Ventajas y desventajas del Ingreso Mínimo Vital

Ya está aquí el Ingreso Mínimo Vital, una medida que llevaba tiempo anunciándose y que ha generado bastante controversia. ¿En qué consiste exactamente? Es una ayuda monetaria a las familias que menos recursos tienen. Concretamente, a las familias cuyo titular tenga entre 23 y 65 años (los de menos de 23 sólo si tienen hijos a su cargo y los mayores de 65 años tienen derecho a pensiones, aunque no sean contributivas), y siempre que tengan residencia legal y efectiva en España durante el último año (si se es víctima de violencia machista o de explotación sexual entonces estos requisitos no son tenidos en cuenta) y que no superen un determinado umbral de renta y patrimonio.

La cuantía depende de la unidad familiar, y va desde los 462 euros al mes para una familia compuesta por una sola persona hasta los 1.015 euros al mes para una familia compuesta por varios adultos y varios niños. El Ingreso Mínimo Vital asegura así un suelo de ingresos, de forma que si un hogar ingresa 200 euros mensuales y le corresponden 600 euros, entonces el Ingreso Mínimo Vital aportará la diferencia para llegar a ese suelo: 400 euros.

Evidentemente, para saber cuánto dinero hay que aportar a cada familia con el objetivo de llegar a ese suelo, hay que conocer cuántos ingresos tienen, por lo que es necesario que los hogares declaren sus ingresos y su patrimonio. Y como los trámites se realizan por año, se miran los ingresos y patrimonio de 2019, aunque se recogen excepciones también por si alguna familia ha visto empeorar su situación en 2020 a causa de la pandemia. De todas formas el Estado iniciará de oficio el ingreso mínimo vital a unas 100.000 familias que ya se sabe que cumplen esos requisitos. El resto tendrá que solicitarlo y demostrar que cumple los baremos. La estimación oficial es que llegará a unas 850.000 familias, unos 2 millones de personas, aunque podrían ser más o podrían ser menos en función de la situación económica de estos hogares.

Las autoridades europeas llevaban desde 2014 exigiendo a España que implantara esta medida, pues éramos el único país de la Eurozona que no tenía una prestación de carácter estatal. Teníamos prestaciones por comunidades autónomas, pero cada una de ellas tenía su propio diseño, sus propios requisitos y sus propias cuantías. Algunas bastante potentes como la de Euskadi, que cubre el 100% de las familias en pobreza severa, y otras no tanto, como la de Castilla-La Mancha, que sólo cubre el 3,6% de los hogares en esta situación. De hecho, las comunidades pueden seguir con estas rentas: el ingreso mínimo vital asegura un suelo y luego las comunidades pueden incrementarlo si quieren.

Hay que celebrar la implantación de esta medida porque España tiene a una de cada cinco personas en riesgo de pobreza, y casi una de cada diez en riesgo de pobreza extrema, y está demostrado que este tipo de prestaciones reduce muchísimo estos indicadores de pobreza.

Pero esta medida no sólo tiene ventajas sociales; también económicas. La más importante es que estas prestaciones van a ser utilizadas en su mayoría para el consumo, aumentando ventas de empresas y autónomos que ofrecen los servicios y productos que necesitan, revitalizando la economía. En economía hay un concepto denominado “propensión marginal a consumir”, que es el porcentaje de renta que es utilizado para el consumo, y está demostrado que es mucho mayor en el caso de las familias con menos ingresos. Es evidente: si das 500 euros a una familia con muy pocos recursos, ésta los gastará todos o casi todos, mientras que si se los das a una familia acomodada, puede que ni siquiera gaste un euro. Dinamiza mucho más la economía otorgar rentas a los de abajo que a los de arriba o a los de en medio.

Hay otra ventaja que la hace muy original porque pocas otras prestaciones de este tipo la tienen, y es que es compatible con el trabajo. Esto es crucial porque lo que ocurre con muchas rentas otorgadas por las administraciones públicas es que se pierden nada más encuentras un trabajo. Si el trabajo es estable no hay problema, pero es que desgraciadamente suelen ser trabajos puntuales y temporales. Si pierdes la prestación porque has encontrado un empleo de sólo 1 mes, puede que no merezca la pena trabajar porque volver a recuperar la prestación es complicado ya que hay que realizar muchas gestiones y eso lleva tiempo. A lo mejor cobras un mes por el trabajo pero el resto de meses te quedas sin nada por haber perdido la prestación.

Esto es lo que explica que muchos beneficiarios de estas prestaciones no acepten ofertas de trabajo temporales porque temen perder la renta mínima durante mucho tiempo, y no les compensa. Eso desincentiva la búsqueda de empleo. En cambio, el ingreso mínimo vital es todo lo contrario porque es compatible con cualquier trabajo y aunque éste no dure y te vayan las cosas mal, la prestación seguirá ahí.

Otra ventaja importantísima es que tener un ingreso mínimo elimina la desesperación que lleva a muchos a aceptar trabajos muy mal pagados e incluso fraudulentos. Así pueden tener más tiempo o incluso formarse para buscar un mejor empleo, y así los empleadores que se aprovechan de la desesperación de la gente dejan de hacerlo y se ven obligados a pagar salarios más elevados si quieren atraer trabajadores.

En cualquier caso el problema no es que haya empleos libres, aunque sean con salarios malos, y la gente no los quiera aceptar: el problema es que hay muy pocos empleos vacantes. De hecho España está a la cola en el ránking de toda la Unión Europea. Por eso no tiene sentido decir que la prestación es para vagos que no quieren trabajar. No es que no quieran, es que no pueden porque no hay ofertas de trabajo. Y las pocas que hay son fraudulentas y/o con muy malas condiciones laborales.

Entre las desventajas se suele señalar que habrá fraude y que personas ingresarán esta ayuda aunque no la necesiten realmente. Es bastante probable que ocurra en algún caso porque fraude se comete desgraciadamente en todos los ámbitos de la vida (incluido en el sector privado, por cierto, que algunos piensan que esto es exclusivo del ámbito público), pero eso se combate con supervisión, control y sanciones a quienes defraudan, no suprimiendo la medida. En cualquier caso, parece razonable aprobar la ayuda aunque algunas personas se beneficien de ella sin necesitarla que no aprobar la ayuda y dejar en la estacada a cientos de miles de familias que sí la necesitan de verdad.

Otros hablan de efecto llamada, es decir, la llegada de inmigrantes que buscarían beneficiarse de esta ayuda, pero esto no se sostiene porque el beneficiario debe llevar residiendo en España al menos un año y también porque hay ayudas mucho más generosas en otros países, e incluso en regiones de nuestro países. Si la emigración se explicara por la búsqueda de ayudas ¿por qué no está todo el mundo en Euskadi si tienen una ayuda más generosa que el ingreso mínimo vital? Pero lo cierto es que Euskadi no ha recibido ninguna inmigración masiva del resto de comunidades autónomas ni de otros países, teniendo uno de los porcentajes de inmigrantes más reducidos de todas las comunidades autónomas. Los flujos migratorios no se explican por estos factores.

Donde sí veo claramente una desventaja es que sólo pueden solicitarla personas mayores de 23 años (a no ser que tengan menores a su cargo), porque deja fuera a muchas personas de menos de 23 años que podrían necesitarla. Otra desventaja es la cuantía de la prestación, pues apenas 462 euros como es el caso de una persona es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, especialmente si se vive en zonas con un nivel de vida más elevado. Por otro lado, quizás los umbrales de patrimonio son algo estrictos, aunque esto depende de cada familia. Por último, salvo los hogares para los que se va a tramitar de oficio y que probablemente la recibirán este mes de junio, muchos hogares tardarán varios meses en recibir la ayuda. Esto es algo que se podría haber mejorado transfiriendo la ayuda por oficio a todo el mundo y luego haciendo cuentas para que quien no la hubiese necesitado la devolviese, de forma que el efecto neto sería el mismo pero al menos la ayuda la habrían recibido ipso facto, como expliqué recientemente en un artículo.

Con respecto al coste total de la medida, no es elevado ni mucho menos (porque tampoco lo son las ayudas): se estima que serán unos 3.000 millones de euros al año. Con cantidades grandes nos perdemos todos, pero algunos ejemplos ayudarán a poner en contexto esa cantidad: el rescate a la banca costó más de 65.000 millones de euros, la corrupción en licitaciones y contratación pública cuesta 48.000 millones de euros cada año según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las ayudas públicas a la Iglesia Católica cuestan 11.000 millones de euros al año, y sólo en la última compra de fragatas militares, drones militares y tanques nos dejamos 10.000 millones. Parece que 3.000 millones al lado de todas estas cantidades suena más que asequible, sobre todo teniendo en cuenta la causa que se persigue en cada caso.

En definitiva, el Ingreso Mínimo Vital no es perfecto pero sin duda supone una medida muy importante y perfectamente asumible, que nos equiparará a los países europeos más avanzados y que además de reducir la pobreza contribuirá a dar un pequeño impulso a la economía, lo que viene especialmente bien en tiempos de crisis.

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