Situación del sector del juego en España

La industria del juego en España se puede dividir en tres sectores claramente diferenciados: el juego presencial público (los llamados juegos del Estado), el juego presencial privado, y el juego on-line (que es privado).

El juego presencial público español es el único de todo Europa que se ha considerado de titularidad y finalidad públicas y que ha existido de forma ininterrumpida desde el año 1763, de forma que se puede considerar una peculiaridad (muy exitosa, por cierto) de nuestro país. En la actualidad España conforma la quinta potencia de Europa en este sector (en el año 2006 era la cuarta), albergando más de 20.000 empleos directos y suponiendo una fuente inagotable de recursos para el Tesoro Público (de más de 3.000 millones de euros al año). Sin ir más lejos, en el año 2011 Cristóbal Montoro (desde la oposición) describió a los llamados Juegos del Estado como “la gallina de los huevos del oro del Estado”. Todo el dinero obtenido por beneficios acaba en las arcas del Estado, de forma que se puede considerar que el precio de los Juegos del Estado es un impuesto voluntario (si el jugador gana, se lleva dinero a su casa; si pierde, se lo queda el Estado para su gasto público). Precisamente por ello, y con buena lógica, estas rentas nunca han sido gravadas por ningún impuesto, porque el mismo servicio supone en sí mismo una forma de recaudar dinero.

Nunca han sido gravadas por ningún impuesto… hasta que en el año 2012 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, esta vez en el gobierno, implantó un gravamen del 20% para los premios superiores a los 2.500 euros. Aunque el motivo alegado fue el de aumentar la recaudación, este movimiento no hizo otra cosa que entorpecer el mecanismo de recaudación tributaria que supone el juego público, al ahuyentar a los jugadores del juego público y al empujarlos al juego privado presencial u online. El gobierno preveía recaudar unos 800 millones de euros cada año, pero han tenido que pasar casi tres años para recaudar esa cantidad.

Determinadas estimaciones de los sindicatos y patronal del sector señalan que de no haberse aprobado el gravamen el Estado habría recaudado entre 300 y 1.200 millones de euros más, porque habría mantenido la cantidad de dinero jugado. Los gravámenes a los juegos públicos sólo tienen lugar en 6 de los 28 países de la Unión Europea. Las grandes potencias en este sector (Reino Unido, Francia y Alemania) no gravan los premios obtenidos en el juego público. Este gravamen es también responsable de que en el año 2014 los Juegos del Estado continúen presentando pérdidas mientras que el juego privado presencial y el juego online crecen a ritmos destacados.

Hay fundadas sospechas de que este deterioro intencionado del servicio de los juegos del Estado está relacionado con la disposición del actual gobierno de privatizarlos (tal y como intentó el gobierno de Zapatero en el año 2011 con escaso éxito por falta de compradores). Reducir la calidad de los Juegos del Estado es la mejor forma de poder venderlos a un precio más atractivo.

Al mismo tiempo que se le ponían palos en las ruedas al juego público, se legislaba a favor del empleo online, al permitir que sus jugadores pudieran desgravarse las pérdidas (es decir, al permitir que la cantidad perdida en el juego fuese perdonada en el pago de impuestos a Hacienda), algo que no se le permite a los jugadores presenciales. Este movimiento fue acompañado con privilegios publicitarios, lo que ha ayudado a conseguir que el juego online haya pasado desde cotas de participación muy reducidas a conquistar un destacado 27% del mercado.

También hay sospechas de que tanto el gobierno actual como el anterior tienen un pacto con el lobby empresarial del juego online, puesto que ambos gobiernos han legislado claramente en su favor.

La evolución ha sido nítida: mientras que en el año 2008 el juego presencial (privado y público) suponía 170.000 empleos y 32.000 millones de euros antes de premios, en el año 2014 suponía sólo 140.000 empleos y 22.000 millones de euros. En cambio, en el año 2008 el juego online (alegal entonces) sólo suponía unos 900 millones de euros y en el año 2014 registraba 6.550 millones de euros y unos 1.000 empleos. El juego online, por tanto, ha ido ganando terreno a costa del juego presencial.

Las consecuencias más importantes de esta deriva son las siguientes:

1) Se destruye empleo neto en el sector, puesto que el empleo presencial es 10 veces superior al empleo online (el mantenimiento de un local físico requiere de servicios de limpieza, de mantenimiento, de abastecimiento de provisiones energéticas y materiales, de asesoría fiscal y financiera, de almacenamiento, empleados directos, etc). Además, el fomento por parte del gobierno de la automatización del sector pone en riesgo puestos de trabajo tradicionales, amén de empeorar el servicio prestado.

2) Disminuye la recaudación, puesto que en el juego público se recauda el 30% sobre todas las ventas, mientras que en el juego privado presencial el porcentaje es del 10% y en el online es sólo del 1%. Para entender el nivel tan bajo del juego online es importante tener en cuenta dos cosas: a) que sus operadores suelen ser empresas multinacionales que poseen sedes en paraísos fiscales (donde la tributación es más reducida), y b) que se les permite a los operadores online en España que la tasa de retorno (la proporción de dinero que se queda el jugador premiado) sea del 96,5%, cuando en otros países el retorno es del 80%.

3) Disminuye la prestación del servicio, no sólo porque en el juego online no se requiere tanto profesional especializado ni una cuidada atención al cliente, sino porque en él predominan los juegos de “respuesta inmediata” (como las apuestas a tiempo real), que conllevan mayor riesgo de generar ludopatía. En el juego público predominan los de respuesta diferida (como las loterías).

En consecuencia, las propuestas planteadas por los sindicatos y patronal del sector del juego público son:

1)    Eliminación del gravamen del 20% sobre los premios de los juegos públicos.

2)    Supresión de la desgravación de las pérdidas en el juego en el caso de jugadores online.

3)    Reajuste del porcentaje de retorno en los premios de los operadores online a la media de los Estados de nuestro entorno, entre en 80% y el 85% de las cantidades jugadas.

4)    Reajuste de la normativa sobre publicidad del juego para no privilegiar al juego online.

 

 

 

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