Saque de Esquina

El 30 de julio de 2012 supimos que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, iba a ser investigado por el organismo de control interno de la Unión Europea “Corporate Europe Observatory”, que es un centro de estudios sobre grupos de presión. Se le acusa de conflicto de intereses, por pertenecer al mismo tiempo a la institución monetaria europea y a un lobby internacional de banqueros. Un grupo de presión o lobby es un colectivo de personas con intereses compartidos que se organizan y dirigen sus actuaciones a influir sobre los dirigentes políticos para que las medidas adoptadas por éstos les sean lo más beneficiosas posible. Esta actividad la llevan a cabo a través de numerosas y diversas fórmulas, que van desde la financiación de las campañas electorales (para luego recibir de vuelta el favor) hasta la elaboración de informes muy orientados hacia un propósito concreto, pasando por todo tipo de donativos que buscan luego una contraprestación política.

Es decir, al presidente de la institución europea que interviene decisivamente sobre la política monetaria europea –y que por lo tanto tiene en su mano buena parte del futuro de las economías europeas– se le acusa de pertenecer a un grupo de banqueros del sector privado cuya función principal es condicionar las políticas económicas a su favor.

El asunto es particularmente llamativo porque las bases ideológicas sobre las que se sentó el proyecto comunitario europeo abogaban por la separación clara entre el poder económico y el poder político alegando que las decisiones económicas (especialmente las monetarias) debían responder a criterios exclusivamente técnicos y por lo tanto debían rehuir de los intereses particulares de los dirigentes políticos. Por ello, el Banco Central Europeo –institución encargada de la política monetaria europea– se diseñó como un organismo independiente del poder político y pasó a estar dirigido por economistas supuestamente independientes y otros expertos en la materia. Sin embargo, lo que parecía ser un ejercicio de responsabilidad económica no fue más que el resultado de un elaborado plan para que un determinado círculo de personalidades relacionadas con las finanzas se hiciera con el poder monetario de la economía y al mismo tiempo no tuviera ninguna responsabilidad frente a la ciudadanía. El poder monetario fue arrebatado a los representantes políticos para entregárselo a una serie de personas estrechamente vinculadas con el mundo de los bancos. Recordemos que el actual presidente del BCE, Mario Draghi, fue vicepresidente, por Europa, de Goldman Sachs, el cuarto banco de inversión más importante del planeta; o que el primer presidente del BCE, Wim Duisenberg, fue vicepresidente  del banco privado Rabobank, una de las entidades bancarias más fuertes de Europa.

Y es que los dirigentes políticos efectivamente podían orientar sus decisiones de política monetaria en su beneficio propio (entendiendo su beneficio propio como alteraciones supeditadas al ciclo electoral correspondiente y otro tipo de factores relacionados), pero al menos la ciudadanía tenía la posibilidad de exigir responsabilidades y también de revocar sus mandatos llegado el momento (aunque bien sabemos con importantes limitaciones). Hoy día, los que controlan la política monetaria no son personas elegidas por ningún tipo de sufragio, por lo que no tienen que responder frente a nadie. Desechar este elemento de transparencia democrática sólo podría tener algo de sentido si de verdad los nuevos dirigentes (como Mario Draghi) fuesen personas independientes, realmente preocupadas por el bienestar de la población, y sin tener ningún tipo de interés económico o de otro tipo relacionado estrechamente con la política monetaria.

A la vista está que estos requisitos no se cumplen en absoluto. En primer lugar, casos como el apuntado arriba ponen de relieve la poca independencia que tienen estas personas que se autodenominan “tecnócratas”. En segundo lugar, la ciencia económica es una ciencia social y por lo tanto no sigue las pautas de objetividad que podría seguir cualquier otra ciencia de la naturaleza (como la física o la química), lo que inevitablemente provoca que en las decisiones económicas intervenga la ética y otros criterios subjetivos. En general, una decisión económica suele beneficiar a unos sectores a cambio de perjudicar a otros. Raramente una actuación económica beneficia a todos por igual. Por lo tanto, es ingenuo pensar que las personas que estén al mando de la política monetaria vayan a actuar libre de prejuicios y de valoraciones personales. Por último, sería una extraordinaria muestra de inocencia creer que personas cuya vida profesional ha dependido siempre de la salud de las instituciones financieras vayan a intervenir en la economía internacional restando recursos, herramientas y privilegios a las causantes y agravantes de la crisis económica occidental, que no son más que las propias instituciones gracias a las que alcanzaron y mantienen su status social. Antes que trasladar los costes de la crisis a sus propias instituciones financieras lo harán obviamente al resto de sectores económicos, con los costes sociales que eso conlleva.

En definitiva, la supuesta independencia del Banco Central Europeo no es más que un cuento chino. El BCE es independiente del poder político, que con todas sus ventajas y defectos, al menos rinde cuentas a la ciudadanía porque es su elemento representativo. Pero el BCE no es independiente de los lobbys bancarios y demás intereses financieros. Esto es algo que muchos analistas críticos llevan años denunciando, y que se ha intensificado en los últimos meses a tenor de la irresponsable actuación de las autoridades monetarias del BCE.

Desde que estalló la crisis hemos visto cómo se han rescatado instituciones financieras inyectando con cantidades mastodónticas de dinero público mientras al resto de la población se les ha negado ayuda. Hemos visto cómo la estructura financiera de Europa permite a los especuladores financieros actuar a sus anchas incluso hasta poner contra la pared a economías tan importantes como Italia, Francia o Reino Unido; o cómo esta misma estructura ha permitido que los bancos comerciales abandonen poco a poco su actividad tradicional de conceder préstamos para pasar a especular en los casinos financieros. Hemos visto cómo desde la Unión Europea se ha obligado a los países integrantes a incluir en la Constitución que el pago a los inversionistas tiene que ser prioritario frente a otros pagos como salarios o pensiones. Hemos visto cómo los dirigentes europeos fueron cómplices de la falsificación contable que el banco de inversión Goldman Sachs realizó con las cuentas de Grecia a pesar de los problemas que le acarrearía a la población griega y sólo para evitar desprestigiar a la moneda única.

No nos extrañemos entonces de que esta organización no intervenga decisivamente en el mercado de deuda pública para aliviar las tensiones en las primas de riesgo (dándole la espalda y condenando a la pobreza a buena parte de las poblaciones de los países del sur: Grecia, Italia, España, Portugal…) mientras se preocupa profundamente de que todos los inversionistas (especialmente las instituciones financieras) puedan cobrar la máxima cantidad de dinero que prestaron a estos países. Los dirigentes del BCE dirigen la política monetaria europea en primer lugar hacia la satisfacción de sus propios intereses, y en segundo lugar –y sí tiene cabida– hacia los del resto de la sociedad europea.

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