Category Archives: Gasto público - Page 2

La enmienda del PP a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fue aprobada en 2012, nada más llegar Rajoy al gobierno. Es la punta de lanza del artículo 135 reformado de la Constitución y como tal consagra los principios del neoliberalismo y de la austeridad. Esta ley persigue la reducción de la inversión pública con la excusa del acatamiento de determinadas reglas fiscales que no tienen ningún sustento científico, priorizando el pago de una colosal deuda pública (en buena medida ilegítima) a los bancos frente a cualquier gasto social o inversión. No sólo obliga a las administraciones públicas que presentan déficit público a recortar en todo tipo de gasto público, sino que también impide a las administraciones que tienen superávit que puedan gastar todo el dinero sobrante en políticas públicas diferentes del pago de la deuda. Es una ley que fuerza la reducción del tamaño de las administraciones públicas y que garantiza el negocio bancario, además de lastrar el crecimiento económico y deteriorar el Estado del Bienestar.

El Partido Popular, ahora manteniendo un gobierno en funciones con poca capacidad de maniobra, acaba de presentar una enmienda a esta ley. Pero esta enmienda no cambia en absoluto la esencia de la ley; es puro maquillaje para trasladar a las comunidades autónomas el leve aflojamiento de la soga que le ha concedido Bruselas al Estado español en materia de cumplimiento del déficit. La enmienda simplemente consiste en elevar el tope de déficit público que deben cumplir las autonomías desde el 0,3% al 0,7% del PIB para 2016. Pero la enmienda no va a aliviar en nada a las comunidades autónomas, porque éstas registrarán inevitablemente un determinado nivel de déficit público a final de año (que no cambiará con la enmienda) y en todo caso la enmienda permitiría que oficialmente algunas de ellas no incumpliesen el tope del déficit, pero el brutal ajuste presupuestario que cercena el bienestar de las clases populares y la actividad económica seguiría siendo imperativo legal. De hecho, ni siquiera con la enmienda se lograría que algunas comunidades dejen de incumplir el tope de déficit, porque más de una presentará a final de año un nivel superior al 0,7% del PIB. Se estaría así otorgando un pequeño trato de favor a algunas autonomías pero no a todas.
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Unámonos contra la Ley Montoro

Artículo escrito en colaboración con Alberto Garzón Espinosa, Esther López Barceló y Carlos Sánchez Mato y publicado en eldiario.es 

La “reforma express” del artículo 135 de la Constitución Española abrió el camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo, las más cercanas a la ciudadanía como son los ayuntamientos. A través de este acuerdo político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limitaba el déficit público y priorizaba el pago de la deuda. A partir de esta abrupta modificación del principio constitucional se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las tres reglas fiscales que han sido convertidas en “sagradas” son: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda, y el respeto a la Regla de Gasto. Este último, es el más inexplicable de todos en términos de la lógica del interés general, ya que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones, sino que ha de utilizarse para amortizar deuda de manera anticipada aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es decir, aunque el ayuntamiento esté cumpliendo puntualmente los plazos de amortización de deuda, deberá seguir adelantando el pago con el superávit generado. En la Ley quedó estipulado que en el momento en el que se quebrante alguna de las tres normas la administración correspondiente quedaría obligada a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que no pretende ser otra cosa que comprometerse a volver al redil de cumplimiento de los preceptos fiscales convencionales. Read more »

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¿Es España un país de funcionarios?

El otro día el economista Juan Ramón Rallo tuiteó la siguiente frase: “No sé por qué se califica a España de ‘país de camareros’ y no de ‘país de funcionarios’ cuando el empleo público duplica al de la hostelería.” Una comparación absolutamente falaz, ya que en la categoría de funcionario hay muchas profesiones y parece lógico que la suma de todos esos tipos de trabajadores sea superior al número de trabajadores de una única profesión como es la de camarero, por muy predominante que sea. De hecho, es precisamente lo que ocurre en todos los países del planeta y no por ello parece que tenga sentido decir que todos ellos sean “países de funcionarios”. Es una comparación totalmente sesgada y carente de sentido, tan absurda como comparar el número de camareros con el número de asalariados o de trabajadores rubios. Pero parece que todo vale con tal de reforzar el falso tópico de que en España hay muchos empleados públicos.

Y es falso porque los datos demuestran otra cosa: España está a la cola en número de empleados públicos en relación al empleo total, muy por debajo de la media de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). ¡Y todo ello a pesar de que el empleo total en España es muy inferior al del resto de países! Todo ello consecuencia de tener un Estado del Bienestar infradesarrollado y de haber privatizado la inmensa mayoría de las empresas públicas. Read more »

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Bruselas cambia multa por drásticos recortes de déficit público

La Comisión Europea ha decidido finalmente imponer una multa simbólica de 0 euros a España y Portugal por no haber tomado medidas efectivas para respetar el tope de déficit público impuesto. Es la primera vez que se hace efectiva una sanción por un incumplimiento del límite de déficit público, a pesar de que a lo largo de toda la historia de la Unión Europea ha habido nada más y nada menos que 165 incumplimientos. Lo cierto es que ya muchos advertíamos de que no iba a haber multa económica ya que la misma lo único que lograría sería elevar el déficit público y lo que quiere Bruselas es precisamente que se reduzca. No existiría nada tan absurdo como imponer una sanción que agravaría la situación que se pretende corregir. En cualquier caso, a cambio de descartar la multa económica Bruselas ha impuesto unas metas fiscales para el Estado español mucho más duras que las anteriores, a saber: objetivo de déficit público de 4,6% sobre el PIB para 2016, 3,1% para 2017, y 2,2% para 2018. Todo ello implicaría que el Estado español tendría que recortar el déficit en más de 30.000 millones de euros desde 2015 a 2018, que es aproximadamente la misma cantidad de gasto público total que se ha recortado desde el año 2009 hasta 2015.

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Cuantificación de los recortes de gasto público desde 2010

Artículo publicado en eldiario.es el 16 de julio de 2016

Muchas personas han notado un deterioro palpable en servicios públicos como los de educación y sanidad, así como en otros ámbitos dependientes de la inversión y gasto público, pero nunca han tenido a su disposición un estudio que les sirviese para confirmar científicamente esa sensación. De hecho, algunos economistas se atreven a afirmar que en realidad en el Estado español ha habido muy pocos recortes y otros dicen incluso que lo que ha habido ha sido una expansión del gasto público. A pesar de los enormes impactos económicos, sociales, políticos, institucionales, ecológicos, humanitarios, culturales, etc, que provocan los recortes de gasto público, llama la atención que muy pocos analistas se hayan animado a recopilar y cuantificar el volumen total de gasto público recortado desde 2010, así como su distribución por partidas. Y ya no hablemos de los que lo han hecho de una forma rigurosa. Afortunadamente hace poco conocimos un informe de Manuel Lago en el que se lleva a cabo un extenso análisis a todo detalle de todos los recortes de gasto público acometidos desde que el gobierno de Zapatero cumpliese a rajatabla las exigencias de la Unión Europea en 2010. Este artículo pretende recoger de una forma breve y asequible los principales resultados del citado informe. Read more »

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La deuda pública puede reducirse aunque haya déficit público

Artículo publicado en el número 38 de La Marea

Cuando uno se pone a comprobar si el cuerpo de una persona está más proporcionado que el de otra no sirve fijarse exclusivamente en la cantidad de kilogramos que pesa cada una de ellas, sino que hay que mirar también cuánto miden. El cuerpo de una persona de 80 kilogramos no tiene por qué estar menos proporcionado que el de otra que pese 50 kilos, ya que la primera puede ser muchísimo más alta que la segunda.

Ocurre exactamente lo mismo cuando uno se pone a comprobar si un Estado está en mejor o peor situación de endeudamiento que otro. Estaremos todos de acuerdo en que, aunque el sector público de Estados Unidos tenga una deuda pública muchísimo más elevada que el sector público de Haití, no sería justo concluir que el primer Estado está en peor situación que el segundo en términos de endeudamiento. La razón estriba en que la economía de Estados Unidos es 2.000 veces más grande que la de Haití, por lo que es normal que su endeudamiento también sea mayor, ya que también es mayor su capacidad para pagar la deuda. Comparar montantes totales de deuda no nos es útil para saber qué Estado está en mejor situación (al igual que comparar pesos no nos es útil para saber qué cuerpo es más esbelto), sino que habrá que relativizar esas cantidades de deuda con la capacidad que cada uno de ellos tiene para ir pagando (al igual que se comparan los pesos de personas con la capacidad de cada cuerpo para distribuirlo por toda su altura).

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Documento: Crítica a la Regla de Gasto y a los principios de estabilidad presupuestaria

En este documento se realiza una extensa crítica a la Regla de Gasto (recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) que atenaza las políticas municipales y en general a los principios de estabilidad presupuestaria. Esta norma deriva del artículo 135 de la Constitución Española, donde se consagran los principios de equilibrio presupuestario. Unos principios que se han demostrado en multitud de ocasiones carentes de todo carácter técnico o riguroso y repletos de un sesgo claramente ideológico orientado a satisfacer los intereses de una minoría privilegiada.

El documento puede leerse pinchando aquí

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Los déficits públicos y las deudas públicas no son el problema

Vergüenza e indignación es lo que siento cuando observo la obsesión de la Comisión Europea por que todos los países tengan que reducir el déficit público: vergüenza porque sus premisas y proclamas son falsas y equivocadas y las venden como verdades absolutas (y los grandes medios de comunicación se hacen eco de ellas sin verter un ápice de crítica); indignación porque detrás de estas exigencias de política económica se esconde el particular interés de reducir el tamaño del sector público todo lo posible a favor tamaño del sector privado, independientemente del coste social y ecológico que ello pueda conllevar.

Vamos a decirlo claro: no existe ningún motivo académico-científico-técnico serio que lleve a pensar que los Estados tengan que disminuir su déficit público  por debajo del 3% del PIB (¡y mucho menos presentar superávit, como últimamente se atreve a exigir la Unión Europea!). Recordemos que el tope del 3% sobre el PIB de déficit público fue inventado en menos de una hora y sin ninguna reflexión científica, sólo con el objetivo de disponer de una regla sencilla –y que pareciese seria– que obligase a los Estados a disminuir su gasto. ¿Qué demonios hacemos recortando en pensiones, sanidad, educación, dependencia, salarios, desempleo, etc, para cumplir con esa maldita regla acientífica e improvisada por cuatro personas? Estamos organizando nuestras sociedades de una forma absolutamente absurda, estamos viajando con una brújula trucada, y a pesar de ello parece que muy pocos se dan cuenta. Nos han engañado como a chinos y aquí nadie dice nada. Read more »

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La Pizarra de Ahora Madrid: ¿Qué son las Inversiones Financieramente Sostenibles?

La legislación que deriva del artículo 135 de la Constitución (reformado por PSOE y PP, no olvidemos nunca) obliga a los ayuntamientos a que todo el dinero que les sobre cada año sea utilizado para devolver deuda (es decir, para pagar a los bancos). No obstante, existe un resquicio legal que ofrece una alternativa: utilizar ese dinero para inversiones públicas, siempre que esas inversiones finalicen en menos de un año.

El Ejecutivo de Ahora Madrid se ha acogido a ese resquicio legal y buena parte de todo el dinero que sobró en 2015 será utilizado para realizar inversiones de acondicionamiento y mejora en transporte público, colegios, vías públicas, zonas ajardinadas, polideportivos…

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Videoblog. Los recortes que impone Bruselas para 2016

Bruselas ha impuesto recortes en el déficit público de unos 22.000 millones de euros para 2016. Es una cifra mastodóntica pero no necesariamente ha de suponer recortes en el gasto público por esa cantidad. En este vídeo lo explico.

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