Los ciudadanos estamos rescatando a las compañías financieras, y no al revés.

Tal y como se expuso en el artículo anterior, los gobiernos de los países denominados PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) –aunque no son los únicos– están llevando a cabo recortes en el gasto público como vía para reducir el déficit –a pesar de que existen otras alternativas– y así equilibrar las cuentas públicas para poder pagar en un futuro a todos los inversores que prestaron su dinero a estos estados.

La opinión generalizada –o al menos la opinión que se transmite fundamentalmente mediante los grandes medios de comunicación– considera que este proceder de los gobiernos es razonable, o cuanto menos, lógico. La esencia del pensamiento sería algo así como: “es normal que si alguien te presta dinero tengas que hacer lo que sea para devolvérselo”. Sin embargo, en ocasiones conviene analizar el asunto utilizando una perspectiva diferente para obtener una visión más completa de la realidad. A menudo la adopción de un determinado enfoque puede condicionar profundamente el resultado del estudio. Día a día nos bombardean con el mismo punto de vista y poco a poco vamos adoptándolo hasta pensar que es el único posible. Por ello hay que estar siempre prevenido ante cualquier afirmación, y estar dispuesto a descubrir y utilizar otras formas de analizar las cosas.
Por ejemplo, si nos centramos básicamente en las transferencias monetarias o de recursos que se están produciendo con estos acontecimientos, encontramos un modo diferente de ver las cosas. Hemos dicho que para que todos esos inversores –que prestaron fondos a los PIIGS– puedan cobrar lo acordado y no sufran ningún percance, los estados están recortando gastos que favorecen a la inmensa mayoría de la población. De esta forma el riesgo de quiebra por parte de los países disminuye, y por lo tanto se asegura que los prestamistas vayan a recibir el dinero que prestaron y además que cobren los intereses que se acordaron. Es decir, lo que está ocurriendo es que para asegurar que los prestamistas no salgan perdiendo en esta etapa de la crisis se está empobreciendo a una buena parte de la ciudadanía que se beneficia del gasto público a través del Estado de Bienestar. Al recortar salarios, educación, pensiones, sanidad, etc, se están recortando recursos que antes pertenecían a la mayoría de la población. Algunas personas, aunque están perdiendo recursos, pueden lidiar con su nueva situación. Pero en otras ocasiones muchas personas están siendo empujadas a la pobreza más absoluta, que les lleva incluso a cometer actos de suicidio.

El dilema se debe a la existencia actual de un problema económico grave que exige que haya que “pagar” parte de los platos rotos para solucionar el problema en la medida de lo posible. Alguien debe pagar esos platos rotos, y la decisión de quién o quiénes los tienen que hacer corresponde a los círculos de poder. Si estas personas utilizaran un enfoque neutral para señalar las posibles combinaciones de reparto de los costes de la crisis, podrían sugerir varias opciones:

1) La opción que los dirigentes políticos han escogido en la actualidad. Es decir, los prestamistas no pierden nada y continúan en la misma situación que estaban (recordemos que son personas y empresas que están haciendo un negocio) y los ciudadanos que se benefician del gasto público renuncian a ciertos derechos y recursos que antes tenían. En este caso todo el coste se transmite a esa parte de la población mientras que los prestamistas no contribuyen en ninguna medida con el pago (de hecho, con el tiempo saldrán ganando gracias al cobro de los intereses).

2) Una especie de equilibrio en el reparto de los costes. Los prestamistas podrían ceder y dejar de recibir una parte del dinero que prestaron y al mismo tiempo los ciudadanos podrían renunciar a ciertos derechos y recursos. De esta forma el coste se repartiría entre los prestamistas y los ciudadanos que se benefician del gasto público. Las dos partes saldrían perdiendo con respecto a su situación inicial, pero esta vez los ciudadanos perderían menos que en el caso de escoger la primera opción.

3) Los prestamistas no recuperan una buena parte del dinero que prestaron y los ciudadanos no ven alterados sus recursos. Esta opción plantearía que el coste recayera exclusivamente en los prestamistas, mientras que los ciudadanos verían intacto el gasto público que les provee recursos. El coste a pagar por los prestamistas no tendría por qué ser el máximo posible, sino una cantidad razonable. La clave reside en que los ciudadanos no tendrían que pagar nada.

Decidirse por una u otra opción depende de los principios que se mantengan como base.

Si atendemos, por ejemplo, al principio de “justicia”, entonces tendremos que valorar ciertos factores. Por ejemplo, deberíamos preguntarnos qué nos parece más justo: que salga perdiendo la mayoría de la población que se beneficia del gasto público –que es un grupo heterogéneo pero en el que se encuentran personas con recursos muy limitados–; o que salga perdiendo una minoría de la población que se está lucrando gracias a un negocio particular y cuyos integrantes tienen suficiente capacidad económica como para permitirse tener pérdidas sin tener que caer en la pobreza. Porque hay dos cosas muy evidentes: 1) los prestamistas son una minoría y los ciudadanos son la inmensa mayoría; y 2) los prestamistas tienen muchísimos recursos, mientras que los ciudadanos son más pobres en relación a los prestamistas, y muchos de ellos necesitan hasta el último recurso proveniente del Estado del Bienestar para vivir con dignidad (1).

Es cierto que la justicia suele ser un atributo muy difícil de medir desde la objetividad, pero hay ocasiones en las que decidir si una acción es más justa que otra se convierte en el dilema más sencillo del mundo.

Sin embargo, parece evidente que en la actualidad no se ha escogido la opción más justa. Y esto ha sido así porque no se ha utilizado como guía el principio de “justicia”, sino más bien otros principios muy diferentes. El establishment político y económico, haciendo uso de su poder, ha venido escogiendo la primera de las opciones con la principal intención de que la élite financiera no salga perdiendo con los ajustes que se están produciendo a merced de la crisis actual. Esta actuación arroja muchas preguntas pertinentes con respecto al verdadero papel que tienen los representantes políticos así como la verdadera esencia de la democracia actual que tienen los países occidentales, donde no parece cumplirse la máxima del “gobierno para el pueblo”.

Las decisiones adoptadas son una clara estafa a los ciudadanos. Es inadmisible que una crisis de la que se han beneficiado principalmente las élites financieras y que ha sido provocada e intensificada por estos mismos actores, esté siendo costeada por la inmensa mayoría de la población a favor de estas élites económicas y financieras. Actualmente se está produciendo un terrible y colosal trasvase de los recursos públicos a las manos privadas de unos pocos para tapar los agujeros que ellos mismos crearon en su euforia financiera. No es de extrañar, entonces, que miles de personas en todo el mundo se hayan percatado de esta estafa y hayan salido a la calle a mostrar su total indignación.

Es necesario que todos los ciudadanos hagamos un esfuerzo por abandonar ese discurso maquillador que nos han impregnado desde las altas esferas del sistema y pasemos a emplear un punto de vista realista sobre los últimos acontecimientos. Desde los círculos de poder se nos dice que están “rescatando” a los países, que los recortes son necesarios, que no hay alternativas, que es la opción menos mala… se trata de palabras bien medidas para ocultar la verdadera situación en la que nos encontramos: el traspaso de recursos públicos a unas pocas manos privadas.
La realidad es que los ciudadanos estamos rescatando el negocio de las grandes compañías financieras, y no al revés.

Notas:

(1)    Aun siendo un factor de enorme relevancia, para simplificar la comparación se ha dejado de lado la responsabilidad que han podido tener estos inversores en la causa, propagación e intensidad de esta crisis económica. Nótese que la inclusión de ese factor dejaría aún en peor lugar a los prestamistas.

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