El dinero que hoy día piden prestado las administraciones públicas es dinero que antes recaudaban por impuestos

Artículo publicado en Andalucesdiario.es el 5 de mayo de 2014

Cuando las administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos) no tienen suficientes ingresos para cubrir sus gastos, deben recurrir a pedir dinero prestado. Una alternativa sería que el banco central correspondiente creara dinero nuevo para cubrir esta brecha, pero esto es algo que ni está al alcance de la economía española (puesto que no tiene poder sobre el Banco Central Europeo), ni está en la agenda de los poderes europeos.

Muchos señalan que cuando las administraciones públicas se endeudan en realidad están perjudicando a las nuevas generaciones porque “traen dinero del futuro”. La explicación es la siguiente: puesto que cuando pase un tiempo van a tener que devolver el dinero prestado más unos intereses añadidos, en el futuro las administraciones públicas tendrán que conseguir dinero como sea, y lo harán fundamentalmente a través de la recaudación de unos impuestos que terminarán sufriendo los contribuyentes de la época.

Sin embargo, esa forma de ver el fenómeno podría hacer que malinterpretáramos lo que de verdad ocurre cuando un organismo público se endeuda. El dinero que se pide prestado en absoluto viene del futuro, sino que existe en el presente y además con unas características muy particulares. En primer lugar, es dinero que le sobra al que lo presta; es dinero ocioso, cuyo propietario prefiere prestarlo para que pasado un tiempo aumente su valor a dejarlo inactivo en una caja fuerte. En segundo lugar, es dinero que pertenece en su inmensa mayoría a individuos muy adinerados, a través de fondos de inversión (a algunos sólo se puede acceder si se posee al menos 500.000 euros), de planes de pensiones privados o de entidades financieras (bancos y aseguradoras). En tercer lugar, es dinero tanto de personas extranjeras como de ciudadanos con nacionalidad española, aunque éste último es mayoritario al suponer cerca del 60% de todo el dinero que piden prestado las administraciones públicas.

En otras palabras, el sector público hoy día necesita pedirle dinero a los sectores más acaudalados de la sociedad española, aunque también de la extranjera. Y vaya, ¡qué casualidad! Resulta que son los mismos sectores que han estado pagando cada vez menos impuestos debido a las reformar impositivas de los sucesivos gobiernos.

Algunos datos: una persona que ingrese más de 300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España estuvo gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría de la población apenas notó esta bajada. Entre 1970 y 2009 la carga impositiva implícita sobre los rendimientos del trabajo –que  incluye  el  impuesto  sobre  las  rentas  del  trabajo  y  las  cotizaciones  sociales– en  la  Unión Europea  ha  ascendido desde un 27% hasta casi un 38%; sin embargo, el indicador equivalente sobre las rentas del capital se redujo del 38% en 1980 hasta el 30,5% en 2009. Desde 1996 el Estado español ha dejado de ingresar más de 20.000 millones de euros como consecuencia de los incentivos fiscales que gozan los planes privados de pensiones (a los que se acogen fundamentalmente personas de elevadas rentas). Incluso el señor Alfredo Pérez Rubalcaba reconoció que a lo largo de la década de 2000 se habían perdido, por sucesivas bajadas de impuestos, 28.000 millones de euros al año, en cifras constantes.

En consecuencia, resulta que el dinero que hoy día piden prestado las administraciones públicas es en muy buena parte dinero que antes recaudaban por impuestos. Los sucesivos gobiernos de Aznar y Zapatero desarmaron y debilitaron al sector público obligándolo a tener que cubrir sus gastos mediante un endeudamiento que en última instancia es un negocio muy lucrativo para, especialmente, las capas altas de la sociedad. Una estrategia perfecta para que la élite económica no sólo redujese su contribución en la financiación del Estado del Bienestar, sino también para que se lucrara a su costa.

Si la función del sector público es lograr una especie de armonía social en la cual se reduzcan notablemente las desigualdades sociales y económicas creadas por un sistema capitalista y en definitiva perseguir el bien común de los ciudadanos, las administraciones públicas no deberían pedir “por favor” el dinero que les sobra a los más acaudalados sino que deberían obtenerlo utilizando su poder coactivo: la recaudación fiscal. Por supuesto que el posterior uso de esos recursos recaudados podría no ser el más indicado para lograr el citado objetivo de armonía social, pero la solución consiste en aumentar los esfuerzos y diseñar los mecanismos necesarios para que mejore en eficacia y en eficiencia, y no en acabar con todo el sistema de redistribución alegando su incompetencia.

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