La reforma del artículo 135 de la Constitución aprobada por el PP y PSOE concedió prioridad absoluta al pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto público. Esto conduce a situaciones tan absurdas y contraproducentes como la siguiente.
El Ayuntamiento de Madrid tiene un superávit superior a los mil millones de euros, pero la legislación derivada del artículo 135 de la Constitución le impide que pueda utilizar todo ese dinero en mejorar los servicios y prestaciones a los ciudadanos y ciudadanas, ya que obliga a pagar deuda antes de tiempo. Pero es que ese pago adelantado no tiene por qué conllevar un ahorro por pagar menos intereses en el futuro, sino que en ocasiones provoca costes extra, ya que muchos bancos penalizan a quienes devuelven sus préstamos antes de tiempo. Estas penalizaciones le han costado en 2016 a la ciudadanía madrileña nada más y nada menos que 1.819.494 euros (1).
Casi 2 millones de euros de dinero público regalados a la banca (concretamente a Crédit Agricole y Bankinter) por culpa de una legislación antisocial y pensada fundamentalmente para beneficiar a las entidades financieras. No sólo se está impidiendo a ayuntamientos saneados que utilicen sus recursos para mejorar el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas sino que además se le está haciendo un negocio extra a la banca.
(1) 1.268.000 euros de costes de ruptura generados en la amortización anticipada, llevada a cabo el 5 de diciembre de 2016 por importe de 65.625.000 euros, del préstamo bilateral a tipo de interés fijo, formalizado con Crédit Agricole el 4 de diciembre de 2014 por importe de 75.000.000 de euros. Y 551.494 euros a los costes de ruptura generados en la amortización anticipada, llevada a cabo el 5 de diciembre de 2016 por importe de 30.783.372,91 euros, del préstamo bilateral a tipo de interés fijo, formalizado con Bankinter el 4 de diciembre de 2014 por importe de 57.100.327,45 euros.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.2/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Recent Comments