¿Por qué es crucial DEROGAR LA REFORMA LABORAL del PP de 2012?


Tanto el PSOE como Unidas Podemos llevaban en su programa electoral el compromiso de derogar la reforma laboral que el gobierno del PP aprobó en 2012, pero ha pasado ya un tiempo desde que ambos partidos están en el gobierno y sin embargo dicha derogación todavía no ha tenido lugar. El PSOE no lo hizo cuando gobernaba en solitario, y cuando Unidas Podemos entró en la Moncloa, a los dos meses comenzó la pandemia del covid y las prioridades cambiaron porque lo urgente pasó a ser proteger a los que quedaban temporalmente sin empleo, cosa que se hizo con los ERTE y otras medidas. Ahora, un año y pico más tarde, cuando la pandemia ya parece estar bajo control, el debate sobre la derogación de la reforma laboral ha vuelto a la agenda política. Algunos señalan que esta derogación debe hacerse lo antes posible, otros que no corre prisa, otros que hace falta tumbar todos los elementos de la reforma laboral, otros que sólo los elementos más lesivos, etc. Lo que ocurre es que ha pasado ya tanto tiempo desde que se aprobó la reforma laboral (¡casi 10 años!) que a veces no nos acordamos de qué cosas cambió ni de las importantes consecuencias que tuvo. Así que hago este vídeo para que refresquemos todo eso, porque es la mejor forma de posicionarnos en este debate sobre la derogación de la reforma laboral.

Nada más llegar al poder en 2011, el gobierno del PP modificó radicalmente la legislación laboral. Esta legislación, que databa de 1980, se había cambiado muchas veces, pero nunca de una forma tan agresiva como lo hizo el gobierno de Rajoy, que modificó muchísimas cosas, y muy sustancialmente, y además sin contar con los sindicatos como iba siendo habitual. Aquí no nos vamos a referir a todos los cambios porque, si no, el vídeo se haría larguísimo, así que nos vamos a centrar en los más importantes, clasificándolos en 4 aspectos diferentes: convenios colectivos, despidos, organización laboral y protección del desempleo.

En cuanto a convenios colectivos, se realizaron tres cambios fundamentales. En primer lugar, se acabó con la prioridad de los convenios sectoriales frente a los de empresa. Los convenios colectivos son acuerdos entre los empleadores y los trabajadores para mejorar las condiciones de estos últimos. Estos convenios se pueden acordar para una empresa en particular, para una región, o para todo un sector. Evidentemente cuantos más trabajadores haya implicados, más fuertes serán los sindicatos y mejores condiciones podrán conseguir. Por eso lo convenios sectoriales suelen ser mejores que los regionales, y estos que los de empresa. Y la legislación laboral ha priorizado tradicionalmente los convenios sectoriales frente al resto, de forma que, aunque en una empresa o región no se haya conseguido un convenio o no sea tan bueno, pueda regir el convenio sectorial. Pero esto se acabó con la reforma del PP de 2012, que permitió que una empresa pudiera utilizar su propio convenio aunque en su sector hubiese uno que protegiera mejor los derechos de los trabajadores. El objetivo, evidentemente, era el de reducir los derechos de muchos trabajadores y mejorar el poder de los empresarios. Por cierto, la reforma laboral del PSOE de 2011 permitió que las empresas ignoraran los convenios provinciales, aunque no los sectoriales si estos existían, por lo que también se perjudicó a los trabajadores, aunque no tanto como con la reforma del PP.

En segundo lugar, la reforma laboral del PP limitó la prórroga automática de los convenios a un solo año. Es decir, una vez que un convenio finalizasesu periodo de aplicación, éste sólo duraría un año más, y si los trabajadores y empresarios no se ponían de acuerdo para firmar otro, entonces el convenio se extinguiría y se perderían todos los derechos que albergaba. Antes de esta reforma, el convenio seguía rigiendo de forma indefinida hasta que se alcanzara un nuevo acuerdo. Evidentemente, el objetivo de esta modificación era el de acabar con muchos convenios, ya que, si la empresa no quiere convenios, le basta con dejar pasar el tiempo para que se extingan.

En tercer lugar, la reforma laboral del PP de 2012 dio la posibilidad a los empresarios de que pudiesen saltarse algunos aspectos del convenio existente -ya fuese del sector o de empresa-, como por ejemplo las cuantías salariales o las jornadas, siempre que se cumpliesen algunos requisitos (como demostrar que existen causas económicas u organizativas). Esto ya era el colmo de los colmos, porque no bastaba con reducir el alcance de los convenios sectoriales, ni con condenar a la caducidad los convenios, sino que permitía a los empresarios dejar de aplicarlos en algunos aspectos, y no poco importantes.

En cuanto a cuestiones de despido, se realizaron cuatro cambios fundamentales. En primer lugar, se abarató el despido improcedente, ése para el cual el empresario no tiene que justificar el motivo por el que echa a un trabajador.

En segundo lugar, se les permitió a los empresarios realizar despidos procedentes (que son los más baratos) con mucha más facilidad, pudiendo alegar muchas más causas, como por ejemplo causas organizativas de la empresa, que es algo muy difícil de comprobar por las autoridades. Por cierto, esto también lo hizo el gobierno del PSOE en el año 2010, permitiendo dichos despidos si la empresa simplemente preveía que iba a tener pérdidas en el futuro. Es decir, que ni siquiera hacía falta que la empresa estuviese perdiendo dinero, bastaba con que creyese que perdería dinero en el futuro.

En tercer lugar, se facilitó el despido procedente por bajas por enfermedad, aunque ésta estuviese justificada. Es decir, se permitió al empresario poder despedir a sus trabajadores simplemente por estar enfermos a un menor coste que si no lo estuvieran, y eso sin que la empresa se viese afectada por dicha baja. Antes de la reforma laboral el empresario sólo podía hacer esto si el absentismo afectaba al 2,5% de la plantilla, y antes de la reforma del PSOE de 2010, al 5%. Este elemento de la reforma laboral es uno de los dos únicos elementos importantes que ya fueron derogados, en este caso en febrero de 2020 por la ministra Yolanda Díaz, algo que no sometió a debate con los agentes sociales porque lo consideró como una cuestión de derechos humanos, y no laborales.

En cuarto lugar, se facilitaron los despidos colectivos, ya que dejó de ser necesario que fuesen aprobados previamente por las autoridades públicas, pasando a bastar con una autorización judicial y, además, a posteriori.

En cuanto a organización laboral, se aprobaron dos cambios importantes. En primer lugar, se les dio muchas facilidades a los empresarios para cambiar jornadas, turnos, funciones y hasta para rebajar salarios, porque ya sólo necesitaban invocar motivos económicos, como pérdida de competitividad o productividad.

En segundo lugar, se creó un nuevo tipo de contrato denominado “indefinido de apoyo a los emprendedores”, que en realidad no es en absoluto indefinido porque cuenta con un año de prueba en el que el trabajador puede ser despedido de forma libre y gratuita, por lo que este tipo de contrato es incluso más precario que el temporal. Ahora bien, este contrato no se podía firmar si la tasa de paro bajaba del 15%, algo que ocurrió en el año 2018, y en la actualidad no está vigente. Por cierto, el gobierno del PSOE aprobó en 2011 un tipo de contrato parecido denominado “prácticas en empresas” que tenía un salario de 426 euros y sin derecho a paro ni a vacaciones.

En cuanto a la protección de los desempleados, se realizaron 2 cambios importantes. En primer lugar, el gobierno del PP redujo la cuantía de la prestación por desempleo a partir de los 6 meses de estar cobrándola.

En segundo y último lugar, se dificultó hasta el extremo la obtención del subsidio para desempleados mayores de 52 años, con el objetivo de reducir gasto público pero a costa de desproteger a dichos parados, aunque dicha medida fue revertida por el gobierno del PSOE en solitario en el año 2019, siendo el otro de los dos únicos elementos importantes de la reforma laboral derogados hasta el momento.

En fin, no hace falta ser laboralista ni economista para darse cuenta de que todos estos cambios se realizaron para otorgar más poder y flexibilidad a los empresarios a costa de reducir los derechos y protección de los trabajadores. De hecho, esto es lo que tantísimos expertos laboralistas pusieron de manifiesto justo después de la aprobación de la reforma (Meardi 2012; Baylos 2013; Morata-García y Díaz 2013; Suárez 2014; Pérez 2015). Y, con el paso del tiempo, se ha podido comprobar a través de diversos estudios económicos que dicha reforma laboral logró su objetivo: empujó a la baja los salarios y precarizó las condiciones de trabajo. Y en esto hay consenso, porque incluso lo reconocen los economistas ortodoxos vinculados a la derecha ideológica. Por ejemplo, este estudio del Banco de España realizado ya en el año 2013 concluyó que la reforma laboral conllevó una “clara reducción en el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos desde el año 2012” y que “por primera vez se vieron descensos en los salarios reales desde el inicio de la crisis” (Banco de España 2013). Estos dos estudios, uno realizado por el propio Ministerio de Trabajo en el año 2013 y otro por el gabinete de estudios del BBVA, revelaron que la reforma laboral había conllevado una moderación salarial desde el año 2012 (Ministerio de Empleo y Seguridad Social 2013; BBVA 2013). Este otro estudio de la OCDE del año 2013 demostró que “la reforma laboral indujo una caída en los costes laborales unitarios de entre el 1,2% y el 1,9%” (OCDE 2013). Y este estudio del Fondo Monetario Internacional mucho más reciente, del año 2020, concluye que “la reforma laboral conllevó un empeoramiento del promedio de horas trabajadas, de la pobreza en el trabajo, y posiblemente también del empleo parcial involuntario” (FMI 2020).

Y ya si nos alejamos de la ortodoxia económica las conclusiones son mucho más duras. Por ejemplo, este estudio demostró que “la reforma laboral disminuyó el número de convenios y de trabajadores cubiertos, así como el salario bruto percibido por los trabajadores desde 2012” (Pérez 2015). Este otro que “disminuyó el grado de protección de los contratos indefinidos contra los despidos, tanto individuales como colectivos, al tiempo que se siguió facilitando la contratación temporal” (Gómez 2015). Éste reveló que la reforma laboral “llevó el poder adquisitivo de los trabajadores a un nivel similar al de principios de la década de los años 90” (Dueñas y Gómez 2015). Éste que la reforma laboral empujó a la baja los salarios (Furió y Alonso 2015). Éste que “contribuyó a aumentar  la  temporalidad  en  el  empleo  y   su  precarización” (Beneyto y Jódar 2017). Y, por último, la oficina de estadísticas europeas revela que el número de trabajadores en riesgo de pobreza en España ha pasado del 10,9% en 2012 al 12,7% en 2019, lo que supone un incremento del 16%, 4 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea (Eurostat).

En fin, no quiero aburrir a nadie: los ejemplos son incontables. No hay ninguna duda de que esta reforma laboral ha sido la más perjudicial para los trabajadores de toda la historia de la democracia española. Y da igual lo que puedan decir sus defensores, porque es algo absolutamente irrefutable.

De hecho, aunque los políticos salgan en su defensa, los economistas ortodoxos son más sinceros y reconocen que la reforma laboral disminuyó los salarios y que precarizó el empleo, pero que esas eran condiciones necesarias para que la economía funcionase mejor. Y, en realidad, es ahí donde está el debate, en si la reforma laboral ha servido para incrementar el número de empleados y de si ha sido funcional a la actividad económica, no de si los efectos en la calidad del empleo han sido buenos o malos, porque eso no tiene discusión: la reforma laboral empujó a la baja los salarios y precarizó el empleo. Y sobre ese debate de si la reforma laboral fue necesaria para mejorar la economía no hablaré aquí, sino en un próximo vídeo, así que si te interesa el tema te sugiero que no te lo pierdas.

Referencias:

Bentolila y Jansen (2012) https://www.adirelab.es/wp-content/uploads/2016/04/FEDEA-Reforma-laboral-2012-Bentolilla-Jansen.pdf

Martínez (2016) https://idus.us.es/handle/11441/87082

Baylos (2013) http://celds.uclm.es/celds/resources/source/02.%20Antonio%20Baylos_rds61.pdf

Morata-García y Díaz (2013) https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/2519

Beneyto y Jódar (2017) https://raco.cat/index.php/anuarioiet/article/view/331313

García y Jansesn (2013) https://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2015/04/FPP2015-04.pdf

BE 2013 https://ideas.repec.org/a/bde/joures/y2013i09n05.html

FUNCAS https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_CIE/226art06.pdf

Furió y Alonso  2015 https://journals.openedition.org/ccec/5721

Funcas 2013 https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_CIE/232art06.pdf

Pérez 2015 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5124136

Dueñas y Gómez (2015) http://aeet-rel.es/index.php/rel/article/view/75

Horwitz y Myant 2015 https://etui.org/sites/default/files/15%20WP%202015%2003%20Spain%20labour%20market%20EN%20Web%20version.pdf

FMI 2020 https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/02/13/Distributional-Implications-of-Labor-Market-Reforms-Learning-from-Spain-s-Experience-48962

BBVA (2013) https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-espana-segundo-trimestre-2013/

Banco de España, 2013 https://core.ac.uk/download/pdf/322615322.pdf

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2013)

https://studylib.es/doc/7125133/informe-de-evaluaci%C3%B3n-del-impacto-de-la-reforma-laboral

OCDE (2014) https://www.oecd.org/els/emp/SpainLabourMarketReform-Report.pdf

(Suárez 2014)

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/201395251400500105

Alonso (2021) https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/20373

 

 

 

Meardi (2012) https://warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/research/irru/publications/recentconf/gm_-_ilpc2012.pdf

 

 

Gómez 2015 https://ebuah.uah.es/xmlui/handle/10017/31600

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