Defensores de la Renta Básica Universal, bajad al mundo real

Tres miembros de la Red Renta Básica han publicado recientemente un artículo en el que comienzan criticando las propuestas de Trabajo Garantizado (TG) y Renta Garantizada (RG) para acabar contraponiendo a las mismas las supuestas virtudes milagrosas que tiene la Renta Básica Universal (RBU). Tras leer el artículo he de decir con toda sinceridad que me invadió una sensación de tristeza. Pero no por el hecho de no compartir los argumentos allí esgrimidos ni porque los mismos no fuesen respetables, sino porque llevamos más de un año con este debate (algunos muestras pueden encontrarse aquí, aquí y aquí) y pensaba que había algunas cuestiones superadas (tanto por parte de los defensores de la RBU como por sus detractores), pero veo que desgraciadamente no es así.

No es mi intención volver a repetir aquí todo lo que pienso de la RBU, porque creo que mi opinión ha quedado suficientemente bien plasmada en muchos artículos, actos y debates. Quien quiera conocer por qué pienso, por ejemplo, que la RBU supondría una subvención encubierta para muchos empresarios y por qué provocaría la destrucción de bastantes empleos y riqueza le sugiero leer este artículo. Aquí abordaré otras cuestiones. Por un lado, responderé a las críticas –en buena parte desatinadas y por lo tanto muy fáciles de refutar– que los autores del citado artículo le dedicaron al TG; y por otro lado, a explicar por qué están profundamente equivocados al considerar que la RBU tiene más ventajas que la RG, cuando en realidad no tiene por qué haber prácticamente ninguna diferencia entre ambas medidas.

El Trabajo Garantizado, una medida realista y necesaria pero no la única

En primer lugar, ningún defensor del TG propone que la aplicación de esta medida sea lo único que hay que hacer para acabar con el paro de una economía como la española. Evidentemente en un país que tiene una tasa histórica de desempleo superior al 8% hay que hacer muchísimas más cosas para llegar al pleno empleo: transición del modelo energético para alcanzar un nuevo modelo productivo, reducción de la jornada laboral, nuevo marco normativo laboral, apoyo a determinados sectores industriales, apoyo a la economía social, combate al fraude laboral, etc. Nadie ha propuesto crear 5 millones de trabajadores garantizados. Me temo que en este caso los miembros de la Red Renta Básica cayeron en el fácil recurso de utilizar la conocida falacia del hombre de paja.

En segundo lugar, los autores del artículo se preguntan por la situación de todas aquellas personas que no tienen recursos y que no entrarían en ese primer millón de puestos de Trabajo que está diseñado en el TG para el primer año (pues la cantidad de personas sin ingresos supera el millón). La respuesta es muy fácil (y la he dado en muchas ocasiones): a todas las personas que no tuvieran ingresos ese primer año se les concede una renta monetaria así como otro tipo de ayudas sociales (porque no todo tiene que ser dinero) como abonos gratuitos de transporte, tarifas sociales para el suministro energético y de agua, escolarización pública y gratuita de 0 a 3 años, ayudas por hijo etc. Precisamente algo parecido es lo que recoge la misma formación política que propone el Trabajo Garantizado. La ambiciosa e irresponsable pretensión de acabar con la pobreza con tan sólo una medida económica y en muy poco tiempo es algo que sólo detentan los defensores de la RB. Otros creemos que los problemas complejos y variados requieren soluciones igual de complejas y variadas.

En tercer y último lugar, el TG no atraería trabajadores del sector privado, y mucho menos atraería a un tercio de los mismos[1]. Los autores olvidan que el TG está pensado para establecer un nivel mínimo de condiciones laborales que influya en el sector privado, obligando a los empleadores a mejorar las condiciones de trabajo al menos hasta ese nivel bajo amenaza de que sus empleados se vayan al TG. Recuérdese que los empleadores necesitan tener trabajadores para que su negocio continúe, de forma que siempre que las fuerzas de mercado se lo permitan mejorarán las condiciones laborales para mantenerlos en su plantilla.

La Renta Básica Universal no se diferencia mucho de cualquier Renta Garantizada

Los partidarios de la RB proponen un ingreso monetario de aproximadamente 650 euros mensuales a todo ciudadano sin importar sus características personales (de ahí su carácter universal o incondicional), y una financiación a través de una reforma fiscal del IRPF que lograría que el 80% de los actuales declarantes menos pudientes saliesen ganando mientras el 20% más adinerado saldría perdiendo. Suelen argumentar que al tratarse simplemente de una reforma fiscal no tendría apenas coste administrativo y que se podría implementar en el plazo de un mes. Vamos a argumentar de manera sencilla por qué están profundamente equivocados. Para ello recorreré los pasos que habría que dar para aplicar la RB en la práctica basándome en la argumentación de José Antonio Noguera (unos pasos que extrañamente siempre pasan por alto por sus defensores).

Paso 1. Todas las personas del país (incluidos los menores) tendrían que tener una cuenta bancaria donde ingresar cada mes la cuantía monetaria. Resulta que según un estudio de Funcas casi 4 millones de adultos en España no tienen cuenta bancaria, por lo que como el Estado no dispone todavía de telepatía para informar a la gente de la noticia, debería llevar a cabo una masiva campaña de información para que todos esos adultos y los menores correspondientes se enterasen de que deben abrir una cuenta bancaria (o ir al banco cada mes a recibir el pago en mano), lo cual supone un enorme coste administrativo y de recursos, amén de que no todo el mundo se enteraría de la nueva.

Paso 2. Una vez casi todo el mundo tuviese cuenta bancaria, cada ciudadano tendría que informar al Estado de cuál es su número de cuenta para que la vinculara a su número de identificación fiscal. Como estas cosas desgraciadamente no se hacen solas, este proceso supondría un importantísimo esfuerzo y coste administrativo.

Paso 3. Como la cuantía monetaria final que recibe cada persona (teniendo en cuenta el ingreso por RB y el pago o ingreso por reforma fiscal) depende de su renta declarada (recuérdese que los más adinerados incluso saldrán perdiendo), necesariamente todas las personas del país deberían declarar todas sus rentas (porque se eliminaría el mínimo exento según la propuesta de la RB), lo cual supone aumentar el número de declaraciones desde las 19 millones actuales a más de 40 millones. Una absoluta barbaridad. Como la magia no existe, este monumental proceso requeriría un astronómico y brutal coste administrativo, muy superior al que hoy día realiza la Agencia Tributaria.

Paso 4. Como la tentación a declarar menos renta de la realmente obtenida no sólo seguiría existiendo sino que se intensificaría por la aparición de la RB (que obliga a declarar sus rentas a todos los residentes y no sólo a una parte y porque es muy sencillo y atractivo añadir a la RB un ingreso en negro ya que de esta forma se podría vivir razonablemente bien), si el Estado no quiere que el fraude fiscal se dispare y se cometan abusos importantes necesariamente tendría que incrementar de forma colosal los recursos y medios destinados a controlar el fraude fiscal. Es decir, mucho más gasto administrativo y de control que curiosamente siempre olvidan los defensores de la RB cuando teorizan sobre la medida.

Paso 5. A la hora de inyectar el dinero en las cuentas bancarias, el Estado primero tendrá que recaudarlo a través de la reforma fiscal implementada. Y las reformas fiscales no son inmediatas. No vivimos en un videojuego. Las reformas fiscales necesitan que transcurra el curso fiscal correspondiente, por lo que eso de que la RB se implementaría en menos de un mes, como muchos defensores de la medida han afirmado sin que les temblase la voz o la pluma, es cuanto menos un comentario desafortunado.

Paso 6. Puesto que la renta de los receptores de la RB variará con los años y no recibirán (o no aportarán) la misma cantidad monetaria, el Estado tendrá que controlar cada año las declaraciones y ver cuánta renta otorgar o detraer en función de la renta. Vaya, ¡exactamente lo mismo que ocurriría con una RG que se gestionase vía IRPF! La única diferencia es que el coste administrativo de la RB (de más de 40 millones de declaraciones) es inmensamente superior al coste de una RG por hogar a las familias con menos recursos (de pocos millones de declaraciones).

En definitiva, a pesar de que en la teoría la RB se muestra como incondicional, cuando se lleva a la práctica mediante una reforma fiscal del IRPF, la RB se convierte inevitablemente en condicional: la cuantía monetaria que recibiría o entregaría cada uno estaría condicionada a la renta que cada uno declarase. Esto supone, por un lado, que todas las personas tendrían que declarar sus ingresos (algo que a los defensores de la RB les parece mal o intrusivo cuando se trata de una RG); y por otro lado, que el Estado, si no quiere evitar un abultadísimo fraude fiscal y todo tipo de abusos, tendría que supervisar y controlar todas esas declaraciones y además hacerlo cada año, lo cual conllevaría un mastodóntico sobrecoste administrativo, digan lo que digan sus partidarios. Esto es incontestable y está ampliamente estudiado (por ejemplo aquí y aquí), y sorprende ver cómo los partidarios de la RB siguen ciegos frente a ello apelando a una supuesta incondicionalidad de la medida que conllevaría virtudes prodigiosas que sólo aguantan el papel y no la realidad.

Si concebimos una RG que se otorgue como derecho subjetivo (ajeno a decisiones políticas) sólo a familias que tengan un ingreso inferior al establecido, y que se gestione por la vía fiscal (es decir, que es la administración la que identifica a través de la declaración de la renta si el declarante necesita un apoyo monetario y cuánto), ¿dónde está la diferencia con la RB? En ambos casos no existiría estigmatización (nadie se enteraría de a quiénes la Agencia Tributaria está acreditando sus cuentas bancarias), en ambos casos los beneficiarios tendrían que declarar su renta, en ambos casos el Estado tendría que controlar esas declaraciones, en ambos casos unos ciudadanos cobrarían y otros no, en ambos casos no habría “trampa de la pobreza”.

La única diferencia real e importante entre una RB y una RG gestionada como se ha mencionado es que la primera detrae ingentes cantidades de dinero del 20% más rico de los declarantes del IRPF para dárselos al 80% menos rico de los declarantes (¿para qué querrá, por ejemplo, aumentar su ingreso el que está en el decil 60 o 70 si seguramente tiene satisfechas sus necesidades?) y la segunda detrae recursos del 5% más rico de la población para dárselos al 30% más necesitado, dejando al resto sin cambios. El sobrecoste financiero neto y administrativo de la RB es absolutamente innecesario. Esa manida idea de que la RB es tan simple como inyectar dinero en las cuentas bancarias y que se puede aplicar inmediatamente es sólo una ilusión estimulada por unos planteamientos teóricos muy alejados de la realidad. Por favor, defensores de la RB, y lo digo con todo el cariño del mundo: dejad a un lado la torre de marfil y bajad al mundo real. Os daréis cuenta de que las supuestas virtudes milagrosas de la RB sólo se sostienen en los planteamientos teóricos. La realidad es bastante más testaruda que una hoja de Word.

 


[1] Los autores debieron de cometer un error en la redacción porque no hay “aproximadamente un tercio de toda la población trabajadora a tiempo completo que cobre una cantidad inferior al Salario Mínimo Interprofesional” (en realidad sólo hay un 1,7% según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial), ni siquiera contando a los trabajadores a tiempo parcial (que suponen un 13,28%). Imagino que querían referirse a trabajadores con salarios inferiores a dos veces el SMI, que sí alcanzan el 32,96%, aunque de todas formas esa nivel salarial es bastante superior a lo que se ofrecería en el TG.

 

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