Ya sabemos que la verdadera causa de que el Estado español tenga un déficit público tan elevado es que los ingresos públicos son muy reducidos, y no tanto que el gasto público sea elevado. Ahora pasaremos a explorar por qué esos ingresos son tan exiguos.
El fraude fiscal es la acción que realiza el contribuyente cuando no paga los impuestos que debería pagar a Hacienda acorde a la legislación vigente. Un fontanero que emite una factura sin IVA está cometiendo fraude fiscal. También lo está cometiendo una gran empresa si declara a Hacienda menos beneficios de los que en realidad obtiene. Y hay muchas otras formas de evadir impuestos. En todos los países se comete fraude fiscal, porque para el Estado es prácticamente imposible controlar todas las esferas de la economía (pensemos lo difícil que es descubrir si un fontanero ha emitido una factura con IVA o sin IVA a un cliente). Pero en algunos países se evaden más impuestos que en otros. Y España, según numerosas y diversas estimaciones, es uno de los países donde más fraude fiscal se comete.
Según la organización Tax Justice Network, España ocupa el décimo lugar en el ranking mundial de fraude fiscal en cantidad total. En cantidades relativas ocupa el puesto número 93 de 145 países analizados (1). Según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (2) el fraude fiscal español supone aproximadamente un 23% del PIB, mientras que la media de la Unión Europea ronda el 13% (3). Muchas otras estimaciones apuntan cifras parecidas, lo cual deja en un lugar muy preocupante al Estado español. Recordemos que todo el dinero que deja de ingresar el Estado por esta vía es dinero que no puede dedicar a gastos como sanidad, educación, sueldos o prestaciones sociales, entre otros. Al mismo tiempo ese dinero que deja de ingresar es dinero que tendrá que pedir prestado el Estado en el caso de querer mantener unos gastos concretos (en sanidad, educación, etc), lo que aumentará su deuda. Es decir, cuanto más fraude fiscal exista, menor será la capacidad del Estado para mantener (o aumentar) gasto público y mayor será la necesidad de aumentar la deuda pública.
Alguien podría pensar que en momentos de crisis es incluso sano que el Estado no agobie a los ciudadanos con la recaudación de impuestos, puesto que hay muchas personas pasándolo muy mal y si se les forzara a cumplir con las obligaciones tributarias terminarían por hundirse económicamente. Esto es cierto para muchas familias de renta baja, autónomos y pequeñas empresas que andan con la soga al cuello. Pero no para muchas familias de renta alta, o grandes empresas, que tienen recursos de sobra para cumplir con las obligaciones que la ley establece (y que incluso son más laxas para ellos que en años anteriores). Además, quienes más impuestos evaden son precisamente estas grandes fortunas y grandes empresas. En el siguiente gráfico se comprueba claramente.
Casi las tres cuartas partes del fraude fiscal total corresponden a las grandes fortunas y a las grandes empresas (4). Luego ya tenemos dos motivos para combatir este tipo de fraude: por un lado las grandes fortunas y las grandes empresas son quienes más impuestos dejan de pagar, y por otro lado son precisamente quienes se pueden permitir el pago de los mismos en mejores condiciones. Perseguir el fraude de pequeños empresarios puede ser injusto y además ineficaz, pero no es así con el fraude de los peces gordos.
Sin embargo, y a pesar de lo razonable y lógica que resulta la conclusión a la que hemos llegado, ningún gobierno español ha mostrado interés en controlar y vigilar los impuestos que evaden estos agentes económicos. A pesar de que los sucesivos gobernantes españoles siempre han asegurado públicamente que dedican numerosos esfuerzos a perseguir el fraude fiscal, un simple vistazo a los datos y a los hechos acontecidos en los últimos años nos revelará que tales afirmaciones son rotundamente falsas. Y por la enorme distancia que separa lo enunciado por estos gobernantes de la realidad, estamos en condiciones plenas de afirmar que mienten intencionadamente.
1) Para empezar, ni el Ministerio de Economía y Hacienda ni la Agencia Tributaria tienen una cifra oficial del fraude fiscal español (y mucho menos de quienes lo cometen). Parecería sensato pensar que el gobierno, si quisiera combatir decididamente el fraude fiscal tal y como afirma, debiera empezar por realizar un estudio que cuantificara cuántos impuestos se evaden y quiénes los evaden. Pero desde el año 2004 no se ha realizado ningún estudio oficial de este tipo, lo que demuestra el escaso interés de los sucesivos gobiernos por disminuir el fraude fiscal.
2) Por otro lado, los recursos que han destinado los gobiernos a investigar el fraude fiscal español son notablemente escasos e insuficientes. En España hay un inspector por cada 1.680 contribuyentes, tres veces inferior a la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a Francia y Alemania (5). Esta escasez de recursos se debe a una cuestión política y no técnica. No tiene sentido argumentar que no hay dinero para contratar a más inspectores, ya que ese gasto inicial se vería sobradamente recompensado con los ingresos que se obtendrían por el hecho de combatir mejor la evasión de impuestos. Por cada 78 céntimos de euro invertidos en luchar contra el fraude fiscal, se recaudarían 100 euros (6). Es decir, si no se destinan más recursos a la lucha del fraude es porque no hay interés, no porque no sea rentable.
3) No solamente se destinan pocos recursos a combatir el fraude fiscal, sino que cada vez se destinan menos. El presupuesto asignado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria se redujo en 2013 un 7,7% respecto al ejercicio anterior. Resulta muy curioso escuchar a los gobernantes decir que se esforzarán al máximo por combatir el fraude fiscal a la vez que retiran recursos y medios para combatirlo.
4) El 20% de esa reducida plantilla de Hacienda se dedica a la investigación de fraudes en lo que respecta a las grandes empresas, en las cuales hemos visto que se producen la mayoría de las irregularidades (7). El resto de la plantilla, la inmensa mayoría (el 80%), investiga a autónomos, pequeñas empresas y trabajadores, que no suponen ni el 30% del fraude total. Una asignación que no parece muy coherente si lo que se busca es combatir el fraude y además combatirlo de la forma menos dañina posible.
5) Por si no bastara con la inacción de la Agencia Tributaria para investigar el fraude de los peces gordos, nos encontramos con que cuando éstos acaban siendo descubiertos, los inspectores les proponen facilidades para salir del paso de la forma menos perjudicial posible. Estas facilidades van desde aplazamientos en el pago que no tuvo lugar hasta la simple condonación total de la sanción que deberían abonar (a menudo multimillonarias). Es decir, cuando el gran defraudador es pescado, se le concede tiempo para que pague lo que no pagó en su día y se le perdona la multa que debería pagar por haberse saltado la ley (enseguida veremos un ejemplo). Delinquir les sale gratis. Algo que jamás ocurre, por ejemplo, cuando un ciudadano medio es descubierto ocultando información en la declaración de su renta.
6) Y para terminar, el colmo de todos los colmos: la amnistía fiscal. Procedimiento inconstitucional por el cual se invita a los delincuentes fiscales a depositar en las arcas públicas una pequeña parte de lo defraudado a cambio de que el resto sea perdonado y olvidado para siempre. Sobra decir que los beneficiados de esta medida son las grandes empresas y fortunas que utilizan en sus actividades paraísos fiscales así como otras rentas y patrimonios de volumen sobresaliente. Mientras los que han cumplido la ley a rajatabla y pagado sus impuestos religiosamente no reciben ningún trato especial, los que se la saltan son perdonados a cambio de una limosna.
Toda la evidencia posible demuestra que los gobernantes no tienen ningún interés en combatir el fraude fiscal perpetrado por los más ricos. Y no solo eso, sino que además intentan por todos los medios sacarles las castañas del fuego cuando por algún motivo han sido cazados. Esta constatación, unida a la que plantearemos en breve referente a lo profundamente injusto que es el sistema impositivo español, refuerza la idea de que nuestro régimen político dista mucho de ser una democracia verdadera. En una democracia real, donde el poder reside en el pueblo, no puede ocurrir que los más ricos se salten las leyes impunemente bajo el beneplácito de los gobernantes.
Ahora expondremos un ejemplo que revela perfectamente cómo el gobierno español protege y perdona a los grandes defraudadores.
Notas:
(1) http://www.tackletaxhavens.com/Cost_of_Tax_Abuse_TJN_Research_23rd_Nov_2011.pdf
(3) En realidad lo que alcanza el 23% del PIB es la cantidad de economía sumergida. Pero con objeto de simplificar, identificamos fraude fiscal con economía sumergida. Aunque estrictamente son conceptos diferentes, para el propósito del artículo esta comparación es permisible porque no perturba el análisis.
(4) Para la Agencia Tributaria estatal las grandes empresas son aquellas que realizan operaciones por importe superior a 6 millones de euros al año
(5) http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=263
(6) Fernando DÍAZ YUBERO, “Aspectos más destacados de las Administraciones tributarias avanzadas”, Instituto de Estudios Fiscales. http://gestrisam.malaga.eu/export/sites/default/economia/gestrisam/portal/menu/seccion_0011/documentos/Administraciones_tributarias_avanzadas_xIEFx.pdf
(7) http://www.20minutos.es/noticia/1268119/0/impuestos/rentas/IRPF/
2.6 Fraude fiscal,
@Eduardo,
como siempre hago, primero darte la enhorabuena por tu trabajo.
me gustaría abrir los ojos un poco más a las personas que leen tus artículos, y tratar de combatir el mito de que si los ‘ricos’ (grandes empresas que facturan más de 100 millones de €, y personas físicas de base imponible de más de 1 millón de €) aportaran lo que deberían aportar, no existiría la crisis, y no tendríamos déficit. Desde mi punto de vista, es una auténtica falacia y mito urbano que me gustaría describir con cifras y pensamiento racional, y no con datos sobre los que se tiene que aplicar mecanismos de fe.
1. Impuesto de patrimonio. Fué reestablecido por el gobierno de Zapatero a finales de 2011, y no ha sido eliminado por el ejecutivo de Mariano Rajoy. Su recaudación histórica era en torno a los 1.000 millones de euros anuales.
2. Las famosas SICAV. El patrimonio total asciende a 25.000 millones. Si en lugar de tributar al 1%, lo hicieran al 30% (impuesto de sociedades), y suponiendo una rentabilidad anual del 10% (que ya es mucho), nos proporciona una recaudación en torno a los 1.000 millones de euros anuales. Para los que no lo sepan, si un propietario quiere ‘sacar’ dinero de un fondo sicav, debe tributar como cualquier hijo de vecino en más del 20% para ganancias de capital, intereses y dividendos. Querer convencer a la gente que solo tributan al 1% es muy mal intencionado.
3. Elevar el tipo marginal de las rentas de más de 100.00€ en el 75% (cainita absoluto). Actualmente, estas rentas aportan el 15% del total de IRPF. La mayor carga es para las clases medias, pero básicamente porque proporcionalmente son mayoría absoluta (por fortuna). Bueno, pues si se incrementara, se obtendría una recaudación de no más de 5.000 millones de € anuales.
4. Subir el impuesto de sociedades desde el 30% al 35%, apenas otros 3.000 millones (recordemos que estamos en 2012 con una recaudación de 2003, es decir, apenas se recaudan 19.000 millones, y han cerrado más de 200.000 empresas desde que comenzó la crisis, así que podríamos decir que los empresarios también han pagado su parte).
5. Economía sumergida. Es curioso dos detalles: A. GESTHA es un sindicato (entidad subvencionada y con intereses políticos). B. No aparece por ninguna parte, ni en el informe de gestha, ni en el de otros organismos internacionales, los procedimientos estadísticos exactos de medición de la economía sumergida. Apenas unas referencias muy someras. Si aplicamos el pensamiento racional, antes de dar por ciertas supuestas cifras del 22% por mecanismos de fe, deberíamos buscar los procedimientos. Porque la gente también tiene que saber que la economía es ‘sumergida’, es decir, nadie sabe cómo existe, por lo que las mediciones se realizan sobre algo que no se puede medir.
Pero supongamos que aumentamos el ratio inspector/ciudadano, y bajamos del 22% a los niveles de Suecia Dinamarca del 15% (menos es un brindis al sol). Suponiendo un tipo tributario medio del 30%, esto nos proporciona una recaudación extra de 20.000 millones €.
Bien, si sumamos todas las cifras, obtenemos una cifra global de 30.000 millones de €. Pero para quienes quieran saber la realidad, la cifra de déficit público es en torno a los 90.000 millones. La cifra es sideral y astronómica. ¿de donde obtenemos los otros 60.000 millones? ¿seguimos aumentando el cainismo?
La gente tiene que saber que en España hemos sufrido desde 2001 a 2007, tres burbujas: financiera, inmobiliaria y estatal (por orden). Si nos centramos en la estatal, los presupuestos generales del estado crecieron desde 2001 a 2007 en 150.000 millones de € !! ¿gracias a qué? a los ingresos siderales que procedían de la burbuja inmobiliaria y sus efectos de recaudación. El estado ha crecido a un ritmo de burbuja, y la prueba es que gastamos casi 90.000 millones de € más de los que ingresamos.
La gente tiene que saber que nuestro PIB de 1,1 billones de € es IRREAL. Nuestro país, sin burbuja inmobiliaria, no tiene capacidad de crear semejante cantidad de productos y servicios sin ladrillo. Por tanto, todos los cálculos de tamaño del estado en relación al PIB son falsos.
La gente tiene que entender que tenemos más hospitales, universidades, carreteras, aves, centrales térmicas o aeropuertos (por dar ejemplos ilustrativos) de lo que somos capaces de recaudar y pagar. Como consecuencia de la burbuja, todo creció, y gastábamos presupuesto consolidado, como si los ingresos del ladrillo fueran a estar para siempre.
Algunos argumentan que cuando vuelva el crecimiento, podremos cuadrar las cuentas. ¿Alguien se cree que seremos capaces de volver a recaudar 90.000 millones de € en actividad económica? ¿en serio? ¿sin burbuja?
Otros sectores reclaman dejar de pagar la deuda ‘ilegítima’. Es decir, resetear nuestra deuda pública al 0%. ¿Y? seguiríamos teniendo un déficit estructural del 7% (70.000 millones de €), que se incrementarían como consecuencia de que definitivamente entraríamos en default (nadie, ni el BCE querría prestarnos dinero), y en menos de una década estaríamos de nuevo en las mismas cifras.
Solo existen dos vías:
A. continuar queriendo mantener nuestro sistema público sobredimensionado a base de seguir incurriendo en más y más impuestos cainitas propios de sociedades peronistas.
B. Bajar impuestos a niveles incluso menores de 2007, disminuir el estado, con lo que reducir el déficit, con lo que se conseguiría devolver la confianza de los ahorradores que quieren invertir en empresas y empleo. Los ciudadanos aumentarían su capacidad de ahorro. Básicamente volver a nuestros niveles de calidad de vida del 2001. ¿Alguien considera que vivíamos mal en el año 2001? Teníamos un sistema sanitario y educativo público excepcional, y no muy diferente al que tenemos ahora.
Es imposible bajar impuestos, mantener el estado sobredimensionado, y reducir déficit, en las actuales condiciones, donde no tenemos banco central. Es matemáticas.
Yo defiendo el sistema de bienestar europeo, básicamente porque proporciona cohesión social, ciudadanos mejor educados y más sanos, sobre los que se construyen sociedades mejor preparadas. Pero lo que no se puede defender es lo que no es matemático y aritmético. Se puede ser social, pero no estúpido.
Por tanto, para terminar, simplemente decir que muchas de las ideas que la izquierda (sindicatos, partidos políticos, economistas, etc.) trata de convencer a la sociedad, en muchos casos, son falacias y teorías absurdas que no son propias de sociedades evolucionadas como la nuestra. Querer convencer que subiendo los impuestos a los ‘ricos’ o atacar la economía sumergida, nos sacaría de la crisis, es tratar a las personas como entidades sin capacidad analítica.
un saludo.
Hola Arturo, gracias por tu comentario. No obstante, no comparto gran parte de lo que comentas. Pero no voy a ser específico porque quizás no terminaríamos nunca. Solo unas pocas consideraciones:
1) En ninguna parte del artículo se dice que si combatiésemos el fraude fiscal se acabaría la crisis, ni siquiera que se redujese el déficit. Si lo que quieres es aclararlo para terceras personas que puedan estar un poco confundidas me parece bien. Pero hay una diferencia entre mi postura y la tuya. Tú te aferras a esa incapacidad de la lucha contra el fraude fiscal para atacarlo. Has dado muchos datos (muchos de ellos no los comparto, porque tengo otros bastante diferentes) y has puesto mucho énfasis en demostrar que no soluciona el déficit. Pero mi postura es diferente, porque planteo la reforma fiscal como una condición necesaria, aunque no suficiente, para solventar muchos problemas de la economía española. Claro que la lucha contra el fraude es difícil, y claro que no es la panacea, ¿pero esa insistencia en desprestigiarla y atacarla? Deberíamos luchar porque se lleve a cabo, aunque sea imperfecta, y no esforzarnos en atacarla. Y no solo porque sea una medida que aliviaría problemas económicos, sino porque, y más importante aún, se trata de justicia fiscal. Si queremos una democracia verdadera hemos de empezar por ahí. Si luego vemos que es insuficiente (que ya sabemos que lo es), nos pondremos a pensar en el siguiente paso. Pero eso de atacar sus debilidades me parece muy contraproducente, porque va en línea de los argumentos de los ricos y poderosos.
2) La economía sumergida debe estar por el 23%, porque no solo los técnicos de hacienda (me llama la atención tu escepticismo sobre ellos… ¿qué intereses políticos tienen? ¿atacar a PP y PSOE? No le veo sentido) han estimado esa cantidad. Te pongo algunos ejemplos:
Hasta ahora, los únicos datos oficiales sobre economía sumergida que han trascendido son los procedentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de noviembre de 2004, que cifraban la economía sumergida en torno al 20% del PIB.
El Servicio de Estudios del BBVA, en la pág. 14 del informe “Situación Inmobiliaria. Octubre 2001”, se dice textualmente ”A lo largo de 2001, el volumen de efectivo aflorado en la economía española, el llamado “efecto euro”, se estima que podrá ser del entorno de los 1,6 billones de pesetas, de los que una parte importante está incidiendo en el mercado inmobiliario, incrementando las ventas y presionando los precios al alza en 2001.
Una estimación de este estimulo de demanda indica que el efecto total en 2001 podrá suponer el 12% del total de las ventas inmobiliarias; lo que en el mercado residencial supondrá un aumento de 100.000 transacciones, con lo las ventas totales pudieran llegar a las 900.000 viviendas en el conjunto del año.
El CES de Andalucía aprobó el 13/5/2002 el estudio “La Economía Sumergida en Andalucía” que transcribe las estimaciones de la OCDE para España en el 23,4% del PIB para 1998, cuya fuente es Friedrich Schneider, Doctor del Departamento de Económicas Johannes Kepler de la Universidad de Linz. Este autor viene publicando las series sucesivamente. Las primeras estimaciones que elaboró para la OCDE para 2004/2005, sitúa la economía sumergida en España en el 20,4% PIB en 2004/2005.
La Comisión Europea en un estudio realizado sobre la economía sumergida en la UE de los 25, correspondiente al ejercicio 2002, estimaba que la economía sumergida en España había aumentado desde el 15% en 1998 hasta el 22% del PIB, concentrándose especialmente en los sectores de agricultura y construcción. España se encuentra a la cabeza (detrás de Grecia) de la economía sumergida entre los 25 países.
Un estudio publicado en abril de 2003 en el número 95 de ‘Papeles de Economía Española’ de la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (Funcas), elaborado por los catedráticos Manuel Antonio Muñiz y C.A. Knox Lovell sobre la eficiencia y productividad del sector público, indica que la economía sumergida española supone el 23% del PIB español y advierten de que este porcentaje va en aumento.Un estudio publicado en abril de 2003 en el número 95 de ‘Papeles de Economía Española’ de la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (Funcas), elaborado por los catedráticos Manuel Antonio Muñiz y C.A. Knox Lovell sobre la eficiencia y productividad del sector público, indica que la economía sumergida española supone el 23% del PIB español y advierten de que este porcentaje va en aumento.
El 4/8/2003, el Instituto de Estudios Fiscales ha publicado un informe que la sitúa entorno al 20,9% del PIB, titulado “Una evaluación del grado de incumplimiento fiscal para las provincias españolas”, Autores: Ángel Alañón Pardo y Miguel Gómez de Antonio, Universidad Complutense de Madrid, P. T. Nº 9/03
El 5 de febrero del 2005, el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) reconocía que “la economía sumergida en España podría situarse entre el 20% y el 25% del PIB, aunque admitió que es muy complicado establecer cuál es el porcentaje concreto”. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid lo sitúa en el 23% ó 24% del PIB.
El 24/10/2007 el comisario de Empleo y Asuntos sociales, Vladimir Spidla, explicó que el trabajo no declarado es una práctica extendida en la Unión Europea y afecta especialmente a los países del sur y este de Europa donde podría suponer hasta el 20% del PIB, y se concentra en sectores como la construcción y el servicio doméstico y en segmentos de la población como estudiantes, parados y trabajadores autónomos. Un fenómeno cuyo volumen podría servir para “sanear la situación de la Seguridad Social” de muchos países y “equilibrar los presupuestos”. Para afrontarlo, Bruselas recomienda a los gobiernos la reducción de la fiscalidad sobre el trabajo, la fijación de un salario mínimo, la disminución de las cargas administrativas, revisar antes del 2009 las disposiciones transitorias que limitan la movilidad de los trabajadores de los nuevos estados miembros y por último, propone crear una plataforma europea de cooperación entre los inspectores de trabajo de los Veintisiete y otros organismos de control para erradicar el trabajo en negro.
El 29/11/2007 se publicó el informe «Doing Business 2007» del Banco Mundial, que señala que la economía sumergida en España representa el 22,6% del Producto Interior Bruto (PIB) oficial, frente a un 17,4% de media en los países de la OCDE. Las estimaciones del Banco Mundial sitúan el nivel de la economía sumergida de España por debajo del caso de Italia (27% del PIB oficial) y Grecia (28,6%), idéntico al de Portugal y notablemente superior al de Alemania (16,3%), Francia (15,3%), Reino Unido (12,6%), Japón (11,3%) y Suiza o Estados Unidos (8,8%).
El 05/05/2008, el Ministerio de Trabajo reconocía que “…Tres años después de la regulación extraordinaria, el número de trabajadores sin permiso ha vuelto a superar el millón de personas”, y se hacía eco de que la economía sumergida en España alcanza el 23% del Producto Interior Bruto, según un reciente informe de expertos independientes encargado por la Comisión Europea. Este tipo de prácticas están aumentando en toda Europa, pero, de los siete estados (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, España, Suecia y el Reino Unido) estudiados en el entorno comunitario, España presenta la tasa más alta después de Italia con un 27,2% del PIB, y muy por encima de las estimaciones para la UE que varían ampliamente de un 3% hasta un 15% del PIB. En todos ellos, eso sí, trabajo ilegal “está aumentando”.
El 13/01/2010 el, entonces, ministro de Trabajo, Celestino Corbacho situó la economía sumergida en el ámbito laboral entre el 16% y el 20% del PIB, o lo que es lo mismo, entre 160.000 y 200.000 millones de euros. Era la primera vez que un miembro del Gobierno ponía datos a la “economía irregular”. Esas declaraciones fueron inmediatamente afeadas por la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, quien manifiestó que “no hay estimaciones sobre la economía sumergida en España como no las hay en ninguno de los países de nuestra economía occidental”, y por el Secretario de Estado de Economía, Campa, que calificó de “excesivamente osado” dar esas cifras, porque “las estimaciones tienen únicamente ese valor: son estimaciones, en algunos casos de algunas fuentes sin ninguna base científica”.
El 27/09/2010 el Círculo de Empresarios presentó el estudio “Implicaciones de la economía sumergida en España”, calculando la ex presidenta del Instituto Nacional de Estadística, Carmen Alcaide, la tasa sumergida actual entre la quinta y la cuarta parte del PIB, un nivel superior a la media europea y “muy por encima” del de Estados Unidos. El presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, lamentó los datos y urgió al Gobierno a “tomarse en serio” una situación que, si bien “supone un alivio para paliar situaciones penosas en tiempos de crisis, a largo plazo perpetúa los abusos y la explotación”.
El 31/3/2010, el entonces Director de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT), Luís Pedroche, afirmó en una entrevista para EL PERIÓDICO que “Un estudio de la Comisión Europea sitúa a España en la horquilla baja de fraude en el IVA, con un 2% de defraudación (1.418 millones de euros). Lo importante es que España no tiene un especial problema de fraude en el IVA.” Pero el Director no dijo que la propia AEAT facilitó los datos del IVA al Informe Reckon y el Director omitió que el propio informe recoge otra estimación del Ministerio belga de Finanzas sobre fraude carrusel en el IVA en Europa, en el que España aparece como uno de los países mas expuestos a este tipo de fraude y el segundo mayor de Europa (tras Reino Unido), y que cuantifica para el año 2006 en 2.583 millones de euros, utilizando datos de Eurocanet (european carousel network). Es decir, una sola modalidad de fraude en el IVA español es superior a ese 2% de defraudación total en el IVA de la que alardeaba el Director.
El 30/01/2011 el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, cuantificó globalmente la economía sumergida española en torno al 20 % del PIB y aseguró que la reforma de las pensiones pactada ayudará a reducir la economía sumergida, y podría hacer aflorar entre 100.000 y 150.000 empleos irregulares gracias a la nueva ayuda económica de cerca de 400 euros para parados sin ingresos que quieran hacer programas de inserción laboral, que sustituiría al PRODI, la ayuda de 426 euros que recibían.
El 13/03/2011 la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) publicaba en sus Cuadernos de Información Económica un completo estudio realizado por los profesores del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Rey Juan Carlos, María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez, los cuales estimaban la economía sumergida en el 21,5% del PIB entre los años 2005 y 2008, con un coste recaudatorio del 7% del PIB y un número de empleos sumergidos de unos 4,23 millones de personas. Y recogían una interesante conclusión “Mientras se duplicaba el volumen de la economía oficial, el de la sumergida se multiplicaba por cuatro”.
Un estudio elaborado por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) sitúa el volumen de la economía sumergida en el 23,3% del PIB en 2009.
Otras recientes estimaciones de Fiedrich Schneider, sitúan el tamaño de la economía no declarada en 2010 en el 19,8% del PIB.
3) No considero que el sector público esté sobredimensionado. Que hay fallas, por supuesto. Pero hasta el punto de estar sobredimensionado… El gasto del Estado español representa sólo el 45% del PIB, mucho más bajo que el promedio de los países de la UE-15, que es el 50,8%.
4) No hay ninguna ley que te obligue a reducir el déficit público en un periodo corto de tiempo, como actualmente obliga la UE. Es absolutamente absurdo querer reducirlo en una época de recesión. Lo importante es mantenerlo controlado hasta que el país lograra encontrar una vía de crecimiento, y entonces comenzar a hacerle frente. Pero ya aquí nos metemos en otro tema.
@Eduardo,
muchas gracias por tu contestación (en serio). Has especificado fuentes, que es lo que hecho de menos en tus artículos (no porque no las tengas, sino porque no las escribes).
1. Para nada ha sido mi interés desprestigiar la lucha contra la economía sumergida. Si ese ha sido la percepción como resultado de mi post, rectifico. Es necesario luchar contra el fraude fiscal, si o si. Ahora, en lo que sí vuelvo a puntualizar es en la falta de información en las cabeceras de tus artículos en donde se aclare que la lucha contra el fraude no provocará la recaudación suficiente como para acabar con nuestro déficit. Luego te encuentras en la vida real ciudadanos que dicen lo contrario, y que viven en su propia ignorancia.
2. Excelente listado de trabajos e investigación sobre economía sumergida. Pero vuelvo a decir lo mismo que al principio. Y te pregunto. ¿publican los procedimientos estadísticos y los datos sobre los que se basan? porque la gente tiene que entender que son estudios sobre datos que no se tienen. Por eso se llama “economía sumergida”.
3. Eduardo, que la media sea 50% PIB (que me parece una barbaridad; sustraer la mitad de la riqueza de un país), no significa que sea sostenible. La mayoría de esos países (con Francia y Alemania a la cabeza) llevan sufragando ese estado ‘sostenible’ del bienestar a base de emitir más y más deuda pública, y por tanto, estar a expensas de tener que crecer y crecer por imperativo económico. Hasta que llegamos a una crisis, nos encontramos con nuestra realidad, y la única manera de contenerla es subir más todavía la substracción de impuestos.
4. Toda la razón del mundo. Independientemente de la estrategia de futuro, no se puede atacar el déficit de esta manera en mitad de una recesión.
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