Aplicación del IVA a la sanidad y la educación privadas

La semana pasada conocimos que el borrador de los Presupuestos Generales del Estado que el gobierno está negociando con los grupos parlamentarios incorpora la supresión de la exención del IVA a los sectores de sanidad y educación, de forma que las actividades del ámbito privado pasarían a tributar por IVA por primera vez desde 1986. Esto ha recibido muchos apoyos y muchas críticas. Vamos a ver en qué consiste esto y por qué se propone.

Como todo el mundo sabe el IVA es un impuesto que grava el consumo. Por definición, un impuesto sobre el consumo es regresivo, es decir, no lo pagan proporcionalmente más los que más dinero tienen, que es un principio de la justicia fiscal recogido en el artículo 31 de la Constitución Española. Un multimillonario paga lo mismo en IVA (un 21% actualmente) que una persona desempleada por comprar el mismo producto. Por eso, para tratar de hacer el impuesto algo más justo se diseñaron los tipos reducidos, del 10% y del 4%, sobre los productos más básicos (como pan, huevos, hortalizas, legumbres…), que son los que componen mayoritariamente la cesta de consumo de las familias con menos recursos.

De esta forma, las familias más humildes, al comprar más este tipo de productos, pagan proporcionalmente menos impuestos que las familias con más recursos, que suelen comprar más otros productos que no tienen tipos reducidos. Así se hace el impuesto algo más justo.

Pero hay algo más, algo que funciona como un tipo todavía más reducido, del 0%, que es la exención de pagar IVA a determinados productos considerados esenciales como la sanidad y la educación. Por la compra de estos productos no se paga IVA. Es cierto que son esenciales, el problema es que esta exención no afecta a la sanidad y educación pública porque por ellas no se paga, así que sólo beneficia a la sanidad y educación del sector privado. Como estos servicios son contratados fundamentalmente más por las familias con más renta, la exención (que funciona como un tipo del 0%) lo que hace es beneficiar a los más acaudalados, haciendo el impuesto del IVA más injusto. De hecho, un reciente estudio que utiliza los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares revela que es el 10% más rico de la población española el que más se beneficia de esta exención, porque son los que más usan la sanidad y educación privada.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, calcula que debido a esta exención (o tipo del 0%) el Estado pierde unos 3.500 millones de euros cada año, que es bastante dinero. Y eso es dinero que se ahorran las familias que usan sanidad y educación privada, que son fundamentalmente las más adineradas. Por eso se propone eliminar la exención, para que el Estado ingrese más dinero al mismo tiempo que se hace más justo el impuesto.

La propia AIREF también señala que el establecimiento del IVA a estos sectores provocaría que algunas familias abandonasen la sanidad y educación privada para ir a la pública, donde el servicio es gratuito o al menos más barato; y que esto obligaría al Estado a incrementar el gasto público, porque tendría que atender a más personas. En consecuencia, la AIREF concluye que lo que se ahorra por un lado luego se gasta por otro; lo comido por lo servido.

Sin embargo, eso es sólo una estimación, y además demasiado extrema en mi opinión. Para empezar, los centros educativos y sanitarios no tendrían por qué incrementar el precio de sus servicios en un 21%; podrían hacerlo en algo menos para no perjudicar a su clientela. Eso sí, a costa de tener menos margen de beneficio. Pero es que incluso aunque repercutieran todo el IVA en el precio de sus productos, quienes tienen un seguro de salud pagarían unos 22 euros más al mes, mientras que quienes van a colegios privados pagarían unos 105 euros más al mes, todo esto a partir de datos de la OCU y del INE, respectivamente.

Es bastante más dinero, pero asumible para la mayoría de familias que hoy día utilizan estos servicios por sus características específicas y distintas de las de los servicios públicos. Quien quiere llevar a sus hijos a colegios privados para diferenciarse del resto o por su calidad no va a dejar de llevarlos por un incremento del precio de ese nivel. Lo mismo pasa con los que buscan un servicio médico especializado o una lista de espera más reducida.

Por lo tanto, no creo que mucha gente se pasase al ámbito público solamente por ese incremento del precio. En consecuencia, el ahorro neto sería mucho mayor que lo que dice la AIREF. Porque lo único que es totalmente seguro es que el Estado se ahorraría aproximadamente 3.500 millones de euros. Eso no es una estimación, es algo que ocurriría con seguridad. En cambio, lo que tendría que aumentar en gasto no es seguro, es una especulación, y, como digo, sería muchísimo menos de los 3.500 millones, por lo que el Estado ahorraría bastante con esta medida.

Ahora bien, servicios de sanidad y educación hay muchos y son muy variados, y no todos tienen su contraparte en el sector público. Me refiero a centros de formación, autoescuelas, fisioterapeutas, dentistas, podólogos, etc. Creo que poner el IVA a estos servicios sin ofrecer una alternativa más económica en el sector público sería un error, porque sólo incrementaría el coste que paga la gente, que usa esos servicios privados porque no les queda otra. En cambio, establecer el IVA a colegios privados y centros sanitarios privados para los que sí hay alternativa pública más barata, sí es una buena medida, porque se ahorra dinero, se deja de beneficiar a los más acaudalados, y además se fortalece lo público. Ya veremos cómo queda al final esta medida tras las negociaciones.

 

 

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