Algunas consideraciones sobre la actuación del Sindicato Andaluz de Trabajadores en los supermercados

Cuando veo que se analiza la acción del SAT en los supermercados me encuentro con muchas voces que, para criticar tal comportamiento, se basan en la ilegalidad de la operación. Suelen decir: “es un acto ilegal, y como tal es reprochable”, o “han incumplido la ley y por lo tanto son delincuentes”, o también “nadie puede infringir la ley por ningún motivo”. Pues bien, quiero dejar constancia que criticar un comportamiento porque atenta contra las leyes de un país es un argumento absurdo e inconsistente. Recordemos que las leyes no son producto de ninguna divinidad celestial, sino que son elaboradas por grupos de seres humanos y que están en continua transformación, además de diferir unas de otras dependiendo del lugar del planeta en el que uno se encuentre. Desde los albores de la civilización las leyes han sido modificadas una y otra vez y así seguirá ocurriendo mientras exista la especie humana.

Galileo también era un delincuente porque infringía las leyes de la Iglesia Católica del siglo XVII. Las personas que luchaban por la liberación de los esclavos en EEUU también eran delincuentes. También los que luchaban por los derechos de las mujeres. También los que luchaban contra el apartheid en Sudáfrica, o los que protegían a judíos en la Alemania nazi. Son delincuentes los manifestantes españoles que se oponen pacíficamente a las autoridades policiales. Lo son también quienes intentan erradicar la práctica de la ablación en muchas regiones africanas. Una ley no tiene por qué ser justa ni moral. Y los comportamientos que atentan contra las leyes tampoco tienen por qué ser inmorales o denunciables éticamente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Además, no podemos perder de vista que en muchos de estos actos insumisos está la semilla que con el tiempo termina logrando que esas leyes cambien y se adapten a las necesidades de la sociedad.

No es riguroso ni adecuado juzgar un comportamiento recurriendo a la legalidad vigente. Para criticar una actuación determinada hay que recurrir a otro tipo de consideraciones que van mucho más allá de lo que viene recogido en un papel redactado -al fin y al cabo- por un selecto grupo de personas.

Vamos por pasos. Si un grupo de jornaleros decidió entrar en un supermercado y llevarse alimentos sin pagar para repartirlos entre los más necesitados es porque algo serio pasa. Eso no se hace por gusto. Y efectivamente, algo muy grave está pasando en nuestro país: más de diez millones y medio de personas en España, un 22% de la población, están en situación o riesgo de pobreza y exclusión social. 580.000 familias no tuvieron ningún tipo de ingreso económico. El 24,1 % de los niños y niñas en España está en riesgo de pobreza. Entre 2009 y 2011 aumentó en más del 50% el número de personas que en España recurren a los comedores sociales para alimentarse. Sin ir más lejos, Cáritas llegó a atender a cerca de 1,5 millones de personas en el año 2010 en España, una cifra un 20% superior a la registrada en el año anterior.

Los datos no dejan lugar a dudas: buena parte de la sociedad española se está empobreciendo a ritmos acelerados y la tendencia es muy preocupante. El número de personas que necesitan acudir a los comedores sociales no deja de aumentar y está desbordando a las ONG que dan este tipo de servicios.

Pero al mismo tiempo vemos que en nuestro país hay personas muy ricas que siguen viviendo con todo tipo de lujos. Mientras una quinta parte de la población está en riesgo de pobreza, el 10% de las familias más ricas de España posee el 58% de toda la propiedad existente en el país. La desigualdad en nuestro país es escandalosa y no deja de aumentar: la distancia correspondiente al 20 por ciento más rico de la población y al 20 por ciento más pobre pasó de un valor de 5,3 en 2007 a otro de 6,9 al término de 2010.

Frente a estos hechos un estado democrático y de derecho como se supone que es el nuestro debería actuar inmediatamente y cualquiera que sea la forma para paliar esta desastrosa situación. Así rezan los principios democráticos y así viene recogido en el artículo 128.1 de la Constitución Española:

Artículo 128.-

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

Es cierto que el término “interés general” no deja muy claro a qué se está haciendo referencia. No obstante, parece evidente que dentro de ese interés general hay que incluir a esa quinta parte de la población que actualmente se encuentra en riesgo de pobreza. Para el que tenga alguna duda sobre esto le vendrá bien leer también los artículos 25.1 y 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 25.-

  1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

Artículo 22.-

Toda persona (…) tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, (…) habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

En otras palabras: mientras haya recursos suficientes y disponibles se debe conseguir un nivel de vida adecuado y digno a toda la población. Éste es un principio universal de todo ser humano. En España recursos para redistribuir hay, como observamos en la pirámide de distribución de renta y riqueza. Y también hay personas que no alcanzan esos derechos económicos básicos. De lo que se deduce que el gobierno español debería haber puesto hace tiempo en funcionamiento mecanismos eficaces que distribuyeran más renta y riqueza hacia los sectores más desprotegidos y más empobrecidos. Siempre lo ha hecho, pues es un principio fundamental del Estado del Bienestar. Pero ahora lo hace en menor cuantía, y de lo que se trata es que potencie esos instrumentos de redistribución de la renta y riqueza para permitir un nivel de vida digno a todos los ciudadanos. Vivimos en un país desarrollado que, aunque actualmente esté atravesando una grave crisis, sigue contando con recursos suficientes para satisfacer las necesidades más básicas de toda su población.

¿Esto qué quiere decir? Pues sencillamente que el Estado español está fallando en este cometido. Debería resolver esta desgraciada situación de desigualdad económica recurriendo a cualquier mecanismo institucional del que disponga (y son muchos). En efecto, éste no es un problema que deba ser resuelto por un pequeño grupo de jornaleros. Éste es un problema que debe ser resuelto por el gobierno elegido por el pueblo para, entre otras cosas, procurar unas cotas mínimas de bienestar económico a todos los ciudadanos.

Por lo tanto -incluso sin tener en cuenta cuestiones legales por carecer de solidez argumental- la forma con la que el SAT actuó el pasado martes es a todas luces la menos apropiada, pero es a lo que obligan las circunstancias actuales. Lo que debería hacer el gobierno de una forma organizada, legal y armoniosa se ha hecho a pequeña escala de una forma desorganizada, ilegal y turbulenta. Pero la raíz del problema es que el gobierno está fallando en sus funciones. Si realmente se luchara contra la pobreza desde las instituciones estatales (que es para lo que en parte están diseñadas), no haría falta que ningún jornalero asaltara un supermercado para repartir alimentos a los más pobres. Teniendo en cuenta esto, no me parece inmoral reducir una pequeñísima parte de los beneficios de los supermercados si con eso se está aliviando el problema de la alimentación a sectores muy indefensos y necesitados. Por eso apoyo la actuación del SAT, y por eso denuncio al gobierno español por no realizar las labores que un estado verdaderamente democrático merece.

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