Saque de Esquina

Tras haber acudido a numerosos y variados foros de debate en torno a las propuestas de Empleo Garantizado (EG) y Renta Básica Universal (RBU) he comprobado que este tema ha despertado un enorme interés entre muchísimas personas y colectivos. Me he encontrado con salas abarrotadas hasta no poder más y con coloquios que se extendían durante mucho más de dos horas. Estos debates suelen ser muy enriquecedores y es una pena que muchos de ellos no hayan sido grabados y por lo tanto no puedan ser compartidos con más público.  Precisamente por ello me he propuesto ir plasmando por escrito los asuntos más controvertidos que se suelen tocar, especialmente en relación al cuidado del medio ambiente, desigualdad de género, democratización de la economía, libertad de elección, potencial para transformar o alterar el sistema económico, etc. El objetivo no es sólo difundir lo ya debatido sino también retomar la discusión con otros participantes. Además, de esta forma se crea un espacio del cual partir en el debate y al cual dirigir a los interesados, algo muy positivo ya que es frecuente que me encuentre una y otra vez explicando el mismo elemento del EG (aunque también de la RBU) porque suele malinterpretarse.

En esta ocasión me centraré en la cuestión de la libertad de elección y la democratización de la economía.

Muchos defensores de la RBU insisten en que una de las mejores ventajas de la propuesta es que dota a los individuos de mucha libertad para elegir qué quieren hacer con su vida. En efecto, cuando una persona recibe un colchón incondicional de 650 euros mensuales queda liberado de la necesidad de buscarse la vida a cualquier precio y de cualquier forma. Al mismo tiempo, uno dispone de más tiempo y margen de maniobra para hacer lo que realmente quiere hacer, ya sea destinar buena parte de su tiempo al ocio, a la cultura, a formarse académicamente, a buscar un mejor empleo o incluso a creárselo él mismo.

Sin embargo, esto que puede parecer una fantástica ventaja en realidad deja de serlo cuando uno enfoca el asunto desde otra perspectiva. Porque reconozcámoslo: la libertad es un derecho imprescindible y enormemente valioso, pero cuando se dispone de él en dosis extremas puede y suele provocar nuevos problemas, especialmente en relación al mismo derecho pero de otras personas. O, por decirlo de una forma mucho más coloquial: mi libertad acaba donde empieza la libertad del otro. Al fin y al cabo vivimos en sociedad y hay una serie de reglas y conductas que hay que respetar para lograr una convivencia armoniosa. El problema es que no es fácil definir y delimitar lo que deberíamos entender todos por convivencia armoniosa. Sin embargo, los que tenemos una determinada sensibilidad social y ecológica estaremos de acuerdo en que esa armonía debe respetar como poco los derechos humanos, animales y medioambientales. Y aquí es donde la libertad de un receptor de RBU puede extralimitarse.

Por ejemplo, ¿y si uno de estos receptores de RBU utilizara su ingreso y libertad de elección para dedicarse al mundo taurino y por lo tanto maltratara y torturara toros? Un segundo ejemplo, ¿y si otro de ellos utilizara su ingreso fijo para talar descontroladamente buena parte de los bosques y complementar su renta con lo que obtenga por la venta de la madera? Tercer ejemplo: ¿y si otro receptor de la renta utilizara su ingreso para montar una empresa  exitosa con la que luego contratara a trabajadores en malas condiciones laborales? En los tres ejemplos se ataca el derecho a la libertad de los animales, naturaleza y trabajadores, fruto de la libertad del sujeto en cuestión. Es evidente que se trata de ejemplos extremos, claramente interesados, y que esa clase de agresiones podrían controlarse con otro tipo de regulación que en absoluto es incompatible con la RBU. Pero lo que está claro es que el EG se ahorra esos obstáculos y dificultades al encontrar un buen atajo: al condicionar el pago a la elaboración de una tarea que habrá sido previamente pensada y diseñada de forma democrática y que tendrá en cuenta las necesidades sociales y ecológicas de las comunidades locales se está asegurando que el trabajo de todos los participantes redundará en beneficio de la sociedad, y no sólo de su bienestar individual (como podría ocurrir con la RBU).

La mayoría de los defensores de la RBU (si no todos) tienen una muy elevada confianza en la generosidad social de todas las personas. A mí no me cabe duda de que hay muchas, muchísimas personas que si recibieran un ingreso fijo incondicional dedicarían su tiempo, esfuerzo y recursos a trabajar solidariamente por la sociedad. Pero tampoco me cabe duda de que habría otras muchas, muchísimas personas que no lo harían, y utilizarían su dinero para sus proyectos personales, que no sólo podrían no ser solidarios sino que podrían ser nocivos para la sociedad (como en los ejemplos citado arriba). No todo el mundo tiene sensibilidad social y ecológica, y esto es un hecho fácilmente contrastable. Darle un ingreso fijo incondicional no va a lograr que tomen conciencia de que vivimos en sociedad y en una biosfera delicada y que por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta en nuestro día a día, ¡pero sin embargo un EG sí lo lograría! Al participante del programa, ya fuese solidario o no, no le quedaría más remedio que realizar una actividad que beneficiaría a su comunidad, con lo cual no sólo estaríamos consiguiendo que todos pusieran su granito de arena en un proyecto común sino que además muchos de ellos acabarían entendiendo con el paso del tiempo que esas tareas son muy beneficiosas, necesarias e importantes. La propia dinámica de las actividades lograría educar y concienciar a las personas, al igual que la educación y sanidad pública actual han logrado inocular el sentimiento de que son prestaciones cruciales en nuestras comunidades.

Y todo ello no quiere decir que el participante del EG no tenga libertad para elegir en qué va a trabajar. Claro que la tiene, y no necesariamente de forma más limitada que en la RBU. En un EG, una vez el Estado ha dado las directrices que han de respetarse a la hora de diseñar los programas de empleo, todos los individuos y colectivos tienen derecho y competencias para diseñar las actividades y decidir la configuración final de los programas de empleo. De entre todas las actividades aprobadas, cada participante podrá elegir cuál quiere realizar. Las directrices previamente establecidas por el Estado son necesarias para que no se dejen fuera actividades vitales como el cuidado a dependientes o cuidado de la fauna y flora, por ejemplo, y para que no se aprueben actividades que pongan el riesgo a la comunidad, como la construcción descontrolada. La participación ciudadana también es necesaria porque no hay nadie mejor que los propios vecinos para conocer las necesidades sociales y ecológicas insatisfechas en la región.

En definitiva, democratizar la economía no es darle dinero a todo el mundo y dejar que cada uno decida lo que quiere hacer. Democratizar la economía es sentarse todos a ver cuáles son las necesidades económicas, sociales y ecológicas de nuestras comunidades, diseñar las actividades que han de llevarse a cabo, y repartirse esos puestos de trabajo entre todos los que quieran y puedan trabajar.

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