Artículo publicado en Público.es
Durante una cuarentena aplicada para contener una epidemia la mayor parte de las empresas no pueden realizar su actividad y mucha gente se queda sin recibir ingresos, al mismo tiempo que mantienen muchos de los gastos de siempre. Los gobiernos de los distintos países están aprobando multitud de medidas muy variadas con el objetivo de reducir estos daños económicos y sociales, ya sea dotando de ingresos a muchos damnificados o reduciendo muchos de sus gastos.
Sin embargo, el problema que tienen estas medidas es su enorme variedad y especificidad: hay medidas para desempleados, para autónomos, para pequeñas y medianas empresas, para ciertos colectivos de trabajadores, para padres y madres, para personas sin recursos, para hipotecados, para arrendatarios… Puesto que el legislador quiere que las ayudas sean sólo para quien las necesite debido a su particular situación de vulnerabilidad establece un complejo sistema de requisitos y condiciones que cada beneficiario debe cumplir. Esto provoca retrasos en el diseño de las ayudas (porque hay que pensar muy bien cómo debe ser cada una de ellas) y también en su gestión (los beneficiarios tienen que demostrar que cumplen los requisitos establecidos y eso requiere mucho papeleo), pero es que además genera problemas de solapamiento (¿qué pasa si estoy en varios colectivos vulnerables al mismo tiempo?) y también de exclusión (¿qué pasa si mi particular situación no se adapta a ninguna de las contempladas?). En consecuencia, se emplean muchos recursos humanos y mucho tiempo para otorgar unas ayudas que llegan tarde y que distan mucho de resolver todos los problemas. Sin embargo, existen medidas económicas mucho más fáciles de diseñar y de aplicar, y que al mismo tiempo son más eficaces.
Como el objetivo es que nadie se quede sin capacidad económica para satisfacer las necesidades más básicas mientras dure la cuarentena, lo único que hay que hacer es otorgar una prestación económica a aquellas personas que no tengan suficientes ingresos. Da igual que esas personas sean trabajadoras, desempleadas, autónomas, jóvenes, altas o lo que sea; eso no es lo importante. Se trata de que sólo por el hecho de ser ciudadano se tenga el derecho a recibir un ingreso suficiente para cubrir los gastos básicos en un momento excepcional de cuarentena. Por lo tanto, el criterio para distinguir quién necesita o no la ayuda deben ser sus ingresos, no su situación laboral, familiar o personal.
Ahora bien, ¿cómo saber quién necesita ingresos porque no los tiene y quién no? El Estado tiene información sobre los ingresos que obtienen muchas personas por su actividad económica a través de la declaración de la renta. El problema es que esa declaración responde al curso fiscal pasado y no al vigente, además de que no todo el mundo hace dicha declaración. Si estuviésemos hablando de un periodo normal en el que no hay cuarentena, esta información sería suficiente para suministrar una ayuda a todas aquellas personas que en la declaración de la renta se ha comprobado que no tienen suficientes ingresos (esto es algo que llevo tiempo defendiendo y a lo que podríamos llamar «renta mínima gestionada a través de la declaración de la renta»). De esta forma, si a partir de dicho trámite fiscal se comprobase que una persona no ha tenido suficientes ingresos, el Estado le inyectaría en su cuenta bancaria el dinero suficiente para cubrir los gastos básicos durante un año. Al año siguiente volvería a comprobar si ha tenido suficientes ingresos derivados de su actividad económica, volviendo a otorgar la ayuda si fuese necesario. La solución para que llegase a todo el mundo necesitado y no sólo a los que declaran sus ingresos sería animar a que la declaración de la renta fuese obligatoria para todos. Es la única gestión que habría que realizar, mucho menos tediosa que cualquiera de las existentes hoy día para recibir otras ayudas sociales.
En el caso de una cuarentena que ha llegado de golpe existe un problema añadido, y es que la situación económica actual de una persona no tiene por qué corresponderse con la del año pasado (podría haberle ido bien siempre hasta el momento de la cuarentena, por ejemplo), por lo que la declaración de la renta del año pasado no nos dice mucho sobre la situación actual (aunque sí nos dice algo: se presupone que una persona con una renta elevada durante muchos años tiene ahorros suficientes para aguantar dos meses de cuarentena, por ejemplo). La mejor solución a esta dificultad pasa por darle la vuelta al proceso descrito: en vez de comprobar primero los ingresos con la declaración de la renta y dar dinero después a quien no tenga suficientes, se da primero dinero a todo el mundo y luego, cuando se haga la declaración de la renta, se hacen cuentas para que quien no necesitó esa ayuda la devuelva y que quien sí la necesitó se la quede. Sigue siendo sencillo y el efecto económico y fiscal es absolutamente el mismo.
He hablado únicamente del lado de los ingresos, pero si la ayuda económica fuese sólo suficiente para cubrir gastos de alimentación y suministro energético (que son los básicos comunes a todo el mundo) pero no necesariamente suficiente para otros gastos importantes como el pago de alquileres, hipotecas, cuotas u otros gastos fijos, esta medida debería ir acompañada de la suspensión o reducción de muchos de esos gastos importantes. Piénsese que los beneficiarios de esos pagos en ningún caso se quedarían sin ingresos suficientes para lo básico porque recibirían la ayuda del Estado igual que todo el mundo. Otra opción sería que la ayuda económica del Estado fuese mucho más cuantiosa para que pudiese cubrir también todos esos gastos importantes, y luego hacer cuentas para que quien no tuviese tales gastos devolviese la parte no necesitada.
También quiero dejar claro que esta medida me parece la más propicia para el momento extraordinario que supone una cuarentena temporal en la que la gente no debe salir de sus casas por motivos de salud pública, pero no para cualquier otro periodo económico. Yo siempre he defendido que la mejor ayuda económica que puede ofrecer un Estado es la garantía de un empleo público para realizar actividades social y ecológicamente útiles, en forma de lo que se llama Trabajo Garantizado, y que se puede complementar con una renta mínima (preferiblemente gestionada a través de la declaración de la renta). Pero lamentablemente esto no puede ser aplicado en estos momentos excepcionales, por lo que no queda más remedio que pensar en alternativas excepcionales y temporales.
La medida económica más potente y sencilla para no dejar a nadie sin ingresos durante una cuarentena,
Creo que la medida extraordinaria planteada tiene una dirección acertada, facilitar el acceso a la ayuda por parte de tod@s l@s que la requieran. y efectivamente debiera ser un derecho de acceso universal. Este derecho condicionado por los ingresos y la Declaración de Hacienda del ejercicio en curso (futura), es una solución que agiliza la tramitación en base a la necesidad económica que la motiva, y su urgencia. Sin embargo, hasta la fecha todas las ayudas económicas requerían o bien la Declaración de Hacienda del ejercicio pasado, o en su defecto una certificación de Hacienda sobre sus ingresos en dicho ejercicio (de manera que no sería necesario modificar la normativa sobre obligación de declarar). Y de otra parte se obligaría como en otras ayudas a la notificación de cualquier modificación de los ingresos, al objeto de suspenderla cuando se superaran los límites económicos de su concesión. Es decir, ya existen ayudas que tienen un doble control, uno exante y otro -como el planteado-expost, que sería el único posible por lo extraordinaria de las circunstancias de la misma. Al comprobarse la asignación de la ayuda expost a su concesión, ésta debería ser aprobada para el período completo que se contemplará, con la obligación del beneficiari@ de notificar cualquier modificación de las condiciones económicas como garantía de que siguen cumpliéndose las condiciones para su disfrute.
Así las cosas la concesión de la ayuda se otorgaría por su mera solicitud por una declaración responsable, y su comprobación posterior vía Declaración o Certificación de Hacienda. Sin embargo, ello no obsta a la concurrencia con otras ayudas y/o ingresos que por no alcanzar el mínimo establecido para su percepción, pudieran acumularse. Y el régimen de incumplimiento y consecuencias podría ser similar al de las ayudas actuales, contemplándose incluso penalización cuando la realidad demostrará una abultada diferencia entre los ingresos reales y los requeridos para la percepción de la misma.
Igualmente la posible concurrencia con otras ayudas, como por ejemplo la prestación de desempleo u otras, obligaría a que la percepción de la misma se modulara o autorregulara (algoritmos), de forma que su asignación final no superará la universal. Y ello, porque los trámites que conllevan la asignación de algunas ayudas son de larga duración, y suspenderlas podrían causar un grave perjuicio. Pero contemplando que muchas de estas ayudas son por cuantías irrisorias, sus asignaciones deberían completar a la propuesta hasta alcanzar la asignación universal de la misma. En estos casos igualmente la concesión del derecho -universal- sería en base a la declaración responsable, y estarían sujetos a la complementación de los ingresos –cuando existan y sean regulares- sean ayudas o no. Pero evidentemente la concurrencia de ayudas es inevitable, cuando el nivel de ingresos –ayudas o no- no sobrepasa el límite establecido para su acceso, en cuyo caso, sólo se pueden complementar los ingresos hasta que éstos alcancen la cuantía universal de la asignación.
En cuanto a la cuantificación y previsión de recursos serán tan extraordinarios como el resto de medidas, y gran parte de ellos podrían entrar dentro de las ayudas al desempleo y/o minoración de los ingresos por la Crisis del SARS covid-2 que asignará la UE.
Una iniciativa acertada que puede facilitar la rapidez en la tramitación y recepción urgente de l@s beneficiari@s.