Más apuntes sobre lo que está pasando en Chipre

Ya comentábamos ayer parte de la problemática chipriota: los bancos del país, utilizando el dinero que individuos y empresas habían depositado o invertido en ellos, habían llevado a cabo determinadas inversiones que terminaron por fracasar (una de las más importantes fue la compra de títulos de deuda pública griega, en parte ruinosa por culpa de la quita parcial que se llevó a cabo en diciembre del pasado año). Debido a ello los bancos chipriotas han perdido mucho dinero, y a no ser que saneen sus cuentas en poco tiempo, tendrán que declararse en quiebra. Para evitarlo, la troika (formada por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) ha decidido concederle al país una cuantía de 10.000 millones de euros.

Pero el rescate a los bancos de Chipre exige condiciones, y la más importante de ellas va a ser una quita en los depósitos bancarios. De esta forma, los platos rotos de los bancos van a ser pagados por aquellas personas y empresas que depositaron sus ahorros en estas entidades bancarias. En definitiva, algo muy parecido a lo que ocurre en el resto de países donde se ha rescatado a la banca (como España), con la diferencia de que en estos países el trasvase de dinero se produce vía impuestos y reducción de gastos, y en Chipre será extrayendo directamente el dinero de los depósitos.

Sin embargo, es cierto que existe un matiz que cambia bastante las cosas. A efectos prácticos, el sistema financiero de Chipre funciona como un paraíso fiscal. Las ventajas fiscales que ofrecen los bancos chipriotas son muy importantes, lo que les permite a sus depositantes evadir una buena parte de impuestos que tendrían que pagar si recurriesen a bancos residentes en otros países. Es por ello que muchas fortunas europeas acuden a depositar su dinero en estos bancos, al igual que muchas fortunas españolas acuden a bancos suizos para evadir impuestos. De hecho, según datos de 2012 del Banco Central de Chipre, el 40 % de todos los depósitos chipriotas provienen del exterior, de los cuales la inmensa mayoría pertenecen a ciudadanos y empresas no residentes en la Unión Europea, y donde los millonarios rusos se sitúan a la cabeza.

Es decir, aproximadamente el 40% de los depósitos chipriotas pertenecen a millonarios y grandes empresas que guardan su dinero allí para evitar pagar impuestos en sus países correspondientes. Teniendo en cuenta esto parece entenderse mejor la idea de que sean los depositantes quienes paguen los platos rotos de la banca de Chipre. Al fin y al cabo, en la medida en que los que sufran las pérdidas sean grandes empresas y grandes fortunas y no la ciudadanía chipriota a través de recortes en el gasto público y aumento de impuestos, la redistribución del coste del rescate podría albergar ciertos patrones de justicia (y además, se le estaría asestando un duro golpe a la condición de paraíso fiscal de Chipre). Ahora bien, lo que no se entiende de ninguna manera y lo que es profundamente detestable es que el rescate a la banca lo vayan a pagar todos los chipriotas, independientemente de su nivel de renta o riqueza e independientemente de su afán de evadir impuestos. Se trata sin duda de un movimiento ambiguo, injusto y torpe por parte de los dirigentes europeos y chipriotas. Un movimiento que de hecho parecen estar replanteándose, toda vez que parece que al final a aquellos depositantes que tengan menos de 100.000 euros se les extraerá un 2% de sus ahorros y no un 6,75% como estaba pensado inicialmente (y a los de más de 100.000 euros se les extraerá un 12,5% y no un 10%).

Claro que todas estas consideraciones habría que enmarcarlas dentro de otro análisis más amplio que recoja otras puntualizaciones. En primer lugar, si el sistema bancario chipriota está intensamente sobredimensionado para el país al que pertenece y es éste uno de los motivos que le han conducido a la quiebra, los gobernantes deberían ir pensándose muy seriamente el hecho de reducir su tamaño a niveles más razonables. En segundo lugar, si los responsables de los bancos han invertido mal el dinero de sus clientes (entre los que destacan sus depositantes), sería lógico y justo que fuesen retirados de sus cargos y al mismo tiempo investigados y enjuiciados por sus malas prácticas. En tercer lugar, si no ha sido consecuencia de una mala gestión sino de una dinámica inherente a la búsqueda de rentabilidad, entonces los gobernantes deberían meditar sobre la posibilidad de nacionalizar estos bancos con el objetivo de que nunca más se vuelva a perder el dinero de sus ciudadanos. Por último, habría que tener en cuenta que según la legislación vigente y según la lógica del libre mercado a la que tanto se recurre a veces, mucho antes que los depositantes (sean millonarios o no) deberían pagar los platos rotos los acreedores que mayor riesgo han asumido.

En resumidas cuentas, ya sea trasladando parte del coste del rescate de la banca a los millonarios y grandes empresas extranjeras como ocurre en Chipre, o trasladándolo en su totalidad a la mayoría de la población a través de impuestos y recortes en gasto público como ocurre en España, lo único que queda claro es que la prioridad del establishment europeo es mantener la estabilidad financiera en la zona euro para que el capital financiero salga lo menos perjudicado posible, aunque ello sea a costa de poner contra las cuerdas a inmensas capas de la población europea.

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