La brecha de género muestra todo su esplendor en las pensiones

Artículo publicado originalmente en el número 59 de La Marea

 

El pasado 8 de marzo vivimos una histórica jornada de reivindicación feminista. Ese día muchos fueron conscientes por primera vez de que en nuestras sociedades la mujer se encuentra en una situación de subordinación e inferioridad con respecto al hombre, mientras que quienes eran ya conscientes de ello reforzaron sus convicciones y se empoderaron aún más. Esta situación de desigualdad tiene sus raíces en una división sexual del trabajo, que empuja al colectivo femenino a ocuparse del trabajo reproductivo y de cuidados mientras que el colectivo masculino tiende a acaparar los trabajos productivos.

Este reparto del trabajo tiene una repercusión clara y notable en términos económicos, sociales y culturales. Las actividades que se suelen encomendar a las mujeres no están reconocidas siquiera como “trabajo” o “empleo” sino que se consideran “tareas” o “labores”, no están remuneradas o lo están de manera insuficiente, y no gozan de prestigio social (está mejor visto trabajar para una empresa –se dedique a lo que se dedique– que cuidar a un anciano dependiente en casa). Todo esto explica que las mujeres cobren de media un 23% que los hombres y que estén relegadas socialmente a un segundo plano.

Pero a pesar de que la raíz de la injusticia se encuentra en el reparto del trabajo, la brecha de género no desaparece cuando finaliza la época laboral, sino que ocurre todo lo contrario: ¡se agudiza! Esto es así porque nuestro modelo económico vincula las pensiones a la remuneración obtenida en un puesto de trabajo. Puesto que el trabajo asociado históricamente a las mujeres está mal remunerado o no lo está, ellas reciben menos pensiones que ellos y además de cuantía inferior.

A pesar de ser muchas más que los hombres, sólo el 37% de las pensiones de jubilación son para mujeres. Además, ellas cobran un 36% menos que ellos: la pensión media de las mujeres es de 797,5 euros mensuales frente a los 1.247,46 euros que reciben de media los hombres. Lo mismo ocurre con las pensiones por incapacidad permanente: ellas reciben menos número de prestaciones que ellos (339.125 frente a 609.250) y además de menor cuantía (835,16 euros mensuales frente a 998,40 euros).

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En cambio, las mujeres se llevan la palma recibiendo pensiones de viudedad, aquellas que dependen de la cantidad cotizada por su pareja. Pero no es ningún consuelo: son pensiones muy bajas, con una media de 665,81 euros; no mucho más de lo cobran los hombres por estas pensiones (488,54 euros). Ocurre algo parecido, aunque de forma más mitigada, con las pensiones en favor de familiares, que son como las de orfandad pero para familiares distintos de hijos e hijas. El único tipo de pensión que se libra de la brecha de género es la de orfandad, precisamente debido a que las personas beneficiarias son menores de edad y todavía no han sufrido la división sexual del trabajo.

Estos datos revelan claramente cómo la brecha de género en las pensiones es incluso más preocupante que la existente en el mercado laboral. No es casualidad porque el sistema, al vincular las pensiones a la remuneración obtenida en un empleo, termina replicando y amplificando las diferencias que se encuentran en el mundo del trabajo. La solución a este problema no es sencilla porque no puede ser coyuntural sino profundamente estructural. No se trata de reformular el sistema público de pensiones sino de transformar el mundo laboral. Pasa inevitablemente por reconocer, dignificar, remunerar y también repartir de forma equitativa entre hombres y mujeres todo ese trabajo de cuidados que se realiza mayoritariamente en el ámbito invisible del hogar. Medidas como la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad -haciéndolos intransferibles y obligatorios– para no discriminar a las madres en el ámbito laboral, desarrollar los servicios de dependencia y de cuidados mediante la construcción de escuelas infantiles y centros de mayores donde trabajen tanto hombres como mujeres, así como otras actuaciones dirigidas a evitar la segregación sexual en el trabajo, contribuirían a reducir la brecha de género existente en el mundo laboral y, también, la que pervive más allá de sus fronteras.

 

 

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