadamente 650 euros a todo individuo independientemente de su condición–presenta una característica que merma su elevado potencial y que la aleja en cierto sentido del objetivo que pretende alcanzar: es monetaria. Al entregarse la RBU en dinero se originan una serie de situaciones que debilitan la medida. Leer más »
El lobby de la banca, utilizando todos los medios que tiene a su alcance (económicos, comunicativos, políticos, publicitarios, etc), lleva décadas tratando de sembrar dudas sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Inicialmente su estrategia sólo tuvo un relativo impacto en la sociedad española porque las cifras eran tercas y mostraban año tras año un superávit en la Seguridad Social que ahuyentaba cualquier duda sobre su fortaleza. Sin embargo, la crisis económica iniciada en el año 2008 fue la excusa perfecta en la que se apoyó el lobby de la banca para extender por fin la idea de que algo había que hacer si se querían asegurar las pensiones en el futuro. Los gobiernos del PSOE y del PP interiorizaron la falsa preocupación y se pusieron manos a la obra: el primero diseñó en 2011 una reforma que incluía un retraso en la edad de jubilación y un recorte en la pensión media que alcanza el 20%, mientras que el segundo ideó una reforma que programa un recorte de la pensión media que podría llegar a ser del 15%, todo según estimaciones de Funcas. Si a eso le sumamos las bonificaciones a los planes privados de pensiones que ya se aprobaron antes de la crisis (y que, por cierto, provocan una pérdida de recaudación pública de aproximadamente 2.000 millones de euros cada año), tenemos el caldo de cultivo perfecto para que la gente corra con pavor a contratar planes de pensiones para evitar tener una pensión ridícula en el futuro. Objetivo de la banca cumplido. Leer más »
Artículo publicado originalmente en El Salto el 5 de noviembre de 2018
En las últimas semanas se ha abierto un debate entre el gobierno del PSOE y Unidos Podemos en torno a la modificación de las cotizaciones que pagan los autónomos a la Seguridad Social. Resulta que en el acuerdo presupuestario firmado entre ambas partes se incluyó la siguiente medida: “Reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja”. Se trata de una redacción imprecisa que da pie a varias interpretaciones, porque, aunque queda claro que se pretende bajar el pago a los autónomos de menores ingresos, no queda especificado qué ocurre con los que tienen más ingresos, ya que de la literalidad de la redacción cabría suponer que ellos sí tendrían que pagar más, puesto que ingresan realmente más.
Pero en las últimas semanas Unidos Podemos ha aclarado su posición: quieren reducir las cotizaciones a los autónomos de menos ingresos pero no aumentárselas al resto. Así lo ha expresado varias veces el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, al insistir en que acorde al pacto firmado “no se le podía subir ni un euro a la cuota de los autónomos”. El pasado martes 30 de octubre el diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro fue incluso más específico al expresar que “los autónomos de más ingresos no se verán perjudicados”. Leer más »
Artículo publicado originalmente en La Marea
La teoría económica más conocida e importante –conocida como síntesis neoclásica y que desagraciadamente se sigue enseñando en las facultades– considera que los niveles salariales tienen impacto en la tasa de paro de la economía en cuestión. Estos planteamientos señalan que a medida que los salarios se elevan, la tasa de paro aumenta, y viceversa. El razonamiento de fondo –que es más ideológico que científico– es el siguiente: los salarios suponen un coste importante para los empleadores, de forma que si aquellos aumentan, estos se verían en complicaciones para seguir con su negocio; y la única forma que tendrían de no echar el cierre sería despidiendo a uno o más trabajadores. El despido reduciría los costes salariales y, de esta forma, el negocio podría continuar, aunque la parte negativa sería que la tasa de paro aumentaría. Este razonamiento se utiliza también en sentido inverso: si los salarios disminuyen los empleadores tendrán menos coste y por lo tanto más margen económico para contratar a nuevos trabajadores, de forma que la tasa de paro se reduciría.
Una recomendación política que se deriva de este razonamiento es la eliminación o reducción de los salarios mínimos que se fijan por ley: si fuese más elevado se destruiría empleo, por lo que la forma más fácil de evitar esos problemas pasaría por reducir o eliminar completamente el salario mínimo legal. De esta forma, los empleadores ajustarían los salarios a sus necesidades económicas, el negocio prosperaría sin problemas y supuestamente habría creación de empleo.
Artículo publicado originalmente el 5 de septiembre de 2018 en El Salto
Una de las medidas que está negociando actualmente el Gobierno con el grupo confederal de Unidos Podemos para incorporar en los presupuestos generales del Estado de 2019 consiste en incrementar el IRPF a los contribuyentes más acaudalados. Por un lado, se está estudiando incrementar el tipo impositivo del tramo estatal (probablemente desde el 22,5% hasta el 26,5%, lo que implicaría volver a lo que teníamos en el año 2012) a aquellos contribuyentes que ganen por rentas del trabajo más de 150.000 euros anuales (120.000 en su versión más ambiciosa). Por otro lado, encima de la mesa se encuentra la posibilidad de incrementar el tipo impositivo de las rentas del ahorro para avanzar en la equiparación con los tipos de las rentas del trabajo. Leer más »
Artículo publicado originalmente en La Marea el 30 de agosto de 2018
¿Qué es lo que explica que Venezuela esté sufriendo un caso de hiperinflación? Las preguntas complejas tienen también respuestas complejas. Para poder entender adecuadamente el proceso de inflación galopante en Venezuela es necesario conocer cómo funciona la economía venezolana, cuál es su estructura productiva, su inserción en el mercado exterior, su régimen político, institucional y social, su sistema monetario y financiero, etc. Sin conocer todo eso es imposible ofrecer una respuesta adecuada y realista. Por eso hay que desconfiar de quienes analizan la economía venezolana como si fuera cualquier otra, y muchos menos si utilizan de comparación una economía desarrollada y europea. Esos analistas ignoran que cada país tiene su propio modelo económico y sus propias características, y que cualquier comparación con otro país será siempre una simplificación burda y normalmente poco útil. A falta de más espacio para profundizar, cabría hacer cuatro apuntes sobre la economía venezolana con el objetivo de conocer sus características básicas y contextualizar así el análisis.
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Artículo publicado originalmente en La Marea el 29 de agosto de 2018
Venezuela se encuentra actualmente en un proceso hiperinflacionario que está causando enormes estragos económicos y sociales a su población. Se denomina hiperinflación a la situación de incremento desorbitado y descontrolado de los precios caracterizado por una tasa de crecimiento mensual superior al 50%. Según la Asamblea Nacional de Venezuela ese momento se alcanzó en noviembre de 2017, con una tasa del 56%. Ocho meses más tarde, en julio de 2018, la tasa de crecimiento se situaba en el 125%.
Y, como siempre que se habla de hiperinflaciones, surgen como setas analistas de todo tipo y pelaje repitiendo una y otra vez que la culpa es del gobierno correspondiente que se ha pasado imprimiendo dinero. Todavía me sigue fascinando lo extendida que está esa falsa idea tanto en el mundo académico como fuera de él. Como la gente siempre ve que en las hiperinflaciones se necesitan muchos billetes para comprar productos de primera necesidad, unen los dos conceptos y acaban deduciendo que la hiperinflación es consecuencia de haber creado mucho dinero. Pero por muy intuitiva que pueda ser esa conexión, la ciencia nos enseñó hace mucho tiempo que correlación no implica causalidad, por lo que dos fenómenos pueden darse al mismo tiempo sin que los una un vínculo causal directo. Y es que, como dijo Marx, si la apariencia coincidiese con la realidad no sería necesaria la ciencia. Pero a la vista está que todas aquellas personas que se limitan a replicar los postulados de la teoría económica convencional no quieren dedicar tiempo y esfuerzo en analizar con rigor dichos fenómenos económicos, conformándose con análisis tan simplistas como sonrojantes, especialmente si las conclusiones sirven para fortalecer el injusto y actual statu quo económico. Que la complejidad del mundo económico no les arruine sus pobres y fantasiosas explicaciones, y mucho menos sus privilegios. Leer más »
El economista marxista Rolando Astarita ha escrito recientemente una crítica a la Teoría Monetaria Moderna (TMM). Con esta reflexión, planteada desde postulados marxistas, el autor impugna la concepción del dinero como deuda así como el impacto positivo que puede provocar en la actividad económica la creación y gestión del dinero por parte de las autoridades estatales. Con este artículo me propongo dar respuesta a los principales argumentos esgrimidos por Astarita con la intención de mostrar su debilidad frente a los planteamientos poskeynesianos y neochartalistas de la TMM.
Artículo escrito conjuntamente con Alberto Garzón y Carlos Sánchez Mato y publicado originalmente en Público el 4 de julio de 2018
Una de las últimas decisiones tomadas por el Partido Popular fue actualizar el programa de Estabilidad 2018-2021 enviado a la Comisión Europea en el que definía la profundización de la senda de reducción del gasto público sobre el PIB hasta llevarlo al 38,6% en 2021, el nivel más bajo en 12 años y uno de los más bajos de toda Europa. Esta reducción es incluso superior a la que ya preveía el anterior Plan de Estabilidad, que era del 39,5% en 2020.
Sería paradójico que tras la moción de censura que ha enviado a la oposición al señor Rajoy, se mantuviera la agenda de recorte y jibarización de gasto e inversión pública comunicada a la Comisión Europea y que no tiene otra consecuencia que la reducción de las políticas públicas. Antes de que finalice el mes de julio el Consejo de Ministras deberá fijar el techo de gasto público para el ejercicio 2019. Este nivel marca el máximo que podrá gastarse el sector público español durante todo el año, de ahí su nombre de “techo”. Antes del año 2010, fue aumentando progresivamente, ya que el gobierno aplicaba políticas expansivas que revertían en más inversiones, prestaciones y servicios públicos. Sin embargo, desde el citado año, y como respuesta a las presiones austeritarias de la Unión Europea, el techo de gasto fue reducido de forma drástica, lo que conllevó importantes recortes en ámbitos como la educación, la sanidad, la dependencia, I+D+i, vivienda, etc, que tan bien conocemos. A pesar de una leve subida en 2013 y 2014, el gobierno continuó recortando el techo de gasto hasta 2017, momento en el que lo volvió a incrementar, aunque de forma insignificante. De hecho, el techo de gasto de 2018 se encuentra en cotas muy similares a la de su mínimo histórico en 2012, y una tercera parte por debajo de su máximo histórico en 2010, año en el que comenzaron los recortes. Pero esto sólo en términos absolutos, porque si lo comparamos con el PIB español, entonces el techo de gasto en 2018 es el más bajo de la historia reciente. En otras palabras: en comparación con las posibilidades que tiene nuestra economía, el gasto público del Estado es, en la actualidad, el más bajo en los últimos años. Leer más »
Artículo publicado originalmente en La Marea el 3 de julio de 2018
El pasado 21 de junio el Eurogrupo decidió dar luz verde al tercer –y supuestamente último– “rescate” de Grecia, poniendo así fin a ocho años de inyecciones de dinero condicionadas a acometer recortes y reformas de todo tipo. En esta ocasión, el Estado griego recibirá 15.000 millones de euros que totalizarán la suma de 288.700 millones percibidos desde 2010. Esta noticia se ha querido vender como el fin de la intervención que ha sufrido el país heleno y, por lo tanto, como el inicio de una nueva etapa en la que el pueblo griego podrá volver a prosperar.
Pero ese mensaje no puede estar más despegado de la realidad. Quien se lo crea es porque no ha leído o entendido la letra pequeña de último rescate: Grecia queda obligada a registrar un superávit fiscal primario (sin contar los intereses de deuda) del 3,5% del PIB de forma continuada hasta 2022 y del 2,2% hasta 2060. ¿Y qué significa esto? Pues que el Estado deberá detraer muchos más recursos de las familias y empresas griegas a través de la tributación de los que les entregará luego en forma de servicios y prestaciones públicas, ¡y además debe hacerlo de forma ininterrumpida durante 41 años! Esa cantidad recaudada de más se utilizará para pagar deuda y, por lo tanto, acabará en manos de los acreedores financieros, que en su mayoría son Estados y organismos europeos. Esto solo tiene un nombre: latrocinio. La Unión Europea exprimirá a la ciudadanía griega durante 41 años. ¡Y tienen la poca vergüenza de venderlo como el inicio de una etapa esperanzadora! Cinismo en cotas legendarias. Leer más »
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