Presupuestos 2018: que los pocos árboles sanos no impidan ver el bosque quemado

Artículo publicado originalmente en ElSalto el 6 de abril de 2018

El Gobierno ha presentado su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y lo ha hecho anunciando todo tipo de medidas y enseñando todo tipo de datos. Entre tanta información y tantas cifras mareantes es muy fácil despistarse y perder de vista la panorámica general. A eso juega claramente el Gobierno, que astutamente ha colado algunas medidas positivas de notable visibilidad para que se centre en ellas la atención y no se hable de lo negativo que es el documento en su conjunto. Esas medidas son los pocos árboles sanos que podemos encontrar en unos presupuestos que mantienen intacto el bosque que incendiaron con el fuego de la austeridad hace ya ocho años.

El dato clave es el gasto público total en comparación con la riqueza del país. No el incremento del gasto en euros con respecto al año anterior, ni el peso del gasto social, ni otras milongas que están utilizando el gobierno y sus voceros; lo importante es mirar qué parte de la tarta española se destinaría al gasto público. Porque de nada nos sirve que aumente algo el gasto público si la economía está creciendo más, porque eso significaría que nos están dando un pedazo de la tarta cada vez más pequeño. Y esto es precisamente lo que quieren que ocurra: se estima que la economía (la tarta) crezca al 2,7%, mientras que el gasto público (el pedazo de la tarta) sólo aumentaría un 1,2%. El resultado: menos recursos para el estado social en comparación con la riqueza del país. De cumplirse estos presupuestos, el gasto público se situaría en el 40,5% del PIB, un nivel no sólo más bajo que el año anterior, ¡sino el más bajo de los últimos diez años anteriores! España siempre ha gastado unos 5 puntos porcentuales del PIB menos que la media europea y unos 10 puntos menos que otros países vecinos, y en vez de mejorar ese ratio lo que propone el gobierno del Partido Popular –y lo que aprueba Ciudadanos– es reducirlo aún más.

Basta mirar las partidas presupuestarias más importantes y comparar su cuantía con las de años anteriores para constatar que estos presupuestos consolidan los recortes iniciados en 2010: si se aprueba la propuesta del gobierno este año 2018 tendríamos un 13% menos para políticas de educación que hace 8 años, un 8% menos para sanidad, un 27% menos para investigación, desarrollo e innovación, un 70% menos para políticas de acceso a la vivienda, un 35% menos para cultura, un 58% menos para inversiones en infraestructuras, etc. Y todo esto mientras en la economía española se mueve bastante más dinero que en el año 2010 ya que el PIB es superior al nivel de entonces. En aquella época nos dijeron que los recortes eran sacrificios temporales que había que hacer para salir de la crisis. Ahora nos dicen que hemos salido de la crisis pero los sacrificios siguen ahí.

Y ojo que esto es sólo lo concerniente al gasto presupuestado, no al gasto realmente ejecutado. Los presupuestos revelan el máximo a gastar, no el gasto final. No llegar a ese máximo es otra forma de recortar. Por ejemplo, el año pasado el Gobierno no gastó 7 de cada 10 euros presupuestados en investigación y desarrollo, ni gastó 4 de cada 10 euros de las inversiones presupuestadas en sanidad; ni gastó 5 de cada 10 euros presupuestados en industria y competitividad. Estos son los datos que de verdad importan, y siempre son más bajos que los datos facilitados en los presupuestos, que ya son de por sí bajos. De hecho, si realizamos la comparación anterior pero con datos de gasto realmente realizado en vez de gasto presupuestado las diferencias son también claras: en 2017 se utilizó un 67% menos de dinero para políticas de cooperación exterior que hace ocho años, un 65% menos para políticas de educación y cultura, un 53% menos para inversiones en infraestructuras, etc. Y en cuanto al gasto total (sin contar el destinado a la deuda), en 2017 se utilizó un 22,1% menos de dinero que hace ocho años. Que hoy día el Estado del Bienestar es muy inferior a 2009, año anterior al inicio de los recortes, es una evidencia abrumadora que no debe quedar disimulada con ninguna artimaña del gobierno.

Está claro que el deseo del gobierno del Partido Popular y de su muleta Ciudadanos continúa siendo el de reducir el gasto y el tamaño del sector público, dando así más posibilidades al sector privado para hacer negocio. Las pocas medidas que se incorporan en este proyecto de presupuestos que aumentan el gasto público (incremento de pensiones bajas y de sueldo de funcionarios) se proponen como respuesta a las exigencias de la movilización social, y por lo tanto responden más a una necesidad política que a un deseo. El resto de medidas presentadas van todas por el lado de reducir los impuestos, no por el de incrementar el gasto o la inversión de carácter público. Esta constatación es importante porque responde a las creencias liberales económicas de que es mejor reducir impuestos que aumentar el gasto. Pero son creencias absolutamente equivocadas.

En primer lugar, sólo puedes reducir impuestos a quien los paga, de forma que personas que no lo hacen porque apenas tienen ingresos no se pueden ver favorecidos por estas medidas de ninguna forma. Por ejemplo, el aumento del mínimo exento en el IRPF o de los “cheques guarderías” no beneficia a ninguna de las casi 3 millones de personas que están desempleadas, que ni que decir tiene que son de las más necesitadas. Antes que bonificaciones fiscales, a los primeros les vendría mucho mejor que el Estado aumentara sus políticas para crear empleo y a los segundos que fortaleciese los servicios públicos para niños y niñas de 0 a 3 años. La mejor vía para mejorar el bienestar de la mayoría social y para reducir la desigualdad es incrementar el gasto público y no reducir impuestos.

En segundo lugar, el impacto en la actividad económica de una reducción de impuestos es inferior al de un incremento del gasto. Esto tiene una explicación fundamentalmente de carácter sociológico y psicológico: no es fácil percibir que se tiene más capacidad económica por pagar menos impuestos una vez al año (con la liquidación del IRPF), mientras que es mucho más fácil percibirlo si se recibe un ingreso pagado por el Estado o si se paga menos o nada en una escuela infantil. La percepción de tener más capacidad económica es importante para que el agente económico en concreto incremente su consumo o su inversión. De ahí que siempre sea mejor para la economía incrementar el gasto que reducir los impuestos.

Concluyo. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 consolida los importantes recortes de gasto e inversión iniciados en el año 2010 por el gobierno del PSOE, puesto que anclaría el gasto público en torno al 40,5% del PIB, un nivel muy inferior al registrado durante los diez años anteriores. Las pocas medidas positivas son pequeños guiños políticos motivados por la proximidad de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, y en cualquier caso son claramente insuficientes además de estar mal enfocados porque priorizan la reducción de impuestos al incremento de gasto e inversión, que es lo que verdaderamente necesitamos para reducir la desigualdad y mejorar el bienestar de la mayoría social. Los presupuestos recogen un recorte del gasto público, bien disimulado con buenas palabras y bonitos gestos, pero un recorte al fin y al cabo. El bosque no sólo continuará incendiado por el fuego de la austeridad, sino que lo estará incluso más que antes.

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