Pacto de PP y Vox: beneficios para los más ricos y menos dinero para los servicios públicos

Artículo publicado originalmente en Público.es el 12 de enero de 2019

El pasado 9 de enero PP y Vox firmaron un acuerdo para formar gobierno en Andalucía. Nada más hacerse público el documento completo y los puntos programáticos que deberían vertebrar la legislatura, todos los observadores se pusieron a comprobar si las medidas más excéntricas de Vox se habían incluido. El resultado tranquilizó a algunos pero no a todos: aunque algunas propuestas habían desaparecido o habían sido suavizadas, lo cierto es que muchas otras seguían intactas. Entre ellas destacan la creación de una Consejería de la Familia, la prevención del fundamentalismo islámico, la promoción de la escuela católica concertada, el rechazo de la memoria histórica o la exaltación de la caza y la tauromaquia. Medidas muy alejadas, sin duda, de lo que había imperado durante décadas en la comunidad autónoma de Andalucía.

Sin embargo, muy poca atención se le ha dado a las medidas de naturaleza económica que  aparecen en el acuerdo. Esto se debe sin duda a lo áridas y difícilmente comprensibles que suelen ser este tipo de propuestas pero también al interés que existe en que pasen desapercibidas ya que, de conocerse, podrían enervar todavía más a buena parte de la ciudadanía debido a lo injustas que resultan. Al fin y al cabo, todas las principales medidas económicas del acuerdo beneficiarían fundamentalmente a las capas más acaudaladas de la población andaluza y ejercerían mucha (más) presión sobre los servicios públicos de los que fundamentalmente se benefician quienes menos recursos tienen. Con el objetivo de desarrollar esta idea, a continuación enumero y explico dichas medidas.

  • Bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones

 Este impuesto grava la transmisión de bienes y/o derechos por personas físicas, ya sea por causa de fallecimiento (sucesión) o por voluntad entre las partes (donación). Al estar cedido a las comunidades autónomas éstas tienen un amplio margen de maniobra para regular las características del tributo. A diferencia del Impuesto de Patrimonio, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones tiene un fuerte respaldo en la academia (incluso en las ramas más ortodoxas) porque conforma una herramienta muy efectiva para disminuir la desigualdad de la riqueza y para fomentar la igualdad de oportunidades. De hecho, recuérdese que este impuesto fue ideado por los liberales clásicos del siglo XVIII para combatir la enorme injusticia que suponía que la nobleza perpetuase su poder y patrimonio a través de la herencia y no a través del esfuerzo y del trabajo. Con la creación del impuesto se perseguía reducir las asimetrías de riqueza que se daban por el mero hecho de nacer, para fomentar así la igualdad de oportunidades: el nivel económico de cada persona debía aproximarse lo más posible a sus méritos propios y distanciarse lo máximo posible del mérito de personas ajenas, por mucho que compartiesen la misma sangre.

Pues bien, si se aplica la medida recogida en el pacto se perdonarían 99 euros de cada 100 euros a quienes tuvieran que pagar por este impuesto. No se trata da una medida original: PP y Ciudadanos llevan tiempo defendiéndola y el primero la ha aplicado en muchas de las regiones en las que gobierna, siendo siempre la Comunidad de Madrid el caso paradigmático. El problema es que este impuesto es pagado fundamentalmente por las capas más acaudaladas de la población. De hecho, según cálculos de los técnicos del ministerio de Hacienda, suprimir este impuesto beneficiaría sobre todo al 0,7% más rico de los contribuyentes. Estamos hablando de que fundamentalmente se les perdonarían los impuestos a personas que ganan de media más de 103.000 euros al año, que no es precisamente el caso del currito medio. Y la medida no afectaría en absoluto a la mayor parte de la población, pues hoy día quienes heredan en Andalucía una cantidad inferior a 1 millón de euros (que es un pastizal) no pagan nada por este impuesto. Es una medida pensada exclusivamente para los acaudalados.

Andalucía recauda anualmente en torno a 255 millones de euros por este impuesto, una cantidad que se perdería casi en su totalidad. Y estamos hablando de mucho dinero que habría que sacar de otro sitio (o dejar de utilizar en otras inversiones o gastos). Y que nadie se crea lo que dicen muchos de que la pérdida de recaudación provocada por la bonificación se vería compensada (aunque fuera parcialmente) por la recaudación extra lograda gracias a personas que declararían sus transacciones en Andalucía atraídos por el menor pago de impuestos. Como queda demostrado en el I Informe del Observatorio de desigualdad de Andalucía de 2017, ese “privilegio” sólo se da prácticamente en Madrid porque fue la primera comunidad autónoma en aplicar la bonificación del impuesto. Quienes apenas quieren pagar impuestos por este motivo y que tienen medios para eludirlos cambiándose la residencia a otra comunidad autónoma, ya lo han hecho y están en Madrid. No van a volver a cambiarse de residencia porque en Andalucía pagarían lo mismo que en Madrid, no menos.

  • Reducción del tramo autonómico del impuesto del IRPF para equipararlo con la escala estatal

El IRPF tiene una parte estatal y otra que decide cada comunidad autónoma. Actualmente Andalucía tiene el IRPF un poco más elevado que la escala estatal pero solamente para las personas que ganan más dinero (grosso modo, pagan un 0,5% más quienes ganan más de 28.000 euros al año, un 1% más quienes ganan más de 35.200 euros, y un 3% más quienes ganan más de 50.000 euros). Esta medida, por lo tanto, dejaría intacto el pago del IRPF a los que ganan menos de 28.000 euros al año (la inmensa mayoría) y en cambio se lo bajaría notablemente a aquellos que ganan más de 50.000 euros. Otra medida que no beneficia a la mayoría social con menos recursos y que está pensada exclusivamente para los más adinerados.

  • Reducción del Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Éste es el famoso impuesto que se paga, entre otras cosas, en las hipotecas y que trajo de cabeza recientemente al Tribunal Superior. Es un impuesto que se paga en función de la cantidad monetaria empleada en la transacción correspondiente, por lo que reducir este impuesto beneficiaría más a las personas que más dinero utilicen, es decir, a las más adineradas. En este caso todo el mundo se vería beneficiado y no sólo los más pudientes, pero puesto que el gravamen es proporcional y no progresivo, su reducción beneficiaría fundamentalmente a los que más dinero tienen.

  • Abrir los planes de empleo a la colaboración público-privada

A falta de más detalles lo que supondría esta medida es que las empresas privadas contratarían a parados pero parte del salario (o todo) se lo pagaríamos los contribuyentes a través de nuestros impuestos. Dinero público que se utilizaría para negocio privado.

En definitiva, estamos hablando de una pérdida de recaudación y de un incremento de los gastos (para financiar los planes de empleo pero también para extender el bachillerato a la educación concertada, para apoyar la tauromaquia y la caza, para proteger más las fronteras, para prevenir el fundamentalismo islámico…) que provocaría una merma en las finanzas públicas que necesariamente tendría que ser cubierta con menores gastos en otros sectores, con más impuestos e ingresos, o con más endeudamiento. En el acuerdo se pueden leer medidas orientadas a reducir el gasto público en partidas como las convocatorias de subvenciones, organismos superfluos de la administración pública, o la Radio Televisión Andaluza, pero esto solamente suponen migajas para una administración pública. Téngase en cuenta que el total de estos servicios generales de la administración pública suponen solamente el 17,50% de todo el gasto de la Junta de Andalucía, de forma que, siendo generosos, la eliminación de supuestas duplicidades e ineficiencias no ahorraría ni un 5% del total del gasto. Es el chocolate del loro.

El grueso del gasto de la Junta de Andalucía (y de cualquier otra comunidad autónoma) se encuentra en la salud (el 36% del gasto total), en educación (23,4%) y en protección social y vivienda (7,3%). Si añadimos los gastos medioambientales y en ocio y en cultura obtenemos un total de 69,7%. El resto de partidas no son apenas “recortables” porque son necesarias para lograr el funcionamiento de la administración (gestión de tributos, servicios de administración, etc). Así que si el nuevo gobierno andaluz aplica las políticas anteriormente señaladas y no quiere elevar más la deuda de Andalucía, no le quedará más remedio que elevar impuestos o recortar en estos recortes sociales. Y como los partidos que han firmado el pacto ya han dicho por activa y por pasiva que no quieren aumentar impuestos ni aumentar la deuda, la resolución del problema pasa por recortar. Las comunidades autónomas son las administraciones públicas del gasto social por antonomasia. Recortar gastos en ellas significa irremediablemente recortar en el Estado del Bienestar. Ésta es la grave amenaza que corre Andalucía si las medidas económicas citadas fueran finalmente llevadas a cabo.

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