Con la deuda pública podemos ganar todos y todas

Hace unos días el economista liberal Juan Ramón Rallo y yo estuvimos discutiendo en el marco de una tertulia de radio sobre las consecuencias de comprar deuda pública, concretamente sobre el impacto que podía tener en el circuito monetario y en los balances de los agentes privados. El debate fue bastante interesante y sacó a relucir dos formas de entender el asunto absolutamente distintas. A pesar de que la discrepancia e incluso la oposición frontal de los planteamientos económicos es algo frecuente en los debates en los que participamos los dos, lo cierto es que me parece importante detenerme en este tema: resulta que la visión de mi interlocutor -claramente equivocada como trataré de demostrar- es tan intuitiva que a menudo es compartida por economistas ubicados en la izquierda del espectro ideológico. Se trata de un error bastante extendido que provoca una incorrecta comprensión del circuito monetario y que impide concebir determinadas políticas económicas que podrían redundar en beneficio de la mayoría social. Trataré de explicarme lo mejor posible.

El origen de la discusión tuvo lugar a raíz de mis propuestas para abordar el supuesto problema de déficit de la Seguridad Social. Insistí -tal y como hago siempre- en que no hay ningún problema si el saldo de la Seguridad Social es negativo por recibir insuficientes ingresos por cotizaciones sociales, ya que basta con cubrir esa diferencia mediante una transferencia desde los presupuestos generales del Estado, que se nutren a través del resto de ingresos públicos. Ojo, no un préstamo que endeude a la Seguridad Social (como ha hecho el gobierno del Partido Popular en 2017 y 2018), sino una simple transferencia a fondo perdido. De esta forma el déficit de ese subsector desaparecía por completo. Si ése es el problema que detecta el stablishment, pues entonces no hay problema. Una simple transferencia aliviaría sus quebraderos de cabeza. ¿Qué ese movimiento trasladaría el déficit de la Seguridad Social al de la Administración Central y que por lo tanto el déficit público del conjunto de las administraciones públicas no se inmutaría? Nos ha fastidiado, ¡pues claro! Pero si la obsesión machacona que leemos y oímos casi todos los días es acabar con el déficit de la Seguridad Social, entonces no pueden quejarse de mi propuesta. Y nada de alegar que el déficit público total es preocupante porque está en su nivel más bajo de los últimos diez años: 3% sobre el PIB, que ha sido el tradicional objetivo a cumplir de la Unión Europea. ¿O es que ahora me van a decir que es más preocupante tener un déficit en la Seguridad Social acompañado de un déficit total del 3% como tenemos hoy día que tener superávit en la Seguridad Social acompañado de un déficit total del 11% como ocurrió en 2009? Ni siquiera con su propia desconcertante visión miope hay por dónde coger esto.

En cualquier caso, el asunto central es otro: como, en efecto, el saldo total es negativo (y en la actualidad el artículo 123 del Tratado de la Unión Europea prohíbe que el banco central cree dinero para financiar el gasto público) no queda más remedio que endeudarse, fundamentalmente emitiendo bonos públicos. Pero no hay motivos para verlo como un problema, ya que todo bono público es una inversión para el agente económico que lo compre: obtendrá una rentabilidad determinada cuando el bono venza. Si tanto se preocupan los liberales por incrementar la inversión, pues podrían ponerse a comprar como locos bonos públicos. Así incrementarían su patrimonio financiero y al mismo tiempo contribuirían a financiar los gastos públicos. Y aquí es donde se originó el acalorado debate (que puede escucharse aquí).

Rallo se apresuró a apuntar que comprar un bono público no es del todo una inversión porque no hay ningún activo real respaldándolo, y que la utilización de ese dinero por parte del Estado no mejora la actividad económica si solo se limita a pagar un sueldo o una pensión. El corolario final es que todo ello supone un problema porque el Estado no obtendrá la suficiente rentabilidad como para devolver el dinero que tomó prestado y pagar los intereses. Pero esa visión no puede ser más sesgada. En primer lugar, por supuesto que los bonos públicos tienen un activo real en el que basar su fortaleza: se llama Estado y es el agente económico más poderoso de todos los que existen. Tiene autoridad para establecer leyes y reglas, para imponer y cobrar tributos, para crear dinero, para imponer por la fuerza sus decisiones, etc. De hecho, por eso los bonos públicos de Estados Unidos son los más codiciados de todos, porque están respaldados por la potencia hegemónica mundial en términos militares, económicos, tecnológicos, culturales, etc. Y por eso los bonos públicos de Estados fallidos o desestructurados son tan poco atractivos. Ni que decir tiene que el Estado español está lejos de ese segundo caso y que por lo tanto tiene suficiente fortaleza como para respaldar de sobra ingentes cantidades de bonos públicos.

En segundo lugar, el gasto que se financia con esa emisión de bonos, incluso aunque acabe en forma de sueldo o de pensión, también puede repercutir positivamente sobre la actividad económica y por lo tanto asegurar una rentabilidad determinada. Es cierto que puede que no lo haga, porque dependerá de muchos factores, pero negarse en rotundo a que pueda hacerlo es engañarse a sí mismo. El factor que va a marcar si el impacto es positivo o negativo es el de la brecha entre la capacidad productiva instalada y la utilizada. Si esta brecha es elevada, y por lo tanto las empresas tienen capacidad para producir más conforme aumenta la demanda, un incremento en los sueldos o en las pensiones se puede convertir en más ventas para esas empresas, y por lo tanto en más beneficios y en mayor actividad económica. En cambio, si la brecha es reducida, y las empresas están casi a pleno rendimiento, un incremento en los sueldos o en las pensiones no tiene por qué transformarse en más ventas, sino que podría provocar un incremento en los precios.

Rallo rechazaba por completo este relato, y para explicarse utilizó un ejemplo. Pongamos que el dueño de empresa fabricante de vehículos compra un bono público por valor de 10.000 euros, y que estos 10.000 euros son utilizados por el Estado para pagar un sueldo a un empleado público que luego va y se los gasta íntegramente en comprar uno de los vehículos que vende el comprador de bonos. ¿Qué ha pasado aquí? Según Rallo, el empresario no ha ganado nada porque antes de comprar el bono tenía 10.000 euros y tras la venta del vehículo vuelve a tenerlos de nuevo. Pero esto no puede ser más incorrecto.

Lo que ocurre en realidad es lo siguiente: cuando el empresario compra un bono público, la cuantía de su riqueza no se inmuta. Simplemente pasa de tener 10.000 euros líquidos a tener un activo ilíquido por valor de 10.000 euros. Pero no ha perdido su dinero, porque lo recuperará pasado un tiempo. Su cartera se ha hecho más ilíquida, pero la riqueza total es la misma. Cuando finalmente obtenga 10.000 euros por la venta del vehículo, su riqueza aumentará en esa cantidad. Es decir, ¡habrá duplicado su patrimonio! Porque al principio del proceso sólo tenía 10.000 euros contantes y sonantes, y al final del mismo tiene esos 10.000 euros contantes y sonantes y también un bono público por valor de 10.000 euros que además le están generando una rentabilidad. Es decir, el empresario debería estar muy contento, si el Estado no se hubiera endeudado no habría podido vender ese vehículo. El empleado público también debería estar muy contento porque ahora tiene un vehículo nuevo. ¡Todos contentos! Qué maravilla. Pues no parece tan mala la deuda pública, ¿no?

Porque al contrario de lo que comúnmente se piensa –porque es lo intuitivo-, el endeudamiento público no transfiere riqueza desde el comprador del bono hacia el beneficiario del gasto público que se financia con ese bono. Esto es lo que ocurre con los impuestos, pero no con la deuda pública. La diferencia entre ambas vías es que con el endeudamiento todo el mundo gana: el que quería comprar el bono lo ha hecho y ha iniciado una inversión financiera, y el receptor del gasto público ha obtenido un nuevo ingreso. Por eso el endeudamiento público provoca un incremento de los activos financieros netos, es decir, que el endeudamiento es una forma de inyectar dinero en la economía. Y eso puede ser bueno si ese nuevo dinero sirve para comprar todos los productos que las empresas hoy día no pueden vender. Que, por cierto, son muchos: acorde a datos del Banco Central Europeo y del Observatorio Autónomo, el principal problema de las empresas y autónomos ubicados en territorio español es que no tienen suficientes clientes, y según los datos del Banco de España, las empresas industriales sólo utilizan el 73% de su capacidad instalada. Así que un incremento de la deuda pública para pagar pensiones o sueldos que acaben estimulando las ventas de esas empresas sólo puede tener efectos positivos.

Basta ya de recelar del déficit y la deuda pública. Son herramientas de política económica que deben ser puestas al servicio de la economía y de la sociedad, y no al revés como hoy día ocurre. La deuda pública no es el problema, el problema es el paro, los bajos salarios y los elevados niveles de pobreza. Combatamos todos esos problemas aunque haya que aumentar la deuda pública, que, entre otras cosas, para eso está.

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