Lo peor de la crisis está por llegar

La crisis económica que venimos padeciendo no ha tenido una evolución estable desde que irrumpió de lleno en 2008, y tampoco han sido siempre iguales las respuestas que se le han dado. De hecho, y desde un enfoque amplio, cabría distinguir dos etapas distintas de la crisis en cuanto a la política llevada a cabo para afrontarla. Antes de enunciar dichas etapas, conviene repasar las cuentas públicas españolas a lo largo de los últimos años.

Como se observa en el gráfico, el déficit del estado español, que partía en 1995 con un nivel del -6,5% sobre el PIB, fue reduciéndose progresivamente hasta alcanzar superávit en el año 2005. Esto significa que durante esos años los ingresos siempre fueron inferiores a los gastos, pero la brecha entre los mismos fue estrechándose poco a poco hasta el año 2005, momento en el que los ingresos resultaron ser superiores a los gastos. Nótese que las barras que están por debajo del 0% representan déficits, y las que están por encima representan superávits. Del mismo modo, el signo negativo indica déficit y la ausencia de signo indica superávit.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Lo que ocurrió durante estos años es que los ingresos aumentaron notablemente gracias a las buenas expectativas económicas que se producían a tenor de la burbuja inmobiliaria y de la buena coyuntura internacional. Como ya se sabe, la mayor parte de los ingresos del estado provienen de los impuestos a la actividad económica. Por lo tanto, a mayor actividad económica, mayores ingresos tendrá el estado. Por otro lado, puesto que el desempleo no era muy elevado y venía reduciéndose poco a poco, el estado no tenía que gastar mucho dinero en proyectos de cobertura social. Por ello, a menor desempleo, menores gastos tenía que efectuar el estado. El resultado lógico del aumento de ingresos y la reducción de gastos fue la mencionada reducción del déficit hasta alcanzar superávit en 2005.

No me resisto a señalar que el hecho de alcanzar superávit en las cuentas públicas no tiene por qué ser un resultado positivo y digno de admirar. No podemos olvidar que el estado es un poderoso agente económico que debe intervenir en la economía para mejorar el bienestar de sus ciudadanos. De nada sirve que el estado logre ahorrar dinero si una parte de la población se encuentra en problemas económicos considerables. Lo primordial es procurar que toda la población viva en condiciones dignas. Si para ello el estado tiene que gastar más de lo que ingresa (mediante venta de deuda pública), pues adelante con ello.Recordemos que la existencia de un déficit relativamente permanente no tiene por qué ser negativo ni problemático, siempre que su tamaño sea razonable. Lo que es inadmisible -tal y como ocurrió durante esos años- es que el estado fuese ahorrando dinero durante los años 2005, 2006 y 2007, mientras una buena parte de la población vivía en condiciones pésimas y despreciables (me refiero a problemas serios de pobreza, problemas de adquisición de vivienda, trabajos precarios y mal remunerados, etc.).

Como resultado de la reducción del déficit, España pudo ir devolviendo poco a poco una buena parte de la deuda pública que había ido contrayendo con los inversores. El total de la deuda pública, como porcentaje del PIB, se redujo en 27 puntos porcentuales desde 1995 hasta 2007. Esto significa que España aprovechó la buena situación de sus cuentas para ir minorando la deuda pública. Esto tuvo un efecto muy positivo: dio confianza a los inversores demostrando la excelente capacidad del estado para devolver el dinero prestado, lo cual a su vez abarató las próximas deudas emitidas ya que los inversores pedían menores tipos de interés. A su vez, al disminuir la deuda pública España empezaba a contar con un margen amplio para volver a endeudarse si fuera necesario.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Así las cosas, para el año 2008 las cuentas públicas disponían de un margen de fondos relativamente amplio y además contaban con la garantía de poder endeudarse al menos hasta un nivel parecido al alcanzado en la mitad de los años 90 (en torno al 60% del PIB). Y de hecho, precisamente eso es lo que tuvo que hacer el estado español para mitigar los efectos de la crisis.

Cuando la crisis financiera golpeó a las entidades bancarias españolas y éstas cortaron el grifo de la financiación, el gobierno decidió intervenir poderosamente en la economía. Por un lado otorgó ayudas millonarias a las entidades bancarias para aliviar sus balances y procurar (con poco éxito) que no dejasen de conceder préstamos, y por otro lado inició proyectos y reformas para estimular el crecimiento económico (como el conocido Plan E). Al mismo tiempo aumentaron las ayudas por desempleo como consecuencia de la destrucción de puestos de trabajo que empezó a tener lugar en esos meses. Todo ello supuso un gasto enorme que repercutió en las arcas del estado, llegando a alcanzar un elevado déficit del -11,1% sobre el PIB en el año 2009 y un aumento de la deuda pública al 53,3% sobre el PIB (ver gráficos). Por si fuese poco, los ingresos fiscales se vieron fuertemente mermados debido al congelamiento de la actividad económica.

Todas estas medidas sirvieron para mitigar los efectos nocivos propios de una crisis económica. En cierto modo el escandaloso gasto efectuado por el estado español vino a servir de colchón a todos aquellos que habían salido más perjudicados en la crisis. Y hasta aquí lo que podría considerarse la primera etapa de la crisis: una depresión económica y social cuyos efectos perjudiciales fueron suavizados por un colosal gasto efectuado por el estado español.

Sin embargo, el gasto público no podía mantenerse indefinidamente. El déficit del estado había alcanzado un nivel histórico, y la deuda pública había vuelto a los niveles de los años 90, y lo que es peor, empezó a encarecerse debido a las turbulentas y perversas operaciones de los especuladores. Así las cosas, la Unión Europea comenzó a presionar para que España saneara sus cuentas y redujese su deuda pública. El gobierno español aceptó sin rechistar las medidas propuestas desde Europa, que consistían básicamente en reducir varias partidas de gasto propias del funcionamiento de un Estado del Bienestar.

Cabe destacar que existen otros muchos caminos para sanear las cuentas públicas (de los cuales se hará mención en artículos posteriores) que no pasan necesariamente por reducir los derechos sociales y económicos de una buena parte de la población. Pero la ideología imperante en la Unión Europea e incluso en el gobierno español abogaba y aboga por estas vías regresivas, injustas y calamitosas.

Y de esta forma comenzó lo que aquí ha querido llamarse segunda etapa de la crisis: la permanencia de problemas severos en la economía que ya no pueden mitigarse a través del gasto público porque los límites razonables fueron ya sobrepasados y porque la dinámica del mercado impone obstáculos importantes. El camino que se ha querido tomar para solventar estos problemas de equilibrio presupuestario ha sido el de recortar cierto tipo de gastos que favorecían a la mayor parte de la población española. Este recorte está afectando y afectará de forma importante a las condiciones de vida de las masas populares al mismo tiempo que reducirá aún más la demanda agregada de la economía a través del consumo. Si las políticas futuras siguen por este camino, las consecuencias pueden ser desastrosas a la vez que previstas por cualquier persona que analice de forma medianamente rigurosa la situación: la actividad económica no se recuperará sino que incluso se deprimirá aún más; el desempleo no descenderá sino que podrá aumentar;  el endeudamiento de las familias y empresas se mantendrá en niveles elevados; los estados serán incapaces de aliviar las pésimas condiciones a las que se han visto arrastrados miles de personas; la pobreza absoluta y relativa aumentará; y el descontento social será cada vez mayor creando un caldo de cultivo propicio para revueltas populares.

España se está empobreciendo, al igual que el resto de países occidentales. Y se está empobreciendo a costa de aumentar las fortunas de banqueros, especuladores, grandes empresarios y otros personajes de la élite económica.

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