El gran agujero del Impuesto de Sociedades: cómo timar a la mayoría social

Artículo escrito en colaboración con Carlos Sánchez Mato y publicado en El Confidencial el 24 de mayo de 2018

Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad. Urdió un engaño contra Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey que dividió a continuación en dos partes: en una de ellas puso la piel, la carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey y en la otra puso los huesos pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos.

Los gobiernos de PSOE y PP han optado por timar a la mayoría social, justo lo contrario que hizo Prometeo. Lo que han hecho con el Impuesto sobre Sociedades es un ejemplo claro de quién ha ganado y quién ha perdido en la gestión de esta crisis del capitalismo. La recaudación de este impuesto –el impuesto que pagan las empresas por los beneficios que obtienen– es muy inferior en la actualidad que en la época pre-crisis, tanto en términos absolutos como relativos.

Desde 1995 la recaudación se incrementó hasta registrar en 2007 su pico más alto con casi 45.000 millones de euros, para inmediatamente pasar a desplomarse hasta situarse por debajo de los 20.000 millones en 2010. Desde entonces la recaudación ha aumentado, pero tímidamente y sin mostrar una tendencia ascendente decidida, manteniéndose por debajo de la mitad registrada en 2007 y equiparable a la de 2002 (hace ya 16 años). En términos relativos la evolución ha sido incluso más desastrosa: el peso del impuesto sobre el total recaudado pasó desde un 22% en 2007 a un 10% en 2010, nivel del que apenas ha subido desde entonces (11,5% en 2017). En la actualidad el peso del impuesto es similar al que tenía hace nada más y nada menos que 20 años.

La comparación con otros países tampoco deja en buen lugar a nuestro país por la recaudación de este impuesto: mientras que la misma supone un 2% del PIB, en otros países vecinos como Portugal, Suecia, o Bélgica supera el 3% o en otros como Reino Unido, Francia o los Países Bajos está por encima del 2,5%.

¿A qué se debe esta pérdida de importancia del impuesto? Debido a que la figura tributaria grava los beneficios empresariales, lo lógico sería pensar que la caída en la recaudación se debe a la caída de los beneficios. Y esto es algo que ciertamente ocurrió de forma generalizada desde 2008 a 2014. Sin embargo, desde ese año la economía española ha crecido a un ritmo medio del 2,8% y con ella lo han hecho evidentemente también los beneficios empresariales. Buena prueba de ello lo dan los resultados de las grandes empresas.

Las 865 empresas españolas que recoge el Banco de España en su Central de Balances ya recuperaron en el primer trimestre de 2017 los niveles de rentabilidad previos a la crisis. Por ejemplo, las compañías españolas cotizadas, sin contar a Abengoa, ganaron 44.781 millones de euros en 2017, un 21,2% más que el año anterior y muy cerca del récord obtenido en el año 2007. Esta situación se ha dado de forma más o menos generalizada gracias a la recuperación de la actividad económica y a la reducción de los costes financieros iniciada en 2013 y a la que tampoco es ajena precisamente la actuación pública a través de las políticas monetarias implementadas por el Banco Central Europeo (en 2017, las empresas pagaron 54.000 millones de euros menos en intereses que antes de la crisis). Otra prueba de este incremento en los beneficios es el aumento den los dividendos: las empresas dedican 15.000 millones más a pagar dividendos que antes de la crisis (y, por cierto, 10.000 millones € menos a los salarios)

Si nos fijamos en el Excedente Bruto de Explotación (indicador que aglutina los beneficios empresariales, la renta de la propiedad y el consumo de capital) comprobamos que no ha dejado de crecer desde 2014, desde los 441.000 millones de euros hasta los 493.627 millones en 2017.

De hecho, el excedente bruto de explotación ha superado los niveles máximos alcanzados antes de la crisis económica, al igual que ha ocurrido con el Producto Interior Bruto. ¿Cómo es posible, entonces, que con más actividad económica y más beneficios empresariales la recaudación por el impuesto de Sociedades no se haya recuperado y se mantenga en niveles tan bajos? Este fenómeno se explica por varios factores.

En primer lugar cabe destacar la reducción del tipo general impositivo desde el 35% hasta el 25% llevado a cabo por los distintos gobiernos españoles. La última reducción, desde el 30% al 25%, la aplicó el gobierno del Partido Popular en 2014, ¡justo cuando los beneficios empresariales comenzaron a aumentar! De esta forma, por la misma cantidad de beneficios declarados, el Estado recauda menos que antes de la reducción del tipo general. La tendencia de las políticas aplicadas ha consistido en reducir el impuesto que pagan las empresas y aumentar el que pagan las personas consumidoras y las asalariadas: mientras que en los últimos 10 años el peso de la recaudación del impuesto de Sociedades ha caído desde el 22% al 11%, el del IVA ha aumentado desde el 28% al 34% y el del IRPF desde el 36% al 39%.

En segundo lugar hay que mencionar la inmensa maraña de bonificaciones que tiene el impuesto y que cada vez más suponen un colador para las arcas del Estado. Es cierto que algunas de estas bonificaciones están ahora más controladas, pero en general muchas empresas siguen logrando un alivio en su carga fiscal a través de vías más que cuestionables. Algunas logran bonificaciones por anotarse avances en medidas de I+D+i cuando en realidad no han hecho más que algún pequeño cambio productivo u organizativo –a menudo sin consecuencias económicas–; otras acaban pagando menos alegando que tributan parte de sus beneficios en otros países cuando en realidad no está claro dónde están obteniendo realmente esas ganancias ni si realmente están tributando en otras haciendas estatales.

 

Las empresas que más se benefician de este tipo de bonificaciones son las que conforman grandes grupos consolidados, que acaban pagando solamente en torno al 7% de sus beneficios mientras el resto de empresas lo hace aproximadamente por el 12%. Además, estas bonificaciones fiscales continúan aumentando, y según los presupuestos generales del Estado de 2018, este año lo harán en un 62%, un nivel desorbitado y sin parangón que supondrá que el Estado les “perdonará” unos 3.453 millones de euros.

Un factor que explica este desorbitado incremento en los beneficios fiscales lo conforman la aparición en los presupuestos -por primera vez en la historia- de beneficios fiscales aplicados a las socimis. Estas empresas son vehículos de muy baja tributación (están exentas del impuesto de sociedades y disfrutan de exenciones en actos jurídicos documentados, y en otros impuestos municipales como el de plusvalía) y rentabilidad creciente que están protagonizando un número cada vez mayor de operaciones y de inversiones.

Su funcionamiento consiste en la captación de financiación a través de inversores, institucionales o minoristas, para la inversión en bienes inmuebles que se destinen al mercado de alquiler. Aunque comenzaron centradas en la inversión en oficinas, locales comerciales y hoteles, desde 2017 pusieron el foco en la vivienda. Sin duda es un factor que explica la burbuja que se está experimentando en las grandes ciudades. Los beneficios fiscales de estas sociedades serán de 260 millones. Las cinco socimis más importantes registraron un beneficio conjunto de 2.385 millones de euros en 2017, un 69,8% más que en el mismo periodo del año anterior. No parece que necesiten ayudas fiscales. En cualquier caso, la enorme red de bonificaciones fiscales provoca una merma importante en las arcas del Estado que ha sido notablemente criticada por organismos e instituciones como la Comisión Europea, la Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal, o la OCDE.

En tercer lugar se encuentran los créditos fiscales, que suponen una fórmula que permite a las empresas no pagar impuestos si en años anteriores han presentado pérdidas, o si han contratado planes de pensiones privados para sus empleados, o si –en el sector de la banca- han incrementado provisiones. Este artilugio ha permitido, por ejemplo, que desde el año 2008 los seis bancos más grandes de España no hayan pagado en su conjunto ni un solo euro por impuesto de Sociedades a pesar de haber obtenido beneficios por valor de 84.000 millones de euros. Es más, Hacienda les ha pagado a estos bancos 164 millones porque en la liquidación del impuesto les salió a devolver gracias a estos créditos fiscales. Actualmente la cantidad de créditos fiscales en poder de las empresas supera los 100.000 millones de euros, lo que grosso modo nos indica que el Estado perdonará unos 25.000 millones de euros en impuestos a empresas como el Banco Santander, BBVA, Telefónica, Iberdola, ACS, Ferrovial…

Avanzar en situar al Estado español en un nivel de gasto y políticas públicas que estén al menos en la media europea precisaría de una presión fiscal que vaya en esa dirección. Pero en el año 2016, España estaba en el puesto 21 en la recaudación en proporción a la riqueza del país medida en términos de PIB, casi 5 puntos porcentuales y es evidente que la profunda caída en la recaudación del Impuesto de Sociedades tiene mucho que ver en eso. No se debe a que el conjunto de las empresas no estén obteniendo beneficios o a que lo estén haciendo a un nivel muy bajo, sino a actuaciones conscientes en el ámbito político que han aliviado la carga fiscal a las empresas –especialmente las más grandes– a la vez que han aumentado esa presión a las rentas del trabajo y al consumo. No es otra cosa que el resultado de una política fiscal profundamente regresiva que no sólo deja tiritando las arcas del Estado sino que está perjudicando a la mayoría social en beneficio de una minoría privilegiada. Un engaño manifiesto que ha hecho que esa mayoría social se quede con los huesos como Zeus mientras unos pocos se quedan con la carne. Por cierto, Zeus se enfadó bastante con Prometeo…

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