Por fin tenemos nuevo Pacto de Toledo para las pensiones

Por fin. Tras más de cuatro años de negociaciones tenemos un nuevo Pacto de Toledo respaldado por todos los partidos políticos. Se trata de 22 recomendaciones que deben orientar las políticas relacionadas con el sistema público de pensiones de aquí en adelante. Al ser recomendaciones no podemos saber todavía las medidas concretas que se aplicarán pero sí por dónde irán los tiros (a no ser que algún gobierno se salte las recomendaciones, como hicieron los gobiernos de Zapatero y Rajoy, claro). En este vídeo resumiré las principales recomendaciones y haré una valoración global de este nuevo acuerdo.

 

La Recomendación 0 blinda el modelo de reparto de las pensiones públicas. Este modelo consiste en que las pensiones actuales son financiadas gracias a las cotizaciones que pagan los trabajadores actuales. Se trata de un modelo solidario entre generaciones. Esto es lo que tenemos y lo que seguiremos teniendo. El modelo alternativo, que se descarta de nuevo en este pacto, es el de capitalización, consistente en que cada uno se paga su propia pensión. Es un modelo menos solidario y más individualista.

 

La Recomendación 1 es un ajuste contable y presupuestario que reducirá considerablemente el déficit de la Seguridad Social. Como es bien sabido, la Seguridad Social es una especie de monedero o cuenta del Estado que está aparte del resto del dinero, que está en los Presupuestos Generales del Estado. La Seguridad Social se nutre fundamentalmente de cotizaciones sociales y paga fundamentalmente pensiones. El resto de ingresos y de gastos se computan en la cuenta de los presupuestos, como por ejemplo la recaudación por IVA o IRPF y los pagos para sanidad o educación. Pues bien, la recomendación es llevarse algunos gastos desde el monedero de la Seguridad Social al monedero de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué gastos? Pues los que tiene menos sentido que se financien con cotizaciones sociales como por ejemplo los complementos de maternidad o las políticas activas de empleo, que pasarían a financiarse con impuestos. El resultado es que los gastos de la Seguridad Social se reducirían notablemente, y también el déficit (se estima que se recortaría en dos tercios). Evidentemente el déficit de los presupuestos se incrementaría en esa cantidad, pero el objetivo es que el saldo de la Seguridad Social esté más saneado y sea más difícil reivindicar su reforma o aniquilación atendiendo a sus números rojos.

La recomendación 2 se refiere a que las pensiones se tienen que actualizar conforme al IPC, que es lo que ha ocurrido casi siempre excepto desde 2013 a 2018 debido a la reforma del gobierno del PP.

 

La recomendación 3 es que cuando haya mejores números, la llamada hucha de las pensiones (Fondo de Reserva de la Seguridad Social) se volverá a nutrir de recursos.

 

La recomendación 4 es que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales y que sólo haya dos regímenes: el de los asalariados y el de los autónomos.

 

La recomendación 5 es que se seguirán necesitando 15 años de cotización para tener derecho a una pensión contributiva, y que para calcular la cuantía se utilizará lo cotizado durante 25 años (antes de 2011 eran 15). La novedad es que no necesariamente tendrán que ser los 25 últimos, sino que podrían realizarse ajustes para beneficiar al interesado.

 

La recomendación 8 insta a reforzar la plantilla de la Seguridad Social, que no se ha modificado prácticamente desde 1980 y que ha perdido un 20% de trabajadores por culpa de los recortes iniciados en 2010, dejando actualmente la edad media de los funcionarios en 58 años.

 

La recomendación 12 se refiere a penalizar la jubilación anticipada de los trabajadores, pero fundamentalmente los de mayor renta, que son los que actualmente más ventajas tienen. El objetivo es que no haya tantas prejubilaciones y por lo tanto que la edad de jubilación real se aproxime a la teórica, que está fijada en 67 años. También se habla de favorecer que la gente pueda jubilarse más tarde si quiere.

 

La recomendación 15 sugiere utilizar la tasa de sustitución (esto es, la relación entre la pensión de jubilación y el salario cobrado en vida laboral) para guiar futuras reformas del sistema.

 

La recomendación 16 habla de potenciar los planes de empleo que negocian las empresas con los trabajadores (que sirven para complementar la pensión futura) y también de crear un macrofondo público para que el Estado haga competencia al sector privado en estos planes de empleo y los extienda a pymes y autónomos.

 

Hay más recomendaciones, pero a mí me ha interesado resaltar sólo estas, que considero las más importantes. Mi valoración de este nuevo Pacto de Toledo es que supone una ligera mejora frente al anterior Pacto, y especialmente frente al camino que estaba marcando el gobierno del Partido Popular entre 2012 y 2018. El blindaje del modelo de reparto, la revalorización de las pensiones al ritmo del IPC, el traslado de gastos de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales, la mayor flexibilidad a la hora de escoger los mejores años para calcular la pensión, la mayor adecuación entre cotizaciones e ingresos de los autónomos y el refuerzo de plantilla son muy buenas noticias.

 

Lo que no es tan buena noticia es que no se hable de reducir la edad de jubilación (que el gobierno de Zapatero aumentó desde 65 a 67 años), que sigan siendo 25 años los necesarios para calcular la pensión (en vez de 15 como antes de la reforma de Zapatero del año 2011), que se mantenga la hucha de las pensiones (que no tiene ningún tipo de utilidad), que se vincule el sistema a la tasa de sustitución (pues si los salarios bajan las pensiones tenderán a ser menores) y que se incentiven los planes de empleo entre empresas y trabajadores.

 

En cualquier caso, para ser un consenso entre todos los partidos políticos no está nada mal, pues el sistema público de pensiones español seguirá siendo uno de los más solidarios de toda la Unión Europea, lo cual es un logro en estos tiempos neoliberales que corren. Eso sí, esto son sólo recomendaciones y ya sabemos que los gobiernos se las pueden saltar. Habrá que estar al pie del cañón para evitar que vuelvan a atacar el sistema público de pensiones como hizo el gobierno de Zapatero en 2011 y el de Rajoy en 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

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