Sobre la nueva tasa a los cajeros automáticos anunciada por el Ayuntamiento de Madrid

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 13 de octubre la creación de una nueva tasa para los cajeros automáticos a línea de fachada que pagarán las entidades bancarias. Esta nueva tasa se justifica de la siguiente forma: para la utilización de este tipo de cajeros automáticos es necesario ocupar parte de la vía pública (estimado en unos dos metros cuadrados contando el área de privacidad y seguridad que se perfila alrededor del usuario), impidiendo el tránsito normal en esa zona e impidiendo también que se pueda colocar en ese espacio mobiliario público (una papelera, un banco, una farola, etc). Precisamente por ello la tasa a pagar es más elevada en las calles más transitadas. Esta justificación es exactamente la misma que responde a las tasas que pagan el resto de negocios o actividades de carácter privado que ocupan parte de la vía pública (como terrazas de bar, paso de vehículos para garaje, etc). Con la creación de la nueva tasa a los cajeros automáticos lo único que se hace es dar el mismo trato a todos los tipos de actividades y negocios, sin ningún tipo de distinción; no se trata de recaudar más ni de una medida ideológica contra los bancos, se trata de equiparar derechos y obligaciones.

Esta medida ni es original ni ha sido improvisada. Ya en 2003 el Ayuntamiento de Palma de Mallorca (gobernado entonces por el Partido Popular) creó una tasa a los cajeros automáticos. Por ello fue denunciada por la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), aunque el Tribunal Supremo sentenció a favor del Ayuntamiento al entender que las entidades bancarias deben pagar tasas al igual que lo hacen los restaurantes con sus terrazas por ocupar espacios públicos. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lleva también mucho tiempo recomendando la implantación de esta tasa. De hecho, Madrid llega tarde: en la actualidad hay decenas de ayuntamientos que aplican esta medida, muchos de ellos gobernados por el Partido Popular, nada sospechoso de legislar contra los bancos. Entre todas estas ciudades destacan Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Murcia, Ciudad Real, Jaén, y Teruel.

Además, la tasa venía incluida en el programa electoral de Ahora Madrid en el punto 2.2.1.b): Reestructurar las tasas que regulan el uso privado del espacio público (terrazas, pasos de vehículos, cajeros, espacio radioeléctrico, etc.) con baremos progresivos en función del tipo de intensidad de uso.

A tenor de la creación de esta tasa en Madrid ha surgido un debate en torno a si las entidades bancarias acabarán repercutiendo el coste de la tasa en el precio de sus servicios, particularmente en las comisiones bancarias. Frente a esta sospecha merece la pena hacer tres importantes apuntes.

El primero es que las entidades bancarias no pueden distinguir comisiones por ciudades, sino que las mismas deben ser iguales independientemente de la localidad en la que se encuentren sus sucursales o sus cajeros automáticos. Si los bancos aumentasen sus comisiones por el establecimiento de esta tasa ya lo habrían hecho en incontables ocasiones debido a las actuaciones del resto de municipios que las implantaron en su día. Es absurdo pensar que una pequeña tasa local pueda afectar a todos los clientes de todos los bancos del país.

El segundo es que el coste económico para los bancos debido a esta tasa es muy reducido. La cuota que se debe pagar por cada cajero varía entre 26,21 y 742,22 euros al año. El Ayuntamiento de Madrid prevé ingresar solamente 745.405 euros al año, lo que no representa ni el 0,02% de todo lo que recauda. Según los datos de la Asociación Española de Banca las entidades bancarias españolas ganaron 3.918 millones de euros en el primer semestre de 2016, lo que supone una cantidad 5.298 veces superior al coste anual que le supondrá la tasa aprobada por el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, las entidades bancarias españolas tienen margen de sobra para soportar el pago de esta nueva tasa.

Es más, incluso poniéndonos en el peor de los casos y suponiendo que los bancos aumentaran sus comisiones para poder afrontar el pago de esta tasa, lo harían en unos 75 céntimos de euro al año por persona suponiendo que usan los cajeros únicamente un millón de personas en Madrid (lo cual es un cálculo muy conservador porque la población supera los 3 millones y habría que contar a los turistas). Y todo ello sin tener en cuenta que el aumento de las comisiones se repartiría entre todos los usuarios de cajeros automáticos que hay en el territorio español, no sólo en la capital del país. Es decir, el impacto económico de esta nueva tasa es minúsculo.

El tercer apunte es que, en cualquier caso, el control y supervisión de las entidades bancarias para que no cometan abusos (elevando, por ejemplo, las comisiones) corresponde al Banco de España y al gobierno del Estado español, no a los ayuntamientos. Cualquier abuso cometido en este sentido sería responsabilidad de los primeros, no de los segundos que no tienen ninguna competencia de control y supervisión. Los ayuntamientos están en su derecho de imponer los tributos que le permite la ley y no deberían dejar de hacerlo por las posibles repercusiones económicas que podrían tener las mismas ya que controlarlas y regularlas es competencia de otros organismos. De hecho, los datos revelan que desde la reestructuración del sector bancario español en 2011 las comisiones bancarias no han hecho más que crecer: los seis grandes bancos del país cobraron casi 19.300 millones de euros en comisiones en 2015, un 5,1% más que el año anterior. Y en estas constantes subidas nada tuvo que ver ninguna nueva tasa a los cajeros automáticos. Las entidades bancarias españolas desgraciadamente no necesitan excusas para incrementar las comisiones a sus clientes.

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