Que no nos den gato por liebre

Artículo escrito conjuntamente con Carlos Sánchez Mato y publicado originalmente en eldiario.es el 12 de abril de 2018

Este 12 de abril en el Congreso de los Diputados se debatirá y someterá a votación un Real Decreto propuesto por el gobierno de Rajoy que amplía el margen de maniobra que tienen las corporaciones locales a la hora de utilizar su superávit. El ejecutivo quiere presentar este Real Decreto como una actuación de generosidad con respecto a los ayuntamientos pero la realidad es que no es otra cosa que la consecuencia de su derrota política: la enorme presión ejercida por los ayuntamientos -entre los que destaca el de Madrid- y también por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos- En Comú-En Marea, ha obligado al gobierno a dar un pequeño paso atrás en su perversa estrategia austericida consistente en asfixiar a las administraciones públicas todo lo posible. Ahora intentan disfrazar de generosidad lo que es en toda regla un revés político. Prueba de ello es que esta medida llega tarde y mal.

Llega tarde porque estamos ya a mitad de abril y las corporaciones locales han perdido más de tres preciados meses para poder iniciar los trámites necesarios para la aprobación de inversiones financieramente sostenibles. Es importante entender que esta figura económica requiere de unos procedimientos administrativos mucho más lentos y pesados que cualquier otro tipo de gasto o inversión pública, puesto que la administración pública que quiere hacer uso de ella debe primero estudiar la viabilidad económica de las inversiones desde unos criterios especiales y también debe lograr su aprobación en pleno. Unos trámites que no han podido llevarse a cabo durante todo este tiempo perdido y que comenzarán una vez se ha consumido casi la tercera parte del año. Demasiado tarde para lograr un uso óptimo de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Y la responsabilidad de provocar esta situación recae única y exclusivamente en el gobierno, pues no había ninguna necesidad de esperar tanto para habilitar el destino del superávit a través de las inversiones financieramente sostenibles. Podría haberlo hecho muchísimo antes, a través de cualquier decreto como va a ocurrir ahora, y concretamente desde el día en que sabía que los presupuestos se iban a prorrogar por la incapacidad política de este ejecutivo de lograr apoyos para aprobar unos nuevos. Pero decidió esperar, impidiendo así que los ayuntamientos tuvieran algo más de aire y de libertad para utilizar sus propios recursos. Esa estrategia política solo ha causado perjuicios a la ciudadanía. Ahora que la presión aumenta, han tenido que recular, pero se ha perdido un tiempo precioso en la implementación de políticas públicas.

Y llega mal porque es claramente insuficiente. El gobierno intenta vender que con esta medida se solucionan los problemas de las corporaciones locales. ¡Ni mucho menos! Con este Real Decreto lo único que se conseguirá es que las administraciones puedan realizar inversiones financieramente sostenibles, que es algo que han podido hacer todos los años desde 2014 a partir del mes de enero (con la excepción del año pasado, en el que también hubo retraso en la aprobación de presupuestos). Es decir, que volvemos simplemente a la situación que teníamos en años anteriores, que ya eran desastrosas para la autonomía de las corporaciones locales y para el bienestar de la gente. Es cierto que en este decreto el universo de inversiones se amplía, lo cual es una buena noticia, pero es que el verdadero problema es otro: es el de la Regla de Gasto, que a pesar de que es lo que impide que los ayuntamientos puedan utilizar sus recursos en beneficio de la ciudadanía, no se toca absolutamente en nada en este decreto.

Desde el grupo confederal sí hemos propuesto modificar la Regla de Gasto en una Proposición de Ley que se admitió a trámite y que la mesa del Congreso no para de paralizar ampliando eternamente el plazo de enmiendas. Ya vamos por diez ampliaciones, ¡diez ampliaciones para apenas nueve páginas! En un claro ejemplo de filibusterismo parlamentario, el Partido Popular y Ciudadanos le toman el pelo a la gente. No quieren que se debata o se someta a votación una ley que permitiría acabar con el problema de asfixia al que están sometidas las corporaciones locales porque perderían la votación. No parece que sea propio de una democracia parlamentaria evitar que algo se vote cuando sabes que vas a perder y no pueden calificarse de demócratas quienes así actúan.

Intentar disimular su posición con este Real Decreto, que es simplemente un pequeño e insuficiente guiño al que se han visto obligados debido a la presión social y política, va a ser inútil. No nos van a dar gato por liebre.

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