Contra la estigmatización de las políticas económicas de la izquierda

En el periódico digital Vozpópuli se ha publicado un artículo en el que se afirma que la aplicación del programa electoral de la formación política Podemos supondría engordar el déficit público en más de 133.000 millones de euros (aproximadamente un 13% del PIB). A continuación se realiza un análisis crítico que revele las fortalezas y debilidades del cálculo llevado a cabo en el artículo mencionado. A su vez, se resalta la intención velada del autor por deslegitimar un programa electoral cuyas propuestas de hecho no son nuevas sino que la mayoría de ellas llevan mucho tiempo vigentes en los programas de otros partidos del espectro ideológico de izquierdas como Izquierda Unida, Syriza, Front de Gauche y muchos otros.

En primer lugar lo que hay que dejar claro es que cualquier cálculo que se realice sobre gastos e ingresos a nivel estatal y teniendo en cuenta tantas dimensiones de la actividad económica será necesariamente un cálculo de trazo grueso. Es decir, es prácticamente imposible calcular cuánto costará exactamente la aplicación de determinadas partidas de gasto y –sobre todo- saber cuánto se recaudará finalmente a lo largo de un año. El cálculo previsto nunca coincidirá con la cuantía que finalmente se ingrese y se gaste, de ahí que los saldos fiscales de los gobiernos de los diferentes países siempre se desvíen de los gastos e ingresos presupuestados. Esto ocurre especialmente en el caso de los ingresos, ya que lo que recaudan las administraciones públicas depende fundamentalmente de la actividad económica; cuántos más ingresos tengan las familias y más beneficios las empresas, más recaudará el sector público, y viceversa. Es importante tenerlo en cuenta porque precisamente determinadas partidas de gasto (como el de la renta básica) lo que hacen es aumentar la renta de los agentes económicos, de forma que durante el periodo las familias pagarán más por impuestos y como consecuencia el Estado ingresará más. Cuánto ingresará de más (o de menos) es imposible saberlo de antemano, y de ahí que las estimaciones nunca acierten

En segundo lugar, muchas de las cuantías ofrecidas en el artículo son estimaciones del autor o estimaciones de otros autores o instituciones. Estimaciones que -es importante decirlo- no tienen por qué ajustarse bien a la realidad. Y este apunte es válido tanto para los ingresos como para los gastos. En el caso de los ingresos es muy difícil estimar cuánto se recaudará por la lucha contra el fraude, y la previsión de Gestha podría no ser muy fina (de hecho existen muchas críticas que así lo señalan). Lo mismo ocurre por el lado de los gastos: el coste de las nacionalizaciones no tiene por qué ser el estimado por el autor, ya que la expropiación podría ser directamente una confiscación y no una compra –algo que recoge el artículo 128 de la Constitución española, por cierto– y por lo tanto podría ser gratis o al menos de un coste mucho más reducido. Lo mismo sucede con el coste de la renta básica, que no tendría por qué alcanzar la cantidad que se ofrece en el artículo, sino que podría ser menor.

En tercer lugar, y paradójicamente, los propios cálculos demuestran que simplemente reduciendo en 133.780 millones la cuantía destinada a la renta básica (de un total previsto de 365.130 millones) se conseguiría el equilibrio presupuestario. Es decir, simplemente reduciendo un 37% el coste previsto de la renta básica ya no habría ningún aumento del déficit. ¡El resultado sería incluso muchísimo mejor que lo que hoy día presenta el saldo del Estado con el gobierno del PP (porque tiene déficit y no equilibrio)! Por lo tanto, cabría incluso utilizar estos cálculos (tras hacer el ajuste en la partida de la renta básica) para defender la validez y factibilidad de un programa de izquierdas de este tipo.

En cuarto y último lugar, incluso dando por válido las dudosas estimaciones presentadas en el artículo, cabría argumentar que es mucho mejor presentar déficit si con ello el pueblo logra hacerse con las palancas de la economía (banca pública y otros sectores estratégicos) y se permite que todo ciudadano pueda vivir con un mínimo de renta a presentar déficit para salvar a las entidades financieras como ocurre en la actualidad (en Irlanda el déficit aumentó en un 30% del PIB fundamentalmente por el rescate a la banca y en estos cálculos el déficit español aumentaría en un 13%). Puestos a presentar déficit, mejor hacerlo para mejorar el bienestar de la mayoría de la población (los de abajo) que hacerlo para una minoría (los de arriba).

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