A lo largo de todo el jueves pasado se difundió mucha información referente al episodio que está viviendo el Estado de Argentina frente a la presión judicial de algunos fondos buitres. La complejidad del asunto, la falta de profundidad en muchas de las noticias y reportajes, la confusión de algunos periodistas a la hora de escribir sobre temas que no conocen muy bien e incluso la poca simpatía que muchos grandes medios sienten por el gobierno de Argentina han contribuido a crear una narración inexacta que da lugar a mucho desconcierto. Argentina no ha entrado en default o en suspensión de pagos, no al menos de la forma convencional referida a la incapacidad de pagar sus deudas. Si el Estado argentino no ha pagado una parte de su deuda es debido a un conflicto judicial y político, no porque no tenga suficiente dinero para hacerlo (que es lo que se desprende al leer la mayoría de noticias que pueblan los grandes medios). Pero empecemos desde el principio.
Tras la grave crisis de 2001 y tras la enorme deuda que había contraído el Estado argentino, el gobierno de Néstor Kirchner negoció una reestructuración de la misma en 2005 (que luego tendría un segundo episodio en 2010). Esta reestructuración consistía en lo siguiente: por cada 100 dólares que debía el Estado argentino a sus acreedores, sólo se devolverían 35 dólares. Evidentemente ésta era una fórmula que beneficiaba mucho al Estado, porque así pagaría menos y por lo tanto aliviaría el peso de su deuda pública. Para los acreedores (bancos y otros agentes financieros) suponía registrar bastantes pérdidas, porque recibirían menos dinero del que prestaron en su momento, pero aún así la inmensa mayoría aceptó el trato: preferían que se les devolviese menos dinero a que no se les devolviese nada.
Sin embargo, un 7% de los acreedores no aceptaron la oferta del gobierno argentino porque querían recuperar todo el dinero prestado. A estos acreedores se les conoce como holdouts, es decir, los que se quedan fuera del trato. La única forma de recuperar todo el dinero prestado es por la vía judicial, demandando al Estado argentino por haber vulnerado sus compromisos de pago y confiando en que algún tribunal del planeta falle a favor de los demandantes y obligue al Estado a devolver el dinero prestado más la penalización correspondiente.
A este tipo de actuaciones es a lo que se dedican profesionalmente los fondos buitre, que son fondos de capital de alto riesgo gestionados por entidades financieras. Estos gestores, que mueven importantes cantidades de dinero, disponen de equipos profesionales de abogados que se conocen todas las artimañas y cuentan con todos los recursos necesarios para ganar en los tribunales las demandas llevadas a cabo contra empresas y Estados. Su actuación no sólo se limita al ámbito judicial sino que también utilizan distintos métodos de presión –que van desde embargos, operaciones de lobby y campañas de prensa desprestigiando a los Estados deudores-. Su denominación de buitre se debe a que atacan a empresas y Estados que tienen dificultades de pago con el objetivo de obtener suculentos beneficios (por ejemplo, en 1996 el fondo buitre Elliott Management Corp se gastó 11 millones de dólares en un pleito contra el Estado de Perú; pero su victoria en los tribunales le supuso ganar 58 millones de dólares).
Desde entonces, los fondos buitres han estado demandando al Estado argentino en varios tribunales. Primero en Bélgica y luego en Alemania, donde la justicia no les dio la razón. Pero recientemente la justicia estadounidense (mucho más permisiva con las “libertades” económicas) falló a favor de estos fondos. Puesto que el fondo buitre que lidera el litigio reclama 1.500 millones de dólares, el juez que lleva el caso ha ordenado la congelación de esa cantidad en una cuenta que tiene el Estado argentino en el banco estadounidense de Bank of New York Mellon. El objetivo es que el Estado argentino no pueda mover ni un dólar de esa cuenta hasta que le pague al fondo buitre demandante. El problema es que en esa cuenta hay dinero que iba destinado a los bolsillos de otros acreedores que sí aceptaron la reestructuración de la deuda argentina (es decir, que no son holdouts). Y el día 31 de julio terminaba el plazo para que Argentina devolviese 539 millones de dólares a esos acreedores. Puesto que la congelación del dinero se lo ha impedido, esos acreedores se han quedado sin cobrar. Técnicamente se trata de una suspensión de pagos selectiva (porque no es general, sino que no se le ha pagado a unos acreedores en concreto), y por eso la rebaja de rating iniciada por Standar and Poor’s y continuada por las otras dos grandes agencias de calificación. Pero lo importante es entender que ha sido una suspensión de pagos forzada, ya que Argentina tiene el dinero pero no lo puede mover por orden judicial estadounidense.
El Estado argentino podría haber evitado la suspensión de pagos selectiva si hubiese pagado esos 1.500 millones de dólares a los fondos buitres. Se hubiese liberado el dinero de la cuenta y se le podría haber pagado a los otros acreedores. Pero no ha querido hacerlo por dos razones: la primera es que no considera justo que así sea, por mucho que lo diga la justicia estadounidense. La segunda es que hacerlo podría sentar un precedente para que el resto de holdouts se vieran animados a seguir pleiteando con más fuerza hasta salirse con la suya. El Estado argentino ha elegido rebelarse frente a los fondos buitres y la justicia estadounidense, y por eso va a recurrir al tribunal internacional de La Haya. El coste de hacerlo es el daño que inflige sobre la credibilidad de su gobierno la propaganda mediática. En menos de 24 horas, la inmensa mayoría de los medios de comunicación se lanzaron a difundir que Argentina había entrado en suspensión de pagos, sin explicar muy bien qué era esto y dando a entender que el país sufría enormes problemas para devolver sus deuda. La mala intención de esta información es evidente, y responde a los numerosos y diversos intereses económicos y políticos que buscan el descrédito de un gobierno argentino que decidió rebelarse hace ya bastante tiempo frente al abusivo poder de la élite financiera.
La falta de rigor de los medios: Argentina no está en una suspensión de pagos convencional,
NO ES ESTO…: La segunda es que hacerlo podría sentar un precedente para que el resto de holdouts se vieran animados a seguir pleiteando con más fuerza hasta salirse con la suya…….
…, según he leído….
SINO QUE… +++los que aceptaron la »quita»… pusieron como condición… que no HUBIERA futuros PRIVILEGIOS a otros bonistas
No. Esa condición (recogida en las cláusulas RUFO) sólo se aplica si esos privilegios otorgados se materializaban de forma voluntaria. Al ser la sentencia de un juez, y por lo tanto involuntaria, la cláusula no se activaría.
Que grande eres, Alberto!!!!! Al fin leo un español que explica correctamente lo que está pasando en Argentina. Gracias.
Grande Eduardo. Gracias por aclararnos este asunto.
[…] […]
Excelente explicación. Por primera vez entiendo lo que está pasando en Argentina. Muchas Gracias
Si bien la nota es correcta como opinión y los detalles de las operaciones mediáticas financieras, contiene, a mi juicio, dos errores que mejoran esa reflexión. El juez de USA ha bloqueado el pago de los 539 y no 1500 millones de dólares. Y lo más importante, los bonistas no le prestaron ni un peso a Argentina, se limitaron a recomprar los bonos a precios devaluados después de la crisis del 2001. Por eso el gobierno argentino ofreció una ganancia del 300 % (la misma que ofreció a la mayoría) y aún así los holdouts no aceptan.
[…] Publicado en su blog: Saque de esquina el 1 de Agosto de 2014 (enlace aquí) […]
al hilo de lo que dice Alf, eso de «recuperar todo el dinero prestado» es bastante inexacto y confunde a quien no sepa de que van estos fondos.. que no prestan a nadie, sino que se dedican a especular. por lo demás, esclarecedor, saludos.
[…] La falta de rigor de los medios: Argentina no está en una suspensión de pagos convencional […]
Hace 2 años q el gobierno de Cristina Kirchner viene llamando a esta situación «DEFAULT TÉCNICO». No me parece correcto culpar a los medios como lo hace hipócritamente el gobierno argentino. En tal caso, es otra impericia del Poder Ejecutivo.
Les dejo un link(hay muchos) del diario ultra oficialista Página12 del año 2012. Noten q la publicación no está firmada.
-«¿Cuáles serían las consecuencias de un revés judicial en todas las instancias?»
-«…Si se opta por desconocer el fallo, Griesa continuaría restringiendo que el Banco de Nueva York transfiera los fondos a los acreedores y, eventualmente, las calificadoras de riesgo afirmarían que el país entró en una situación de default técnico nada equiparable al escenario de 2001»
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-208442-2012-11-23.html
Querido Eduardo:
Muy claro, como siempre tu artículo. Permíteme humildemente agregarle lo siguiente sobre la decisión del gobierno argentino:
También está la cláusula “Right Upon Future Offer” (RUFO) que se define en el caso que nos ocupa como el derecho a una oferta mejor para los que entraron en los canjes si el gobierno voluntariamente mejora las condiciones propuestas a alguno de los bonistas que no ingresaron en ellos. Y subrayo ex profeso la palabra voluntariamente pues me pregunto si una oferta mejor en el cumplimiento de una medida judicial como la del juez neoyorquino es voluntaria o, como tal, de cumplimiento obligatorio. Si bien en ambas situaciones hay consecuencias jurídicas, ante una medida judicial si voluntariamente decido no acatarla estoy incumpliendo la ley. En conclusión, precisamente esta cláusula impide que Argentina pueda abonarle voluntariamente a los holdouts más de lo que le desembolso a los bonistas del canje. Consiste en una medida que protege a los bonistas reestructurados de que no puede el país realizar voluntariamente un ofrecimiento mejor a otros acreedores, y cuya vigencia rige hasta fines de diciembre de este año.
Y, para terminar con las cláusulas, es hora de reparar la “esquizofrenia” que implica el no brindar un trato similar a las deudas internas o corporativas que a las deudas internacionales, mediante las “Class Actions” (CCAs) o Acciones de Clase o Acción Colectiva. Consiste en una cláusula que establece que, ante los bonistas que no ingresan en los canjes – holdouts-, rige el acuerdo de la mayoría que sí ingresó.
Abrazo
Te falta bastante de la Historia que contar aquí puedes leerla completamente: http://politikon.es/2014/08/01/argentina-y-los-banqueros-salvajes/ pero te la resumiré. El estado a finales de los ochenta principio de los noventa se endeuda en su propia moneda. Cuando la deuda se hace inasumible como está pasando en españa. Tiene una genial idea. Devaluar la moneda para disminuir la deuda. Y así lo hace y parece que bien pero. OHH la siguiente vez que se quiere endeudar los inversores les piden un precio inasumible. Porque son malos. Y por mucho que se esfuerza en decirles que ahora el dinero va a ser utilizado en cosas buenas y no en corrupción y ladrillo. Los inversores no se lo creen. Entonces ante la necesidad tienen una genial idea. Vamos a darles garantías extra a los inversores para que se fien de ellos. Porque les tratan como un país de tercera. Y pasan por el aro y asumen las siguientes cláusulas:
1 Se endeudan en moneda extranjera ya la devaluación no sera posible.
2 Todos los acreedores tienen derecho a ser tratado como el mejor acreedor. No podrán pagar su deuda a los locales e impagar a los extranjeros.
3 En vez de endeudarse a través de bancos argentinos lo harán y por lo cual lo pagarán a través de bancos Estadounidenses. Por eso un juez extrangero puede congelar las cuentas por las que paga argentina.
Y de repente pasa la injusticia más grande de todas. Que alguien, el juez en este caso le obliga a cumplir sus promesas. LAS PROMESAS Y OBLIGACIONES HAY QUE CUMPLIRLAS.
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