Artículo publicado originalmente en Alternativas Económicas en abril de 2017
La propuesta de Renta Básica Universal (RBU) más conocida –una renta de aproximadamente 650 euros a todo individuo independientemente de su condición–presenta una característica que merma su elevado potencial y que la aleja en cierto sentido del objetivo que pretende alcanzar: es monetaria. Al entregarse la RBU en dinero se originan una serie de situaciones que debilitan la medida. Leer más »
Artículo publicado originalmente en El Salto el 5 de noviembre de 2018
En las últimas semanas se ha abierto un debate entre el gobierno del PSOE y Unidos Podemos en torno a la modificación de las cotizaciones que pagan los autónomos a la Seguridad Social. Resulta que en el acuerdo presupuestario firmado entre ambas partes se incluyó la siguiente medida: “Reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja”. Se trata de una redacción imprecisa que da pie a varias interpretaciones, porque, aunque queda claro que se pretende bajar el pago a los autónomos de menores ingresos, no queda especificado qué ocurre con los que tienen más ingresos, ya que de la literalidad de la redacción cabría suponer que ellos sí tendrían que pagar más, puesto que ingresan realmente más.
Pero en las últimas semanas Unidos Podemos ha aclarado su posición: quieren reducir las cotizaciones a los autónomos de menos ingresos pero no aumentárselas al resto. Así lo ha expresado varias veces el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, al insistir en que acorde al pacto firmado “no se le podía subir ni un euro a la cuota de los autónomos”. El pasado martes 30 de octubre el diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro fue incluso más específico al expresar que “los autónomos de más ingresos no se verán perjudicados”. Leer más »
Artículo publicado originalmente en La Marea
La teoría económica más conocida e importante –conocida como síntesis neoclásica y que desagraciadamente se sigue enseñando en las facultades– considera que los niveles salariales tienen impacto en la tasa de paro de la economía en cuestión. Estos planteamientos señalan que a medida que los salarios se elevan, la tasa de paro aumenta, y viceversa. El razonamiento de fondo –que es más ideológico que científico– es el siguiente: los salarios suponen un coste importante para los empleadores, de forma que si aquellos aumentan, estos se verían en complicaciones para seguir con su negocio; y la única forma que tendrían de no echar el cierre sería despidiendo a uno o más trabajadores. El despido reduciría los costes salariales y, de esta forma, el negocio podría continuar, aunque la parte negativa sería que la tasa de paro aumentaría. Este razonamiento se utiliza también en sentido inverso: si los salarios disminuyen los empleadores tendrán menos coste y por lo tanto más margen económico para contratar a nuevos trabajadores, de forma que la tasa de paro se reduciría.
Una recomendación política que se deriva de este razonamiento es la eliminación o reducción de los salarios mínimos que se fijan por ley: si fuese más elevado se destruiría empleo, por lo que la forma más fácil de evitar esos problemas pasaría por reducir o eliminar completamente el salario mínimo legal. De esta forma, los empleadores ajustarían los salarios a sus necesidades económicas, el negocio prosperaría sin problemas y supuestamente habría creación de empleo.
Artículo publicado originalmente el 5 de septiembre de 2018 en El Salto
Una de las medidas que está negociando actualmente el Gobierno con el grupo confederal de Unidos Podemos para incorporar en los presupuestos generales del Estado de 2019 consiste en incrementar el IRPF a los contribuyentes más acaudalados. Por un lado, se está estudiando incrementar el tipo impositivo del tramo estatal (probablemente desde el 22,5% hasta el 26,5%, lo que implicaría volver a lo que teníamos en el año 2012) a aquellos contribuyentes que ganen por rentas del trabajo más de 150.000 euros anuales (120.000 en su versión más ambiciosa). Por otro lado, encima de la mesa se encuentra la posibilidad de incrementar el tipo impositivo de las rentas del ahorro para avanzar en la equiparación con los tipos de las rentas del trabajo. Leer más »
Artículo escrito en colaboración con Carlos Sánchez Mato y publicado originalmente en Público el 20 de junio de 2018
El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos de lucha contra la precariedad laboral. Detrás de esta iniciativa legislativa no hay otra cosa que una nueva artimaña de esta formación política para blanquear su propuesta de contrato único.
Como ya es conocido, ya presentaron hace más de dos años una de sus medidas estrella: el contrato único. Esta medida fue duramente criticada por el resto de grupos políticos y sindicales ya que, a pesar de las buenas palabras con las que venía maquillada, suponía claramente un empeoramiento de las condiciones laborales de la mayoría de las personas trabajadoras al reducir de forma generalizada las indemnizaciones por despido. Según las propias palabras del presidente de la formación, Albert Rivera, todos los contratos existentes -incluyendo los indefinidos- pasarían a tener una indemnización inicial equivalente a la de los contratos temporales actuales -12 días por año trabajado- para ir a lo largo del tiempo aumentando esa indemnización hasta equipararse a la indemnización de los contratos indefinidos actuales -20 días por año trabajado excepto en caso de improcedencia del despido-. Es decir, que en la práctica las condiciones de todos los contratos se degradarían hasta el nivel de los contratos temporales actuales, una precarización generalizada que no se podía aceptar de ninguna manera.
Una vez asumida la derrota derivada del rechazo generalizado de esa propuesta en la que habían confiado buena parte de su alternativa económica, Ciudadanos ha vuelto a la carga de nuevo. A finales de febrero registró en el Congreso de los Diputados una ley para el mercado laboral que se ha debatido el 19 de junio en la que se incluye de nuevo el contrato único, pero esta vez con características diferentes. Puesto que el truco de precarizar todos los contratos a través de la reducción generalizada de las indemnizaciones por despido no coló, ahora intentan precarizar todos los contratos a través de otra vía: la relajación de las causas de despido. Una estratagema tan perversa como astuta ya que, al no reducir la indemnización por despido, se blindan frente a críticas del pasado y evitan hablar así de la novedad que han incorporado: una mayor facilidad para despedir a trabajadoras y trabajadores. Leer más »
Artículo publicado originalmente en el número 60 de La Marea
Hasta el año 2004 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) era un indicador que no sólo servía para establecer cuál debía ser la cantidad mínima que tendría que cobrar una persona asalariada, sino que también servía para fijar la cuantía de subvenciones, subsidios de desempleo y otras ayudas públicas. Ese año, el recién llegado gobierno del PSOE decidió reformular el indicador, desvinculándolo completamente de las ayudas mencionadas. De esta forma, cualquier incremento en el SMI dejaría de conllevar un aumento en subsidios, subvenciones y ayudas, que pasarían a estar vinculadas a un nuevo indicador denominado Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Se trató de un hábil movimiento del gobierno del PSOE, porque le permitió incrementar el SMI a un ritmo superior al que había venido registrando hasta entonces sin que le costara apenas ni un euro hacerlo, puesto que ya no tenía que incrementar las ayudas públicas (y el coste del incremento en el salario mínimo recae fundamentalmente sobre los empleadores del sector privado, no sobre el público). Una medida sin coste económico, pero con alto rédito político y electoral, ya que el incremento del salario mínimo era una importante reivindicación de los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, además de una necesidad social. Leer más »
Artículo publicado originalmente en Mundo Obrero el 10 de marzo de 2018
Los presupuestos no son sólo una herramienta para trasladar el dinero de un sitio a otro -desde el bolsillo de los contribuyentes hacia el bolsillo de los beneficiarios de las políticas públicas-, sino que además conforman el más poderoso instrumento de política económica que existe para definir e influir en las características del modelo económico, social y ecológico de un país. Tienen capacidad para redistribuir la renta y la riqueza, priorizar unas políticas y unas actuaciones frente a otras, crear las condiciones para que las actividades económicas puedan prosperar, y sentar las bases para una dinámica económica que puede ser muy diferente a la actual.
Desgraciadamente la herramienta de los Presupuestos Generales del Estado lleva tiempo siendo utilizada por los gobiernos del PSOE y del PP para seguir dando vueltas de tuerca a los planteamientos neoliberales a través de políticas de austeridad y devaluación salarial. Lo que persiguen con estos movimientos es deteriorar el poder de la clase trabajadora y reducir el tamaño del sector público, dando así facilidades de muy diverso tipo al negocio privado. Es imprescindible que se produzca un importante cambio de rumbo que abandone los presupuestos que definen un modelo económico neoliberal y abrace unos que pongan por delante la cobertura de las necesidades sociales de la clase trabajadora y los desafíos ecológicos y de género a los que nos enfrentamos.
Para eso hemos presentado desde el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem, En Marea una propuesta alternativa de presupuestos generales del Estado que cumple dichos objetivos.
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1) Desde que el PP llegó al gobierno el número de personas paradas ha caído en 1.520.600 pero de todas ellas sólo 845.400 han pasado a trabajar. El resto (675.300) emigraron, se jubilaron o dejaron de buscar empleo.
2) Hay 1,7 millones de personas ocupadas menos que antes de la crisis y todavía hay 3,8 millones de personas en paro. La tasa de paro se sitúa en el 16,55%, un nivel propio de Estados fallidos o de países recién salidos de una guerra civil. Si en el cálculo de la tasa de paro tuviésemos en cuenta a las personas que quieren trabajar pero que no buscan empleo y a las que trabajan a tiempo parcial pero que siguen buscando empleo a tiempo completo, la tasa sería del 25,1% y no del 16,5%.
3) En la actualidad se realizan prácticamente las mismas horas de trabajo a la semana que cuando llegó el PP al gobierno; sólo han aumentado un 1,7%. Ahora se realizan 75 millones de horas de trabajo a la semana menos que antes de la crisis, un 11,7% menos.
4) Hoy hay 495.300 personas asalariadas temporales más que cuando el PP llegó al gobierno, y sólo hay 276.800 indefinidas más. El peso de los contratos temporales sobre el total ha aumentado durante este periodo desde el 24,8% al 26,7%. España registra actualmente la tasa de temporalidad más elevada de los 28 países de la Unión Europea (exceptuando a Polonia), casi duplicando la media.
5) Los contratos temporales de reducida duración han aumentado durante los años de gobierno del PP: en 2017 se han firmado 31.400 contratos de un día de duración más que cuando el PP llegó al gobierno.
6) Hoy hay 352.800 empleos a jornada parcial más que cuando el PP llegó al gobierno. La proporción de empleos a jornada parcial sobre el total ha aumentado desde el 13,5% hasta el 14,8% durante el gobierno del PP.
7) El 57,3% de las personas que trabajan a jornada parcial desearían hacerlo a jornada completa, pero no pueden porque no encuentran empleo con esas condiciones. Este porcentaje era del 55,3% cuando el PP llegó al gobierno.
8) El 91,1% de las personas que tienen contratos temporales desearían tener un contrato indefinido, pero no pueden.
9) Desde la llegada del PP al gobierno se han destruido 160.000 empleos públicos. El empleo público ha pasado de suponer el 17,8% de todo el empleo al 16,2%.
10) Desde que el PP llegó al gobierno las horas extraordinarias han aumentado un 14,7%. El 44,6% de las horas extraordinarias no han sido pagadas.
Fuente: Microdatos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística
Artículo publicado en el número 54 de La Marea
Una beca es por definición una subvención para realizar estudios o investigaciones. No obstante, este término ha llegado a ser empleado para referirse a figuras económicas y laborales notablemente diferentes.
Actualmente podríamos distinguir varios tipos de becas. En primer lugar tenemos las ayudas directas para los estudios, normalmente dirigidas a estudiantes de cualquier nivel de enseñanza con pocos recursos. En segundo lugar tenemos las becas de colaboración, dirigidas a universitarios para que realicen tareas en algún departamento de su universidad a cambio de una contraprestación económica. En tercer lugar, las becas de formación de personal investigador, que tienen lugar en centros de investigación (normalmente en universidades) y a la que acceden sobre todo estudiantes que se quieren doctorar. En cuarto y último lugar, están las becas realizadas en una empresa o en una administración pública, que pueden ser curriculares (formar parte de la etapa de estudios) o no (dirigida a personas que han terminado la universidad), y que pueden estar reguladas mediante un convenio entre la empresa o la administración y el centro de estudio o no estarlo (de forma que son diseñadas unilateralmente por las empresas). Al margen de estas becas existen los contratos en prácticas, muy parecidas a las últimas becas señaladas pero que suponen una relación contractual –las becas nunca lo hacen-, de ahí que los beneficiarios suelan ser llamados coloquialmente becarios), y los contratos de formación, dirigidos a personas sin cualificación reconocida por el sistema educativo.
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