Archivos de Categoría: Política

En qué consiste el plan aprobado por el Parlamento Europeo para favorecer a la banca y los planes privados de pensiones

Artículo publicado originalmente en Público el 5 de abril

Este jueves 4 de abril se aprobó en el Parlamento Europeo el denominado “Producto paneuropeo de pensiones individuales” (PEPP) gracias a los votos a favor de los liberales y los populares (PP, Ciudadanos, PNV, UPyD, PdCaT…) y con la abstención de los socialistas (el motivo aludido es que “no era un verdadero enfoque paneuropeo”). El bloque de la izquierda unitaria y los verdes (Podemos, Izquierda Unida, Equo, ERC…) votaron en contra y además presentaron una enmienda para retirar esta medida, pero no prosperó (en parte debido al voto en contra de los eurodiputados socialistas, que en esta ocasión curiosamente no se abstuvieron). ¿A qué se debe esta diversidad en los votos? ¿En qué consiste el PEPP? Leer más »

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La privatización de las empresas públicas españolas

Artículo publicado originalmente en La Marea el 23 de marzo de 2019

Aunque ya muchos no se acuerden, España tuvo muchas y potentes empresas públicas que eran utilizadas para lograr determinados objetivos de política económica (facilitar el crédito, proveer distintos bienes y servicios, redistribuir la renta, etc.) al mismo tiempo que contribuían a incrementar los ingresos del sector público, pues buena parte de ellas registraban importantes beneficios.

Durante prácticamente todo el tiempo que va desde el siglo XIX hasta los primeros años de democracia tras la dictadura, la tendencia política por parte de los distintos gobiernos fue la de mantener y fortalecer el cuerpo empresarial público, convencidos de que era condición indispensable para poder alcanzar sus objetivos de política económica así como para asegurar la solidez y poder del Estado. Sin embargo, la incorporación de nuestro país a la Comunidad Europea supuso un importante punto de inflexión en la citada trayectoria. Los principios neoliberales que ya impregnaban fuertemente las instituciones europeas se basaban en la liberalización de prácticamente todos los sectores económicos así como en la reducción del tamaño del sector público en favor del privado. En consecuencia, la integración comunitaria vino de la mano de la liberalización económica y privatización progresiva de las empresas públicas españolas. Leer más »

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Nuevos decretos sobre alquiler y permisos de paternidad

 

En un movimiento claramente electoralista, el gobierno va a aprobar dos reales decretos con medidas que ya había pactado con Unidos Podemos. Se trata de una especie de “corta y pega” de aquellos acuerdos, aunque desgraciadamente no en un 100%, ya que se han quedado a medio camino (al fin y al cabo, sigue siendo el PSOE).

Por ejemplo, aunque sobre el alquiler hay una mejora sustancial con respecto a la terrible reforma que hizo el PP (se incrementa el período mínimo del alquiler de 3 a 5 meses -7 si es empresa jurídica; se limita -dentro de un mismo contrato- el aumento del precio del alquiler al aumento del IPC; se creará un índice de precios del alquiler…) queda fuera lo más importante: limitar la subida de los precios de todos los contratos (los vigentes y los nuevos). Ésta es la única forma de frenar la escalada de precios que tantas personas estamos sufriendo. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberían poder establecer límites máximos a esos precios en los barrios más afectados, pero este decreto no lo contempla. Una mala noticia, porque al gobierno no le costaba nada añadirlo (sólo le hubiera costado a los grandes especuladores). ¿Por qué no se han atrevido?

Otro ejemplo: los permisos de paternidad aumentarán, pero muy lentamente y manteniendo la posibilidad de que los padres puedan transferirse el derecho. Está más que estudiado que eso último contribuye a la desigualdad de género. No se entiende por qué el gobierno, una vez ha sido convencido para mejorar este asunto, no se atreve a aplicar los cambios necesarios para equiparnos a otros países. Porque a pesar de esta mejora, seguimos muy lejos de otros países de nuestro entorno.

En definitiva: aunque sean electoralistas, estos decretos son bienvenidos porque mejoran lo que teníamos, pero desgraciadamente no incluyen todo lo que se pactó con Unidos Podemos y que es perfectamente realizable. Lo de siempre: el PSOE dando pequeños pasos para seguir manteniendo la imagen de partido de izquierdas, pero sin atreverse a modificar mucho el statu quo vaya a ser que la élite se lleve un disgusto.

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Unidos Podemos no ha bloqueado, ni dinamitado -ni otras perlas que se dicen por ahí- el Pacto de Toledo

Unidos Podemos no ha bloqueado, ni dinamitado -ni otras perlas que se dicen por ahí- el Pacto de Toledo. No te dejes confundir.

El cierre del Pacto de Toledo se debe a la convocatoria de elecciones y, por lo tanto, a que no daba tiempo a seguir debatiendo durante esta legislatura. Los principales partidos políticos que negociaban el Pacto de Toledo han querido dar carpetazo al asunto a pesar de que todavía no se había alcanzado ningún consenso. No ha sido Unidos Podemos quien lo ha cerrado (de hecho, pide que continúe la negociación).

Desde el primer minuto Unidos Podemos dejó claro que, si no había consenso, iba a señalar los elementos con los que no estaba de acuerdo. Y eso es simplemente lo que se hizo ayer, tras el cierre apresurado del Pacto de Toledo. Los puntos recogido en el Pacto a los que se opone Unidos Podemos son los siguientes:

1) Ampliar el cálculo de la pensión de jubilación a toda la vida laboral, lo que por regla general supone una disminución de la cuantía a recibir (porque los salarios del comienzo de nuestra vida laboral suelen ser menores que los de la fase final).
2) Aumentar la edad efectiva de jubilación y establecer como exigencia cotizar 37 años para cobrar la pensión completa.
3) Fomentar los planes privados de pensiones, que ya nos cuestan a los contribuyentes unos 2.000 millones de euros al año (dinero público que sólo beneficia a unos pocos -sobre todo a los más adinerados- y a la banca).
4) Separar la fuente de financiación de las pensiones del resto de ingresos del Estado, lo que limita la capacidad para financiar las pensiones.
6) Destinar el 7% del gasto anual en pensiones contributivas a nutrir un activo financiero (Fondo de Reserva) en vez de utilizarse para mejorar la cuantía de las pensiones.

Así que el pecado de Unidos Podemos es oponerse a estas medidas que suponen de facto un recorte de las pensiones públicas y un deterioro del sistema de la Seguridad Social. Si el nuevo Pacto de Toledo va a incluir estas medidas, entonces no es un verdadero pacto en defensa de las pensiones públicas.

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Hagamos más justo el pago de cotizaciones sociales de los autónomos

Artículo publicado originalmente en El Salto el 5 de noviembre de 2018

En las últimas semanas se ha abierto un debate entre el gobierno del PSOE y Unidos Podemos en torno a la modificación de las cotizaciones que pagan los autónomos a la Seguridad Social. Resulta que en el acuerdo presupuestario firmado entre ambas partes se incluyó la siguiente medida: “Reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja”. Se trata de una redacción imprecisa que da pie a varias interpretaciones, porque, aunque queda claro que se pretende bajar el pago a los autónomos de menores ingresos, no queda especificado qué ocurre con los que tienen más ingresos, ya que de la literalidad de la redacción cabría suponer que ellos sí tendrían que pagar más, puesto que ingresan realmente más.

Pero en las últimas semanas Unidos Podemos ha aclarado su posición: quieren reducir las cotizaciones a los autónomos de menos ingresos pero no aumentárselas al resto. Así lo ha expresado varias veces el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, al insistir en que acorde al pacto firmado “no se le podía subir ni un euro a la cuota de los autónomos”. El pasado martes 30 de octubre el diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro fue incluso más específico al expresar que “los autónomos de más ingresos no se verán perjudicados”. Leer más »

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El salario mínimo no tiene relación con la tasa de paro

Artículo publicado originalmente en La Marea

La teoría económica más conocida e importante –conocida como síntesis neoclásica y que desagraciadamente se sigue enseñando en las facultades– considera que los niveles salariales tienen impacto en la tasa de paro de la economía en cuestión. Estos planteamientos señalan que a medida que los salarios se elevan, la tasa de paro aumenta, y viceversa. El razonamiento de fondo –que es más ideológico que científico– es el siguiente: los salarios suponen un coste importante para los empleadores, de forma que si aquellos aumentan, estos se verían en complicaciones para seguir con su negocio; y la única forma que tendrían de no echar el cierre sería despidiendo a uno o más trabajadores. El despido reduciría los costes salariales y, de esta forma, el negocio podría continuar, aunque la parte negativa sería que la tasa de paro aumentaría. Este razonamiento se utiliza también en sentido inverso: si los salarios disminuyen los empleadores tendrán menos coste y por lo tanto más margen económico para contratar a nuevos trabajadores, de forma que la tasa de paro se reduciría.

Una recomendación política que se deriva de este razonamiento es la eliminación o reducción de los salarios mínimos que se fijan por ley: si fuese más elevado se destruiría empleo, por lo que la forma más fácil de evitar esos problemas pasaría por reducir o eliminar completamente el salario mínimo legal. De esta forma, los empleadores ajustarían los salarios a sus necesidades económicas, el negocio prosperaría sin problemas y supuestamente habría creación de empleo.

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Elevar el IRPF: más justicia fiscal y mayor reparto del trabajo

Artículo publicado originalmente el 5 de septiembre de 2018 en El Salto
Una de las medidas que está negociando actualmente el Gobierno con el grupo confederal de Unidos Podemos para incorporar en los presupuestos generales del Estado de 2019 consiste en incrementar el IRPF a los contribuyentes más acaudalados. Por un lado, se está estudiando incrementar el tipo impositivo del tramo estatal (probablemente desde el 22,5% hasta el 26,5%, lo que implicaría volver a lo que teníamos en el año 2012) a aquellos contribuyentes que ganen por rentas del trabajo más de 150.000 euros anuales (120.000 en su versión más ambiciosa). Por otro lado, encima de la mesa se encuentra la posibilidad de incrementar el tipo impositivo de las rentas del ahorro para avanzar en la equiparación con los tipos de las rentas del trabajo. Leer más »

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La hiperinflación en Venezuela no ha sido generada por crear mucho dinero (II)

Artículo publicado originalmente en La Marea el 30 de agosto de 2018

¿Qué es lo que explica que Venezuela esté sufriendo un caso de hiperinflación? Las preguntas complejas tienen también respuestas complejas. Para poder entender adecuadamente el proceso de inflación galopante en Venezuela es necesario conocer cómo funciona la economía venezolana, cuál es su estructura productiva, su inserción en el mercado exterior, su régimen político, institucional y social, su sistema monetario y financiero, etc. Sin conocer todo eso es imposible ofrecer una respuesta adecuada y realista. Por eso hay que desconfiar de quienes analizan la economía venezolana como si fuera cualquier otra, y muchos menos si utilizan de comparación una economía desarrollada y europea. Esos analistas ignoran que cada país tiene su propio modelo económico y sus propias características, y que cualquier comparación con otro país será siempre una simplificación burda y normalmente poco útil. A falta de más espacio para profundizar, cabría hacer cuatro apuntes sobre la economía venezolana con el objetivo de conocer sus características básicas y contextualizar así el análisis.
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Techo de gasto: la hora de la verdad

Artículo escrito conjuntamente con Alberto Garzón y Carlos Sánchez Mato y publicado originalmente en Público el 4 de julio de 2018

Una de las últimas decisiones tomadas por el Partido Popular fue actualizar el programa de Estabilidad 2018-2021 enviado a la Comisión Europea en el que definía la profundización de la senda de reducción del gasto público sobre el PIB hasta llevarlo al 38,6% en 2021, el nivel más bajo en 12 años y uno de los más bajos de toda Europa. Esta reducción es incluso superior a la que ya preveía el anterior Plan de Estabilidad, que era del 39,5% en 2020.

Sería paradójico que tras la moción de censura que ha enviado a la oposición al señor Rajoy, se mantuviera la agenda de recorte y jibarización de gasto e inversión pública comunicada a la Comisión Europea y que no tiene otra consecuencia que la reducción de las políticas públicas. Antes de que finalice el mes de julio el Consejo de Ministras deberá fijar el techo de gasto público para el ejercicio 2019. Este nivel marca el máximo que podrá gastarse el sector público español durante todo el año, de ahí su nombre de “techo”. Antes del año 2010, fue aumentando progresivamente, ya que el gobierno aplicaba políticas expansivas que revertían en más inversiones, prestaciones y servicios públicos. Sin embargo, desde el citado año, y como respuesta a las presiones austeritarias de la Unión Europea, el techo de gasto fue reducido de forma drástica, lo que conllevó importantes recortes en ámbitos como la educación, la sanidad, la dependencia, I+D+i, vivienda, etc, que tan bien conocemos. A pesar de una leve subida en 2013 y 2014, el gobierno continuó recortando el techo de gasto hasta 2017, momento en el que lo volvió a incrementar, aunque de forma insignificante. De hecho, el techo de gasto de 2018 se encuentra en cotas muy similares a la de su mínimo histórico en 2012, y una tercera parte por debajo de su máximo histórico en 2010, año en el que comenzaron los recortes. Pero esto sólo en términos absolutos, porque si lo comparamos con el PIB español, entonces el techo de gasto en 2018 es el más bajo de la historia reciente. En otras palabras: en comparación con las posibilidades que tiene nuestra economía, el gasto público del Estado es, en la actualidad, el más bajo en los últimos años. Leer más »

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El contrato único de Ciudadanos: arma de precariedad masiva

Artículo escrito en colaboración con Carlos Sánchez Mato y publicado originalmente en Público el 20 de junio de 2018

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos de lucha contra la precariedad laboral. Detrás de esta iniciativa legislativa no hay otra cosa que una nueva artimaña de esta formación política para blanquear su propuesta de contrato único.

Como ya es conocido, ya presentaron hace más de dos años una de sus  medidas estrella: el contrato único. Esta medida fue duramente criticada por el resto de grupos políticos y sindicales ya que, a pesar de las buenas palabras con las que venía maquillada, suponía claramente un empeoramiento de las condiciones laborales de la mayoría de las personas trabajadoras al reducir de forma generalizada las indemnizaciones por despido. Según las propias palabras del presidente de la formación, Albert Rivera, todos los contratos existentes -incluyendo los indefinidos- pasarían a tener una indemnización inicial equivalente a la de los contratos temporales actuales -12 días por año trabajado- para ir a lo largo del tiempo aumentando esa indemnización hasta equipararse a la indemnización de los contratos indefinidos actuales -20 días por año trabajado excepto en caso de improcedencia del despido-. Es decir, que en la práctica las condiciones de todos los contratos se degradarían hasta el nivel de los contratos temporales actuales, una precarización generalizada que no se podía aceptar de ninguna manera.

Una vez asumida la derrota derivada del rechazo generalizado de  esa propuesta en la que habían confiado buena parte de su alternativa económica, Ciudadanos ha vuelto a la carga de nuevo. A finales de febrero registró en el Congreso de los Diputados una ley para el mercado laboral que se ha debatido el 19 de junio en la que se incluye de nuevo el contrato único, pero esta vez con características diferentes. Puesto que el truco de precarizar todos los contratos a través de la reducción generalizada de las indemnizaciones por despido no coló, ahora intentan precarizar todos los contratos a través de otra vía: la relajación de las causas de despido. Una estratagema tan perversa como astuta ya que, al no reducir la indemnización por despido, se blindan frente a críticas del pasado y evitan hablar así de la novedad que han incorporado: una mayor facilidad para despedir a trabajadoras y trabajadores. Leer más »

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