La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fue aprobada en 2012, nada más llegar Rajoy al gobierno. Es la punta de lanza del artículo 135 reformado de la Constitución y como tal consagra los principios del neoliberalismo y de la austeridad. Esta ley persigue la reducción de la inversión pública con la excusa del acatamiento de determinadas reglas fiscales que no tienen ningún sustento científico, priorizando el pago de una colosal deuda pública (en buena medida ilegítima) a los bancos frente a cualquier gasto social o inversión. No sólo obliga a las administraciones públicas que presentan déficit público a recortar en todo tipo de gasto público, sino que también impide a las administraciones que tienen superávit que puedan gastar todo el dinero sobrante en políticas públicas diferentes del pago de la deuda. Es una ley que fuerza la reducción del tamaño de las administraciones públicas y que garantiza el negocio bancario, además de lastrar el crecimiento económico y deteriorar el Estado del Bienestar.

El Partido Popular, ahora manteniendo un gobierno en funciones con poca capacidad de maniobra, acaba de presentar una enmienda a esta ley. Pero esta enmienda no cambia en absoluto la esencia de la ley; es puro maquillaje para trasladar a las comunidades autónomas el leve aflojamiento de la soga que le ha concedido Bruselas al Estado español en materia de cumplimiento del déficit. La enmienda simplemente consiste en elevar el tope de déficit público que deben cumplir las autonomías desde el 0,3% al 0,7% del PIB para 2016. Pero la enmienda no va a aliviar en nada a las comunidades autónomas, porque éstas registrarán inevitablemente un determinado nivel de déficit público a final de año (que no cambiará con la enmienda) y en todo caso la enmienda permitiría que oficialmente algunas de ellas no incumpliesen el tope del déficit, pero el brutal ajuste presupuestario que cercena el bienestar de las clases populares y la actividad económica seguiría siendo imperativo legal. De hecho, ni siquiera con la enmienda se lograría que algunas comunidades dejen de incumplir el tope de déficit, porque más de una presentará a final de año un nivel superior al 0,7% del PIB. Se estaría así otorgando un pequeño trato de favor a algunas autonomías pero no a todas.
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