Saque de Esquina

Artículo publicado en el diario digital Andaluces.es, 10 de junio de 2013

Resulta paradójico –y  al mismo tiempo aterrador– observar que en las universidades las tasas de las matrículas cada vez son más caras mientras los profesores trabajan más cobrando menos, en peores condiciones y con peores medios; contemplar cómo determinados servicios de salud empiezan a costar dinero mientras la atención sanitaria pierde calidad y sus profesionales ven deteriorados su sueldo y sus condiciones de trabajo; o constatar que ahora hay que pagar por las tasas judiciales toda vez que los procedimientos en los tribunales siguen siendo igual de lentos e ineficientes que antes. Uno no puede percibir esta realidad sin que le surja la siguiente duda: “si cada vez se recauda más pero no mejoran los servicios, ¿dónde va a parar ese dinero?”.

La respuesta hay que encontrarla principalmente en nuestra reciente y gran amiga Deuda. El Estado español, que comenzó a endeudarse tras el estallido de la crisis económica para rescatar entidades financieras y para compensar la caída de ingresos fiscales, tiene que ir devolviendo ahora todo el dinero que tomó prestado. La cantidad que se compromete a devolver cada vez es mayor debido al denominado “efecto de bola de nieve”, por el cual el pago extra de intereses de la deuda del primer año aumenta el tamaño de la deuda del siguiente año, y así sucesivamente. Un dato para ejemplificar este fenómeno: desde el año 1989, el Estado español ha pagado sólo en concepto de intereses 4,3 veces lo que debía en 1989. Este año el Estado ha estimado que pagará en concepto de intereses 38.590 millones de euros (3,86% del PIB), lo que convierte esta partida presupuestaria en la segunda más elevada de todas, por detrás únicamente de las pensiones. Si sumamos este pago de intereses a la devolución de dinero que se cumple este año la cuantía alcanza el 19% del PIB, lo que supone una cantidad absolutamente colosal destinada simple y llanamente a pagar a los que prestaron dinero al Estado en su día.

Pero, ¿quiénes son estos agentes que prestaron dinero al Estado y que hoy día están recibiendo dinero gracias a las subidas de impuestos y recortes de gasto público? Pues basta con acudir a los datos que ofrece el Tesoro Público para constatar que la inmensa mayoría de ellos, el 76,03%, está formada por entidades financieras, tanto españolas (38,74%) como extranjeras (37,29%). Solamente el 0,86% de todos los agentes que han prestado dinero al Estado son personas particulares, y solamente el 2,45% son empresas no financieras. Otro 7,09% corresponde a fondos de inversión y fondos de pensiones, que son instrumentos gestionados por las instituciones financieras, por lo que éstas también acaban sacando tajada con estas operaciones. Esto quiere decir que el Estado está canalizando buena parte del dinero que recauda hacia entidades financieras, por lo cual podemos hablar sin ningún problema de que se trata de otra forma de dar ayudas a estas grandes empresas financieras. Quien pensase que las ayudas a la banca habían terminado estaba muy equivocado.

Estas instituciones financieras están haciendo negocio con la deuda pública porque anteriormente prestaron dinero al Estado. Pero, ¿de dónde sacan el dinero en la actualidad si supuestamente tienen enormes problemas económicos? Pues fundamentalmente lo obtienen directamente del Banco Central Europeo a un coste muy bajo. El mismo Banco Central Europeo que no puede prestar dinero a los Estados porque lo tiene prohibido en el artículo 123 del Tratado de Lisboa.

Así las cosas, nos encontramos con un panorama bastante peculiar. El Banco Central Europeo dice dar dinero muy barato a los bancos españoles para que éstos saneen sus cuentas y puedan dar créditos a familias y empresas. Pero en vez de que esto suceda, los bancos prestan ese dinero al Estado a un precio mucho más elevado, con lo cual obtienen beneficios a través de esta operación. El Estado, para poder devolver poco a poco todo el dinero que le están prestando y pagar los intereses asociados, está aumentando impuestos y reduciendo gasto público. Nos encontramos, de nuevo, frente a un mecanismo de ayuda a las instituciones financieras que se materializa de forma que el coste recaiga sobre la mayoría de la población. Una ayuda encubierta a la banca permitida y apoyada por las instituciones de la Unión Europea y que puede ser calificada perfectamente como una monumental estafa.

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